Moreno Ocampo juró como primer fiscal de la Corte Penal Internacional

LA HAYA.- El abogado argentino Luis Moreno Ocampo, quien ganó renombre al enjuiciar a ex dictadores de su país por abusos contra los derechos humanos, juró ayer como primer fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Grupos de derechos humanos calificaron este hecho como un triunfo de la justicia. "Esperamos que él se convierta en un campeón de la justicia. Esperamos que sea impenetrable ante cualquier presión de los gobiernos. Esto es esencial para la credibilidad del ejercicio de Luis Moreno Ocampo como fiscal", dijo el líder del grupo Human Rights Watch, Richard Dicker.
Con la dirección de Moreno Ocampo, la CPI puede realizar a partir de ahora investigaciones en todo el mundo por genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Unas 300 solicitudes presentadas por numerosos países sobre posibles crímenes podrían estar bajo la competencia del tribunal.
"Debemos aprender que no hay paraíso seguro para la vida y la libertad si fallamos en proteger la vida de todas las personas en todos los países del mundo", dijo Moreno Ocampo en la ceremonia realizada en el Palacio de la Paz de La Haya. El flamante fiscal ganó prestigio cuando encabezó el enjuiciamiento de la última junta militar argentina (1976-1983), por abusos cometidos en su llamada "guerra sucia" contra opositores políticos.

Grandes enemigos
Como fiscal principal de la primera corte mundial permanente creada para procesar crímenes de guerra, Moreno Ocampo tendrá en sus manos decisiones clave de la CPI, organismo que enfrenta una fuerte oposición de algunos de los países más poderosos del mundo. Estados Unidos, Rusia y China -tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU- no apoyan el funcionamiento de la CPI, ni siquiera han ratificado su tratado de creación, y Estados Unidos realiza una campaña para asegurarse de que sus ciudadanos no sean enjuiciados.

Para estudiar
La corte, cuyos 18 primeros jueces iniciaron respectivas funciones en marzo pasado, fue establecida con el respaldo de 90 países para tratar casos de genocidio, delitos contra la humanidad y crímenes de guerra en todo el mundo. Su estatuto entró en vigencia el 1 de julio de este año, aunque decenas de países todavía le dan la espalda. Activistas legales y de derechos humanos dijeron que los primeros casos que tratará la corte serán, probablemente, sobre crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos en Colombia y en la República Democrática de Congo, dos países que ya han ratificado el tratado de creación del organismo. (Reuter/DPA)