20 Marzo 2011
La Democracia Cristiana lo definió como una bocanada de aire fresco y de transparencia. La UCR dijo que es un fallo esperanzador. Y el Movimiento Socialista de los Trabajadores lo tomó como otra prueba de "lo aberrante" de la Constitución de 2006. Desde el arco opositor, celebraron el fallo de la Justicia provincial en contra de la actual integración de la Junta Electoral Provincial (JEP).
La Democracia Cristiana resaltó que adhirió como tercera interesada en el planteo judicial y que su referente, José Manuel Páez, participó como amicus curiae (amigos del tribunal). "El cuestionamiento de la composición de la JEP es un intento por sujetar los procesos electorales a criterios democráticos: La mayoría de los convencionales de 2006 convirtieron la JEP en una cuestión privativa del oficialismo", aseveró.
El ex constituyente recordó que los oficialistas seguían órdenes telefónicas dadas por José Alperovich. "Por ejemplo, cuando se reservaba para sí el derecho de elegir y echar jueces, lo que razonablemente fue modificado por la Justicia", afirmó. Además, resaltó que el fallo extracta parte de sus presentaciones en la Convención Constituyente de 2006.
"El principio de que el funcionario que se postula debe solicitar licencia para actuar con independencia fue modificado por los constituyentes oficialistas de 2006, en una muestra más de que conformaron un blindaje de protección y de impunidad a favor de quien gobierna, lo que se completa con la re-reelección", insistió Páez.
"Acertado"
El presidente de la UCR, Federico Romano Norri, elogió de los límites impuestos por la Justicia. "El acertado fallo aplicó el remedio de la declaración de inconstitucionalidad de la propia Constitución -siguiendo a Monstesquieu-, y mostró que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque es justa", resaltó.
El legislador remarcó que la administración del proceso electoral debe escapar al poder político y exige que ser hecha por organismos con credibilidad e independencia del Gobierno de turno. "En una provincia donde la legislación electoral es muy pobre (no hay control del financiamiento de los partidos, de los gastos de campaña, del uso y abuso de los medios para el proselitismo del oficialismo), contar con una Junta Electoral donde el oficialismo no tenga mayoría propia, o prohibir que los funcionarios candidatos puedan hacer campaña con los actos de gobierno, es una buena noticia".
Clarisa "Lita" Alberstein, secretaria general del MST, aseguró a su turno que el fallo es una prueba más "de lo aberrante y anticonstitucional" de lo resuelto por la Constituyente. "Es necesario una verdadera Asamblea Constituyente libre y soberana, que anule todo lo actuado por la reforma de 2006, y que debata sobre los verdaderos cambios democráticos y de modelo económico y social que Tucumán merece", afirmó.
La Democracia Cristiana resaltó que adhirió como tercera interesada en el planteo judicial y que su referente, José Manuel Páez, participó como amicus curiae (amigos del tribunal). "El cuestionamiento de la composición de la JEP es un intento por sujetar los procesos electorales a criterios democráticos: La mayoría de los convencionales de 2006 convirtieron la JEP en una cuestión privativa del oficialismo", aseveró.
El ex constituyente recordó que los oficialistas seguían órdenes telefónicas dadas por José Alperovich. "Por ejemplo, cuando se reservaba para sí el derecho de elegir y echar jueces, lo que razonablemente fue modificado por la Justicia", afirmó. Además, resaltó que el fallo extracta parte de sus presentaciones en la Convención Constituyente de 2006.
"El principio de que el funcionario que se postula debe solicitar licencia para actuar con independencia fue modificado por los constituyentes oficialistas de 2006, en una muestra más de que conformaron un blindaje de protección y de impunidad a favor de quien gobierna, lo que se completa con la re-reelección", insistió Páez.
"Acertado"
El presidente de la UCR, Federico Romano Norri, elogió de los límites impuestos por la Justicia. "El acertado fallo aplicó el remedio de la declaración de inconstitucionalidad de la propia Constitución -siguiendo a Monstesquieu-, y mostró que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque es justa", resaltó.
El legislador remarcó que la administración del proceso electoral debe escapar al poder político y exige que ser hecha por organismos con credibilidad e independencia del Gobierno de turno. "En una provincia donde la legislación electoral es muy pobre (no hay control del financiamiento de los partidos, de los gastos de campaña, del uso y abuso de los medios para el proselitismo del oficialismo), contar con una Junta Electoral donde el oficialismo no tenga mayoría propia, o prohibir que los funcionarios candidatos puedan hacer campaña con los actos de gobierno, es una buena noticia".
Clarisa "Lita" Alberstein, secretaria general del MST, aseguró a su turno que el fallo es una prueba más "de lo aberrante y anticonstitucional" de lo resuelto por la Constituyente. "Es necesario una verdadera Asamblea Constituyente libre y soberana, que anule todo lo actuado por la reforma de 2006, y que debata sobre los verdaderos cambios democráticos y de modelo económico y social que Tucumán merece", afirmó.
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