Según el PE, la polémica por el caso Funsal está cerrada

El archivo de la causa judicial abierta en su contra por la presunta contratación irregular de la Fundación Salud (Funsal) alivió al ministro de Salud, Pablo Yedlin. Sin embargo, el funcionario insistió en que la discusión fue utilizada "políticamente" para perjudicarlo. Y el gobernador, José Alperovich, dejó en claro que el Funsal es un caso cerrado para el Gobierno.

"Recibimos bien la noticia, nos pusimos a disposición de la Justicia y no quiero hacer más declaraciones para que no se politice más", respondió de manera escueta el ministro ante una consulta puntual de LA GACETA, ayer al mediodía en Casa de Gobierno.

Tal como publicó ayer este diario, la fiscala María de las Mercedes Carrizo dispuso el archivo de la causa Funsal, abierta en febrero de 2010 a partir de una denuncia formulada por los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Rául Moreno (UCR). Los letrados sustentaron su pedido de investigación en las conclusiones de una Acordada del Tribunal de Cuentas, que anuló un pago de $ 800.000 en favor de una fundación que se creó tiempo después de haber dictado los presuntos cursos odontológicos por los cuales facturó esa suma al Siprosa. Además, LA GACETA dio cuenta de que cuatro de los cinco creadores de la fundación eran a la vez empleados del Sistema Provincial de Salud.

Los argumentos
En los fundamentos de la disposición, la fiscala consideró que el ministro Yedlin y los funcionarios del Siprosa Alberto Sabaj y Daniel Alvarez Garmendia ya fueron sancionados administrativamente por el Tribunal de Cuentas en mayo de 2010 y que no pueden ser investigados dos veces por el mismo hecho. "El principio non bis in idem o ne bis in idem en su vertiente material impide que por un mismo contenido de injusto puedan imponerse dos penas criminales (...) nadie puede ser perseguido o castigado penalmente por los tribunales del mismo Estado en razón de una infracción por la que hubiese sido absuelto o condenado por sentencia firme conforme a la ley y al procedimiento penal de ese estado", justificó la fiscala.

La resolución judicial, además, remarca que a lo largo de varios meses de trabajo la fiscala no halló elementos probatorios suficientes para continuar con la investigación penal. Más aún, Carrizo concluyó que no se produjo daño al erario público porque el pago fue debidamente anulado por el TC. "No se advierte intención alguna en sus conductas de causar un perjuicio concreto en contra de bienes del estado, siendo sancionados los responsables por la vía administrativa", aseveró la fiscala.

Ayer, tras regresar de Buenos Aires, Alperovich celebró la decisión judicial de archivar el expediente y ratificó su confianza en el ministro Yedlin. "Sobre Funsal diré lo que ya había dicho: que creo plenamente en el ministro y que no había absolutamente nada y la Justicia declaró eso", sentenció el gobernador.