Leyes que sólo son expresión de deseos

Silencio. Los funcionarios apenas esbozaron caras de preocupación ante la caída de unos trozos de mampostería ("revoque", los llamaron) del ex hotel Plaza y clausuraron y cercaron el edificio de 80 años. El problema es que se trata de un edificio histórico erigido en el corazón de la ciudad, habilitado como oficinas para el Siprosa, con un restaurante en su entrada y por cuya vereda pasan miles de personas. Alguna norma de riesgo debe haber, y no se cumplió.

Los responsables directos -además de los dueños y de quienes les alquilan el local- son tres oficinas municipales: la Dirección de Cultura, la de Catastro (que debe hacer relevamiento periódico de edificaciones tanto privadas como públicas) y de Defensa Civil (que se ocupa del control de seguridad en áreas de tránsito libre como una vereda o como una oficina pública). Hasta ayer habían intervenido Catastro, cuya directora, Elena Forgas, intentaba establecer qué había ocurrido, y Defensa Civil, además de personal de Recursos Físicos del Siprosa. Reacción tardía para un edificio catalogado como de interés municipal, que forma parte del patrimonio urbano.

La verdad es que todo lo que tiene que ver con patrimonio genera nulo interés de los funcionarios, y severos problemas para hacer cumplir normas que suelen anularse a sí mismas. Así ocurre con el Patrimonio provincial. En 2005 se sancionaron las leyes 7.500 y 7.535, ambas con la premisa de que iban a ser reglamentadas en un plazo de 90 días... y ya llevan cinco años. La falta de reglamentación ha dado lugar a circunstancias singulares, como el hecho de que, ante la notoria destrucción que se estaba produciendo hace dos años en el predio del ex Mercado de Abasto, apenas si se pudo impedir la demolición total y se logró que se multara a la Municipalidad por no controlar. Pero la Ley no establece montos de multas, de modo que nadie fue castigado. "Debe preverse un capítulo de sanciones porque toda ley que no las establece es una ley programática, una expresión de deseos", dijo hace tres meses Ana María Bóscolo, experta en Patrimonio, que participó en talleres para esa reglamentación. A lo largo de 2010 se avanzó en lo que hace a arquitectura y arqueología, pero aún hace falta estudiar cómo contemplar el patrimonio intangible (música), así como pintura, escultura y documentos fílmicos. Es decir, falta un mundo.

Mientras tanto, se puede parafrasear a John Lennon: la vida es lo que ocurre mientras las comisiones están ocupadas haciendo otros planes. A duras penas se logró evitar en abril pasado que se mutilara un pedazo del parque Guillermina: desesperados por conseguir un subsidio de 30 millones de pesos de la Nación, los concejales habían aprobado, sin consultar a Patrimonio, una ordenanza cediendo el terreno para un geriátrico.

Si en la provincia ocurren estas cosas, ¿qué puede esperarse de la Municipalidad? Sólo mayor lenidad. Sin embargo, acá no se habla sólo de la estética de la ciudad, ni de la identidad del entorno de la plaza Independencia, sino de la seguridad personal. ¿No hubo controles de la ART del Siprosa? ¿La Municipalidad debería sancionarse a sí misma por habilitar un restaurante en un edificio con riesgo de desprendimientos de mampostería? Si así son los controles en los edificios públicos que están en el corazón de la ciudad, ¿cómo será en partes más alejadas?

Todas son, por ahora, preguntas retóricas. Pero otra sería la discusión si esos trozos de revoque se hubiesen desprendido sobre la humanidad de algún transeúnte. La tormenta del domingo, que obligó a los peatones a guarecerse bajo los árboles de la plaza Independencia, evitó la probable tragedia.