Por Redacción Política
21 Junio 2011
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El juez federal subrogante Nº2, Mario Racedo, dispuso a finales del año pasado el procesamiento sin prisión preventiva de otros 15 alumnos imputados en el expediente "Decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) s/Su denuncia". Accesoriamente, el magistrado ordenó embargar los patrimonios de los procesados hasta cubrir la suma de $ 2.000.
La resolución considera probada la comisión del delito de falsificación de instrumento público (primer párrafo del artículo 292 del Código Penal) respecto de José Fernando Agüero, Analía Patricia Fernández, Antonio José Giménez, Gustavo Guido García, María Laura Herrera, Ramón Alfredo González, María Florencia Jerez, Marcos Ignacio Jiménez Montilla, Marcio Daniel Juárez Muas, Ana Carolina Lizárraga, Juan Pablo Mateo Torino, Eduardo Alejandro Marcial, Pastor Carlos Ortiz, Mauro Luciano Presti y María Florencia Trippi. En el caso de Raúl Matías Figueroa, Racedo hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba.
Con este auto, suman 34 los procesados en la megacausa iniciada el 20 de febrero de 2007, a partir de la denuncia de 97 supuestos de irregularidades en la registración informática de calificaciones presentada a la Justicia Federal por el decano (José Luis Vázquez) y el vicedecano (Miguel E. Marcotullio) de la Facultad de Derecho de la UNT. Con posterioridad, las autoridades de esa unidad académica denunciaron otro centenar de cambios de notas ejecutados con la misma mecánica ilícita descrita en la presentación original.
En el primer auto de procesamiento dictado en el expediente, Racedo procesó a 19 imputados: 18 alumnos y un funcionario no docente de la Facultad. La resolución de octubre de 2009 aún no ha sido confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones, que ahora también tendrá que resolver los recursos de apelación deducidos por los 15 procesados en la segunda resolución. Mientras, el Juzgado Federal Nº2 ha citado a indagatoria a 28 imputados más.
El sumario administrativo instruido en paralelo al expediente judicial -por la misma causa- ha entrado en una etapa decisiva, según fuentes de la UNT. Tras más de cuatro años de investigación, esta actuación recomendaría al Rectorado la expulsión del personal y los estudiantes involucrados en la escandalosa maniobra.
La resolución considera probada la comisión del delito de falsificación de instrumento público (primer párrafo del artículo 292 del Código Penal) respecto de José Fernando Agüero, Analía Patricia Fernández, Antonio José Giménez, Gustavo Guido García, María Laura Herrera, Ramón Alfredo González, María Florencia Jerez, Marcos Ignacio Jiménez Montilla, Marcio Daniel Juárez Muas, Ana Carolina Lizárraga, Juan Pablo Mateo Torino, Eduardo Alejandro Marcial, Pastor Carlos Ortiz, Mauro Luciano Presti y María Florencia Trippi. En el caso de Raúl Matías Figueroa, Racedo hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba.
Con este auto, suman 34 los procesados en la megacausa iniciada el 20 de febrero de 2007, a partir de la denuncia de 97 supuestos de irregularidades en la registración informática de calificaciones presentada a la Justicia Federal por el decano (José Luis Vázquez) y el vicedecano (Miguel E. Marcotullio) de la Facultad de Derecho de la UNT. Con posterioridad, las autoridades de esa unidad académica denunciaron otro centenar de cambios de notas ejecutados con la misma mecánica ilícita descrita en la presentación original.
En el primer auto de procesamiento dictado en el expediente, Racedo procesó a 19 imputados: 18 alumnos y un funcionario no docente de la Facultad. La resolución de octubre de 2009 aún no ha sido confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones, que ahora también tendrá que resolver los recursos de apelación deducidos por los 15 procesados en la segunda resolución. Mientras, el Juzgado Federal Nº2 ha citado a indagatoria a 28 imputados más.
El sumario administrativo instruido en paralelo al expediente judicial -por la misma causa- ha entrado en una etapa decisiva, según fuentes de la UNT. Tras más de cuatro años de investigación, esta actuación recomendaría al Rectorado la expulsión del personal y los estudiantes involucrados en la escandalosa maniobra.
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