La revisión del índice de precios

El Gobierno de Cristina Kirchner terminó rindiéndose ante la realidad: el índice de precios al consumidor (IPC) carece de credibilidad dentro y fuera del país. La intervención al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) fue dispuesta en enero de 2007, cuando la inflación escapaba de las previsiones oficiales.

Desde entonces se desató una persecución contra personal altamente calificado, que discrepaba con las directivas del interventor Guillermo Moreno. Se interpretó, con razón, que el descabezamiento del cuerpo técnico obedecía a la necesidad política de pagar menos a los acreedores que poseían títulos públicos atados al crecimiento de la economía.

Dibujar la estadística fue la receta que utilizó el Poder Ejecutivo Nacional para aminorar el impacto de esos títulos, tras la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2005, con el desembolso de U$S 9.800 millones. Simultáneamente con la intervención, se centralizó la medición de precios en el Indec, de modo que las provincias, entre ellas Tucumán, carecieron de datos sobre su costo de vida. El unitarismo subió otro escalón institucional.

El desfase entre las cifras oficiales y la constatación cotidiana de los consumidores creció como bola de nieve con el transcurso de los años, mientras el Gobierno respondía con crudeza a las observaciones del FMI respecto de las deficiencias técnicas de los relevamientos del Indec.

El desprestigio que había alcanzado el método de relevar precios, hizo que el 26 de agosto de 2009, el Ministerio de Economía de la Nación integrara el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). con el objeto de que elaborara un nuevo índice precios.

Representantes de cinco universidades nacionales, entre ellas la de Tucumán, formaron el CAES. Se generó una justificada expectativa por la calidad técnica de los expertos citados. En un editorial del 18 de setiembre pasado, dimos cuenta de un informe preparado por el CAES, en el cual se advertía que "la confiabilidad del IPC-Gran Buenos Aires había sido cuestionada". Sin embargo, el ministro de Economía, Amado Boudou, no avanzó en la corrección del índice.

La decisión de negociar el pago de la deuda con el Club de París puso sobre el tapete la discusión de la calidad institucional del Indec, pese a que el Gobierno pretendió soslayarla. El temor a que se pudiera trabar la operatoria anunciada con bombos y platillos, obligó al Gobierno a abandonar su estrategia marketinera de choque con el organismo multinacional. En efecto, el FMI no renunció a sus reclamos de revisión del IPC, según ha trascendido en medios financieros. Antes de que se empantanara la negociación con el Club de París, el Gobierno decidió solicitar asistencia técnica al FMI para el diseño de un nuevo índice, basándose en su experiencia en materia de estadísticas.

La realidad impuso su peso a las disquisiciones dialécticas. "La Presidenta tomó la decisión de tomar este salto de calidad, que era necesario tomar para tener estadísticas que representen al país", dijo Boudou. A confesión de parte, relevo de prueba.

El atajo que siguió el Gobierno descolocó al CAES, según reconoció el economista Juan Mario Jorrat, representante de la UNT. Lo que ellos le habían propuesto al ministro Boudou, lo requería ahora el Gobierno al FMI. La proposición de los expertos argentinos preveía una nueva encuesta de hogares con 25 distritos. Jorrat confirmó, además, que el daño sufrido por la institución debido a las cesantías de personal competente fue significativo. Finalmente, ayer el informe del CAES llegó a manos de Economía. Es dable esperar que se haya terminado de aceptar que la medición del IPC y que no se trate sólo de un gesto político.