Por Marcelo Aguaysol
25 Abril 2011
Aún sigue fresca en la memoria de los empresarios aquella anécdota en la que el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se puso los guantes de box durante una asamblea de accionistas, con la sola intención de poner al desnudo las verdaderas intenciones del Gobierno: imponer sus decisiones. Por eso, desde que la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia 441, los máximos exponentes del sector privado argentino se opusieron a que el Estado tenga mayor participación en los directorios de las compañías.
"Hay países en los cuales los organismos estatales participan como accionistas, pero no se ven estos escándalos. Los límites tienen que estar a la altura del grado de responsabilidad y madurez que tienen los funcionarios públicos", reflexiona el economista Aldo Abram. El problema de fondo son los dividendos que puede lograr el Gobierno, por las tenencias accionarias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en 42 empresas. La motivación del avance del Gobierno es fiscal. Se trata de una necesidad de dinero en un momento especial para la gestión, que busca consolidarse electoralmente el 28 de octubre próximo.
La Presidenta ratificó que la intención de nombrar directores en representación del Estado apunta a maximizar la distribución de dividendos de las compañías para engrosar la caja del gobierno nacional. Para esto alteró vía un DNU la restricción que pesaba para que las tenencias accionarias de Anses no representaran más de un 5% de los directorios de las empresas en su cartera. Esta restricción provenía del antiguo régimen de AFJP y se mantuvo explícitamente al momento de la estatización del régimen previsional para espantar el temor sobre una mayor injerencia estatal en las compañías privadas. El tiempo avivó aquellos fantasmas.
Según los cálculos del Centro de Estudios Económicos del Banco Ciudad de Buenos Aires, están en juego unos $ 6.300 millones que la Anses y el gobierno podrían recibir en el año electoral. Revisando los estados contables de las compañías en las cuales la Anses conserva una participación (heredada de las tenencias de las ex AFJP) se desprende que el total de "utilidades no distribuidas" para el conjunto de estas firmas asciende a la friolera de $ 65.300 millones, indica el reporte al que accedió LA GACETA.
Si tiene éxito la presión oficial para que las compañías cambien su política de dividendos y transfieran todas las utilidades no distribuidas a sus accionistas, la Anses recibiría $ 6.300 millones por su participación accionaria en las empresas. Aquí, dice el análisis, conviene hacer una aclaración: lo que está en juego no es la propiedad de los fondos, que corresponden íntegramente a los accionistas incluyendo a la Anses, sino cómo se usan para maximizar el valor de la compañía y la política de inversiones.
La puja legal y política entre el gobierno y el grupo Techint tiene así una explicación contundente: este holding explica la mitad de los $ 6.300 millones en juego. Entre otros factores políticos, esta es la principal razón del conflicto entre el gobierno y uno de los grupos industriales más grandes de la Argentina. En la última reunión de accionistas, los directivos de Siderar aprobaron una distribución de utilidades por $ 1.500 millones, sobre un total de $ 1.690 millones de ganancias no distribuidas a fines de 2010 (según se desprende de los estados contables de la empresa).
El gobierno tratará de apelar a todos los recursos posibles para sostener el crecimiento del gasto público. A fines de 2008, cuando la crisis internacional amenazaba las finanzas públicas, se avanzó en la estatización del sistema previsional. Esto derivó una enorme masa de recursos provenientes de los aportes previsionales que pasaron de las AFJP a la Anses y la transferencia (estatización) de un gigantesco fondo de inversiones acumulado por el sistema privado para garantizar las jubilaciones. Posteriormente, en 2010, el gobierno recurrió al Banco Central como fuente de financiamiento, usando las reservas internacionales y aumentando los préstamos al Tesoro para el pago de deuda. Ya en 2011, sería el turno de exprimir al máximo las tenencias accionarias de la Anses. La principal razón es que en los últimos 12 meses el gasto público creció a un ritmo promedio del 32% anual y que esta tendencia se profundizaría en el año electoral, fundamenta el Banco Ciudad.
"Hay países en los cuales los organismos estatales participan como accionistas, pero no se ven estos escándalos. Los límites tienen que estar a la altura del grado de responsabilidad y madurez que tienen los funcionarios públicos", reflexiona el economista Aldo Abram. El problema de fondo son los dividendos que puede lograr el Gobierno, por las tenencias accionarias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en 42 empresas. La motivación del avance del Gobierno es fiscal. Se trata de una necesidad de dinero en un momento especial para la gestión, que busca consolidarse electoralmente el 28 de octubre próximo.
La Presidenta ratificó que la intención de nombrar directores en representación del Estado apunta a maximizar la distribución de dividendos de las compañías para engrosar la caja del gobierno nacional. Para esto alteró vía un DNU la restricción que pesaba para que las tenencias accionarias de Anses no representaran más de un 5% de los directorios de las empresas en su cartera. Esta restricción provenía del antiguo régimen de AFJP y se mantuvo explícitamente al momento de la estatización del régimen previsional para espantar el temor sobre una mayor injerencia estatal en las compañías privadas. El tiempo avivó aquellos fantasmas.
Según los cálculos del Centro de Estudios Económicos del Banco Ciudad de Buenos Aires, están en juego unos $ 6.300 millones que la Anses y el gobierno podrían recibir en el año electoral. Revisando los estados contables de las compañías en las cuales la Anses conserva una participación (heredada de las tenencias de las ex AFJP) se desprende que el total de "utilidades no distribuidas" para el conjunto de estas firmas asciende a la friolera de $ 65.300 millones, indica el reporte al que accedió LA GACETA.
Si tiene éxito la presión oficial para que las compañías cambien su política de dividendos y transfieran todas las utilidades no distribuidas a sus accionistas, la Anses recibiría $ 6.300 millones por su participación accionaria en las empresas. Aquí, dice el análisis, conviene hacer una aclaración: lo que está en juego no es la propiedad de los fondos, que corresponden íntegramente a los accionistas incluyendo a la Anses, sino cómo se usan para maximizar el valor de la compañía y la política de inversiones.
La puja legal y política entre el gobierno y el grupo Techint tiene así una explicación contundente: este holding explica la mitad de los $ 6.300 millones en juego. Entre otros factores políticos, esta es la principal razón del conflicto entre el gobierno y uno de los grupos industriales más grandes de la Argentina. En la última reunión de accionistas, los directivos de Siderar aprobaron una distribución de utilidades por $ 1.500 millones, sobre un total de $ 1.690 millones de ganancias no distribuidas a fines de 2010 (según se desprende de los estados contables de la empresa).
El gobierno tratará de apelar a todos los recursos posibles para sostener el crecimiento del gasto público. A fines de 2008, cuando la crisis internacional amenazaba las finanzas públicas, se avanzó en la estatización del sistema previsional. Esto derivó una enorme masa de recursos provenientes de los aportes previsionales que pasaron de las AFJP a la Anses y la transferencia (estatización) de un gigantesco fondo de inversiones acumulado por el sistema privado para garantizar las jubilaciones. Posteriormente, en 2010, el gobierno recurrió al Banco Central como fuente de financiamiento, usando las reservas internacionales y aumentando los préstamos al Tesoro para el pago de deuda. Ya en 2011, sería el turno de exprimir al máximo las tenencias accionarias de la Anses. La principal razón es que en los últimos 12 meses el gasto público creció a un ritmo promedio del 32% anual y que esta tendencia se profundizaría en el año electoral, fundamenta el Banco Ciudad.
Lo más popular
