Mil formas de justificar las calificaciones apócrifas

El docente a cargo del examen oral y libre de Historia del Pensamiento Político y Jurídico anotó su calificación en un papel en blanco y lo despachó en términos que daban a entender que había aprobado la materia. A los pocos días, se enteró de que un ayudante de cátedra de identidad desconocida tomó asistencia después de que él se había retirado. Cuando fue a notificarse del resultado de la evaluación, encontró un "ausente" en el casillero que correspondía a su nombre y apellido. Enfadado, buscó al profesor que lo había examinado hasta conseguir que este se comprometiese a cambiarle la nota. La misma situación anómala iba a repetirse nueve meses después respecto de una asignatura troncal para la formación de los futuros abogados: Derecho Constitucional.

Teoría Económica y Teoría del Estado parecían materias sencillas de estudiar en simultáneo. Pero, como ocurre a menudo, la realidad desbordó las optimistas previsiones y, llegada la fecha de examen, sólo se presentó a rendir la primera de ellas. Noventa días más tarde, ¡oh sorpresa!, advirtió que estaba aprobado en ambas asignaturas. Calladito (en río revuelto...), prosiguió su carrera universitaria como si nada hubiese pasado. Con el tiempo pagaría carísimo la decisión de no informar "el error".

Es que pocos están preparados para superar las pruebas éticas que plantea la vida. Lo aprendió a la fuerza: en el momento indicado, simplemente no midió la importancia de ciertos actos. Fue débil cuando tuvo que discernir entre el bien y el mal, y aceptó lo que se le daba: nada menos que aprobar con cuatro (4) una materia (Contratos) que jamás rindió. Pensó que, hasta entonces, había sido una buena alumna. La suerte la había elegido, ¿por qué desaprovechar esa oportunidad?

Extraídos de un expediente de la Justicia Federal que ya tiene seis cuerpos, estos relatos pertenecen a tres alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). No son, sin embargo, estudiantes comunes: pertenecen al voluminoso grupo de imputados en la investigación iniciada en 2007 por supuestas irregularidades en la registración administrativa de las notas de exámenes rendidos en esa unidad académica.

La pesquisa -dirigida por el fiscal federal Carlos Brito- permitió acreditar una supuesta maniobra ilícita consistente en la modificación en el sistema informático de aplazos o anotaciones de "ausente" asentados en las actas original y copias (en soporte papel) de los exámenes por una calificación de cuatro (4) -nota mínima exigida para aprobar las materias- ejecutada por personal no docente de la Facultad de Derecho con la coautoría de los alumnos.

Por medio de dos autos distintos -emitidos con un año de diferencia (ver "Prosiguen los...")-, el juez federal subrogante Mario Racedo, titular del Juzgado Federal Nº2, ordenó el procesamiento de 34 de los imputados en esta megacausa. Es decir, resolvió la situación procesal de poco más de una tercera parte de los estudiantes y no docentes incluidos en la denuncia que originalmente presentaron José Luis Vázquez y Miguel Eduardo Marcotullio, respectivos decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

La excusa del PIN público
De las indagatorias de los 16 últimos implicados surgen explicaciones contradictorias, silencio, argumentos recurrentes, algún arrepentimiento -aunque sin confirmar la maniobra detectada por el fiscal ni si esta involucraba sumas de dinero- y, en la mayoría de los casos, el desconocimiento de los hechos y el rechazo de la imputación.

También bronca e indignación, como declaró una alumna de Santiago del Estero, que reconoció que había desaprobado Lógica en varias oportunidades, pero, en lugar de exponer una coartada que la liberase de responsabilidad por el cambio de nota, se manifestó avasallada por la falta de respeto y aseguró que nunca más había vuelto a la Facultad.

Aquel descargo no convenció al juez Racedo que, al analizar la situación procesal de la imputada, encontró probado que esta rindió Lógica el 28/7/2003 obteniendo la nota dos (2), según el acta original y la copia. Dicha calificación entró al sistema informático el 30/7/2003 a las 9.51 y fue modificada por un cuatro (4) el 11/8/2003 a las 17.59 por Luis Francisco Agüero, entonces titular de la Dirección Registro Alumnos (también procesado en la megacausa). De acuerdo con la pericia practicada en el sistema de autogestión, la alumna santiagueña entró tres veces a su perfil de usuario tras la publicación de la primera nota y otras dos tras el cambio de calificación: la primera oportunidad, a las 21.04 del 11/8/2003, tres horas y cinco minutos más tarde que Agüero. Conocía la enmienda y no dijo ni "mu".

Una porción de los indagados intentó desligarse del asunto alegando que no sabían navegar en internet o que no tenían acceso a una computadora y que, por esa razón, se vieron obligados a entregar el PIN (sigla en inglés de número de identificación personal) de ingreso al sistema a compañeros e, incluso, al Centro de Estudiantes de la unidad académica en transgresión a la regla básica de reserva aplicable a este tipo de códigos. Con la clave de acceso, los terceros podían administrar libremente los perfiles de los imputados.

El pretexto procura desbaratar la hipótesis de que los alumnos estaban al tanto de movimientos irregulares que los beneficiaban académicamente y que terminaron colocándolos en la mira de la Justicia. O bien controvertir la autenticidad de las numerosas huellas informáticas que dejaron en el proceso de transformar -por la vía administrativa- un desaprobado o un ausente en un injusto cuatro.