30 Enero 2011 Seguir en 
Aunque no contempla una contención desde el punto de vista psicológico, el Código Procesal Penal de la Provincia explicita qué derechos tiene la persona que ha sufrido un delito a la hora de encarar una causa judicial: recibir un trato digno y respetuoso; obtener información sobre el estado de la investigación; que se hagan mínimas las molestias que deban producírsele con motivo del procedimiento; y la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su favor son algunos de ellos.
Sin embargo, hay quienes aseguran que esta normativa no siempre es recordada en algunas oficinas tribunalicias. "Ser querellante, hoy, implica tener recursos económicos e información. El Ministerio Público Pupilar puede cumplir ese rol, pero una cuestión material y de desconocimiento de las personas lleva a que no se acerquen. Así, hoy por hoy, hay muy poca querella", indicó el fiscal de Cámara Daniel Marranzino.
El representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que, aunque no tiene estadísticas, son muy pocas las víctimas (o familiares de víctimas, en caso que corresponda) que accionan penalmente. "Estimativamente, puedo decir que mucho menos del 10% de los juicios cuenta con querella", indicó Marranzino.
El Código Procesal Penal de la provincia habilita al "ofendido penalmente por un delito" a presentarse como querellante particular en el trámite de cada causa, e incluso en el juicio oral. Esa habilitación también se extiende a sus herederos.
Así, el querellante particular puede actuar en el proceso "para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal de los imputados", dice la normativa. Esa intervención no lo exime de su deber de declarar como testigo.
Diferencia
La falta de participación de la víctima en la causa, añadió Marranzino, marca una diferencia en el proceso. "La víctima o quienes la representan pueden acceder a la Justicia de diferentes modos: pedir medidas, participar del proceso, ofrecer pruebas. Hay mucha diferencia cuando hay querella y cuando no", afirmó el fiscal. Además, agregó que ese rol le permite a la víctima, subsidiariamente, continuar la causa. "El querellante tiene autonomía en muchos casos. Esa parte es la que está en deuda cualquier legislación", señaló el representante del Ministerio Público.
Además, indicó que la falta de información es clave para comprender esta situación. "Cuando ocurre un delito, la víctima o sus familiares quizás no saben cómo manejarse judicialmente. Eso es algo que debe ser subsanado", remarcó Marranzino.
Sin embargo, hay quienes aseguran que esta normativa no siempre es recordada en algunas oficinas tribunalicias. "Ser querellante, hoy, implica tener recursos económicos e información. El Ministerio Público Pupilar puede cumplir ese rol, pero una cuestión material y de desconocimiento de las personas lleva a que no se acerquen. Así, hoy por hoy, hay muy poca querella", indicó el fiscal de Cámara Daniel Marranzino.
El representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que, aunque no tiene estadísticas, son muy pocas las víctimas (o familiares de víctimas, en caso que corresponda) que accionan penalmente. "Estimativamente, puedo decir que mucho menos del 10% de los juicios cuenta con querella", indicó Marranzino.
El Código Procesal Penal de la provincia habilita al "ofendido penalmente por un delito" a presentarse como querellante particular en el trámite de cada causa, e incluso en el juicio oral. Esa habilitación también se extiende a sus herederos.
Así, el querellante particular puede actuar en el proceso "para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal de los imputados", dice la normativa. Esa intervención no lo exime de su deber de declarar como testigo.
Diferencia
La falta de participación de la víctima en la causa, añadió Marranzino, marca una diferencia en el proceso. "La víctima o quienes la representan pueden acceder a la Justicia de diferentes modos: pedir medidas, participar del proceso, ofrecer pruebas. Hay mucha diferencia cuando hay querella y cuando no", afirmó el fiscal. Además, agregó que ese rol le permite a la víctima, subsidiariamente, continuar la causa. "El querellante tiene autonomía en muchos casos. Esa parte es la que está en deuda cualquier legislación", señaló el representante del Ministerio Público.
Además, indicó que la falta de información es clave para comprender esta situación. "Cuando ocurre un delito, la víctima o sus familiares quizás no saben cómo manejarse judicialmente. Eso es algo que debe ser subsanado", remarcó Marranzino.








