El Índice de Precios al Consumidor (IPC) tiene fecha de vencimiento. El indicador fue herido de muerte hace casi tres años, cuando una gestión desmanteló un organismo que, hasta entonces, no admitía tantas resistencia social. Sus mediciones eran fustigadas en un ámbito muy reducido, el de los académicos, pero no en el conjunto de la sociedad argentina.
La intervención del Estado en las estadísticas cada vez menos públicas han llevado al descrédito de gran parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta gestión tuvo la capacidad de hacer resucitar esas cuestionadas mediciones y sostenerlas en el tiempo, cual zombie que trabaja en su provecho. Lo que la cultura popular denomina vudú. Raras coincidencias esas, las de que el apellido del ministro de Economía, que requirió la asistencia técnica del FMI para dar un salto de calidad en materia estadística, suene de la misma forma que aquella práctica popular. Un pase mágico para enterrar bajo la alfombra oficial a una inflación más propia de ciudades fantásticas que de la realidad cotidiana argentina. Esa que va destruyendo, día tras días, el poder adquisitivo de la gente.
No hay dudas de que la economía argentina ha mejorado durante los últimos siete años, los de la gestión Kirchner. Sí las hay sobre la forma en que se manejan las estadísticas oficiales. Después de la crisis de fines de 2001, no hay argentino que no se haya hecho experto en economía. Sigue la inflación y hoy duda de que esa tasa del 9,2% acumulada desde enero refleje tantos aumentos en la canasta básica alimentaria, tomando en cuenta -por caso- que la carne subió un 140% en poco más de un año. Tampoco hay certezas de que la pobreza en el país afecte tan sólo al 12% de los argentinos que viven en las zonas urbanas del país. ¿Cómo puede ser posible de que tantos aumentos de precios no hayan impactado en los índices socioeconómicos más sensibles? Una explicación puede ser la vigencia de los planes sociales que no son eternos, que durarán hasta tanto haya financiamiento oficial. Y hasta ese llamado de urgencia al FMI también puede significar ponerle un signo de interrogante al crecimiento económico del 9%, anunciado hace pocos días por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández.
Crítico, pero secreto
Los estadísticos están golpeados en su inteligencia. Que el Gobierno apele a organismos internacionales para resolver cuestiones domésticas no es una buena señal. Ni para ellos, que consideran que el ministro Amado Boudou les insultó a su inteligencia y preparación académica, ni para el resto de la sociedad. Boudou siquiera acusó recibo del informe que le prepararon las cinco universidades seleccionadas (incluida la de Tucumán) por el mismo Gobierno para hacer un trabajo de seguimiento al Indec.
Tal vez ese diagnóstico, tan crítico como secreto, no fue la música que la Casa Rosada o el Palacio de Hacienda querían escuchar. De hecho, uno de los puntos del documento se refirió al desmantelamiento de recursos humanos especializados que hubo en el Indec. Y también a que era más que difícil reconstruir el IPC antes de la intervención de principios de 2007. La serie histórica se cortó. Respetar el número real de inflación era casi difícil; frente a eso, la metodología aplicada es secundaria. El FMI, en ese aspecto, no conoce al dedillo la evolución in situ de los precios; los estadísticos argentinos, sí. Sólo la Sociedad Argentina de Estadística, que preside el tucumano Juan Carlos Abril, cuenta con 300 expertos afiliados. Fuera de esa organización hay otros 500 profesionales. Muchos de ellos conforman la planta de personal del Indec.
Así como Boudou tuvo que volver tras sus críticas al FMI y pedirle ayuda, del mismo modo la conducción del Indec, no resiste el archivo. Durante la última visita a Tucumán, en agosto pasado, el DT del organismo, Norberto Itzcovich dijo que la manera en que se mide el IPC es clarísima y esa medición era impecable. Entonces, ¿por qué recurrir al FMI, con el riesgo de que a la evaluación la hagan los economistas? El Indec necesita más que una receta mágica o hechizo ministerial para revivirlo. Requiere de voluntad política para darle más credibilidad pública a las estadísticas oficiales.
La intervención del Estado en las estadísticas cada vez menos públicas han llevado al descrédito de gran parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta gestión tuvo la capacidad de hacer resucitar esas cuestionadas mediciones y sostenerlas en el tiempo, cual zombie que trabaja en su provecho. Lo que la cultura popular denomina vudú. Raras coincidencias esas, las de que el apellido del ministro de Economía, que requirió la asistencia técnica del FMI para dar un salto de calidad en materia estadística, suene de la misma forma que aquella práctica popular. Un pase mágico para enterrar bajo la alfombra oficial a una inflación más propia de ciudades fantásticas que de la realidad cotidiana argentina. Esa que va destruyendo, día tras días, el poder adquisitivo de la gente.
No hay dudas de que la economía argentina ha mejorado durante los últimos siete años, los de la gestión Kirchner. Sí las hay sobre la forma en que se manejan las estadísticas oficiales. Después de la crisis de fines de 2001, no hay argentino que no se haya hecho experto en economía. Sigue la inflación y hoy duda de que esa tasa del 9,2% acumulada desde enero refleje tantos aumentos en la canasta básica alimentaria, tomando en cuenta -por caso- que la carne subió un 140% en poco más de un año. Tampoco hay certezas de que la pobreza en el país afecte tan sólo al 12% de los argentinos que viven en las zonas urbanas del país. ¿Cómo puede ser posible de que tantos aumentos de precios no hayan impactado en los índices socioeconómicos más sensibles? Una explicación puede ser la vigencia de los planes sociales que no son eternos, que durarán hasta tanto haya financiamiento oficial. Y hasta ese llamado de urgencia al FMI también puede significar ponerle un signo de interrogante al crecimiento económico del 9%, anunciado hace pocos días por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández.
Crítico, pero secreto
Los estadísticos están golpeados en su inteligencia. Que el Gobierno apele a organismos internacionales para resolver cuestiones domésticas no es una buena señal. Ni para ellos, que consideran que el ministro Amado Boudou les insultó a su inteligencia y preparación académica, ni para el resto de la sociedad. Boudou siquiera acusó recibo del informe que le prepararon las cinco universidades seleccionadas (incluida la de Tucumán) por el mismo Gobierno para hacer un trabajo de seguimiento al Indec.
Tal vez ese diagnóstico, tan crítico como secreto, no fue la música que la Casa Rosada o el Palacio de Hacienda querían escuchar. De hecho, uno de los puntos del documento se refirió al desmantelamiento de recursos humanos especializados que hubo en el Indec. Y también a que era más que difícil reconstruir el IPC antes de la intervención de principios de 2007. La serie histórica se cortó. Respetar el número real de inflación era casi difícil; frente a eso, la metodología aplicada es secundaria. El FMI, en ese aspecto, no conoce al dedillo la evolución in situ de los precios; los estadísticos argentinos, sí. Sólo la Sociedad Argentina de Estadística, que preside el tucumano Juan Carlos Abril, cuenta con 300 expertos afiliados. Fuera de esa organización hay otros 500 profesionales. Muchos de ellos conforman la planta de personal del Indec.
Así como Boudou tuvo que volver tras sus críticas al FMI y pedirle ayuda, del mismo modo la conducción del Indec, no resiste el archivo. Durante la última visita a Tucumán, en agosto pasado, el DT del organismo, Norberto Itzcovich dijo que la manera en que se mide el IPC es clarísima y esa medición era impecable. Entonces, ¿por qué recurrir al FMI, con el riesgo de que a la evaluación la hagan los economistas? El Indec necesita más que una receta mágica o hechizo ministerial para revivirlo. Requiere de voluntad política para darle más credibilidad pública a las estadísticas oficiales.
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