Por Álvaro José Aurane
20 Noviembre 2010
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El Gobierno local ha tenido momentos y momentos, pero en noviembre los tucumanos asisten, finalmente, a la verdadera hora del oficialismo vernáculo.
Mucho de lo que se ha visto hasta aquí son acciones que han delineado el perfil de la gestión, pero que no por ello dejaban de ser copias de lo que ocurría en otras latitudes. Es decir, la Casa de Gobierno ha tenido conductas típicamente kirchneristas, como domesticar a intendentes y delegados comunales con el yugo de los recursos para pagar los salarios y hacer algunas obras, tal como la Casa Rosada ha hecho con la Provincia.
También aquí han tenido comportamientos menemistas, como los de concretar el sueño de la Corte propia: esta semana, el gobernador anunció a puertas cerradas que la jubilación del vocal Alberto José Brito podría concretarse antes de fin de año. Cuando la Anses conceda el beneficio previsional, la renuncia que el magistrado presentó en octubre se hará operativa. Y, entonces, José Alperovich podrá nombrar a un hombre de su "más absoluta confianza" en esa vacante, tal como se lo anunció el martes en su despacho (sin más datos y sin mencionar si el candidato era idóneo) al presidente del superior tribunal, Antonio Estofán, mientras le garantizaba que todos los gastos pautados por el Poder Judicial para 2011 estarán cubiertos.
Los hijos políticos del mirandismo, por cierto, también han apelado al reparto tan masivo como populista de planes sociales, y a la demagógica decisión de pagar dos sueldos y un medio aguinaldo juntos. Y no se privaron de los lujos del corporativismo: a la vez que condicionan la construcción del dique Potrero de las Tablas a la financiación externa ($ 155 millones), construyen con fondos propios un nuevo edificio para la Legislatura, a precio de hotel cinco estrellas el metro cuadrado, cuya inversión superará los $ 100 millones. Es curioso: en Santiago del Estero, el gobernador, Gerardo Zamora, con comportamientos cabalmente identificables con los parámetros anteriores, reveló que piensa ocupar $ 150 millones no para regalarle una flamante sede a su arrodillado parlamento sino para construir el segundo aeropuerto de su provincia: el de las Termas.
Justamente, es el manejo de los fondos públicos lo que da a la administración tucumana su más acabada identidad. En concreto, no hay nada más alperovichista que la decisión tomada este mes de no darle una copia del proyecto del Presupuesto 2011 ni a los legisladores del mismísimo oficialismo. A eso no se lo aprendieron al kirchnerismo, al menemismo, al populismo ni a la demagogia: a eso lo inventaron aquí.
La circularidad del vicio
La Ley de Presupuesto General de la Provincia es, sin lugar a dudas, la norma más importante que tratará la Legislatura durante este año. Por lo mismo, la decisión de secuestrar el proyecto es la medida más grave que adoptará durante 2010.
Privar a los legisladores del detalle del plan de recursos y de gastos del Gobierno para el año que viene es una medida que traiciona la historia y el presente del Poder Legislativo. El parlamentarismo nació para ponerle límites a los monarcas y una de las primeras formas de marcar esos topes fue, precisamente, establecer que su graciosa majestad no podía gastar como y cuanto se le diera la nobiliaria gana. El despotismo comenzó a deficitar cuando debió planificar el uso de los recursos del pueblo y someter ese programa a la consideración de los representantes de ese pueblo.
En cuanto a la actualidad, el alperovichismo ha estipulado para sus gastos de 2011 una cifra sin precedentes: $ 9.806 millones. Y resulta que el Gobierno que podrá gastar $ 26,9 millones por cada día del año que viene, cuando se celebran las elecciones generales de Tucumán y las presidenciales de la Nación, no quiere que nadie tenga una copia con las planillas que detallan cómo se usarán esos recursos.
Semejante decisión cierra un círculo vicioso perfecto, cuyo dibujo comenzaron a trazar los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas, que elaboraron el informe sobre la Cuenta de Inversión de 2009. Ese año, en que hubo elecciones de diputados y senadores nacionales, el Gobierno tucumano tampoco entregó copias del Presupuesto. Por ende, no se supo en qué planeaban gastar la plata de ese año. Después, cuando la Nación mandó los recursos, no pudo saberse si había remitido todo lo que debía remitir: el ente de contralor no cuenta con los elementos legales para dar una respuesta. Luego, respecto de los dineros que sí llegaron (aunque no se sepa si son todos los que debían llegar) se ignora qué eran exactamente: los fondos de jurisdicción federal no fueron expuestos de manera individual sino global. Por ende, se desconoce la naturaleza del recurso (si corresponde a leyes especiales, a programas específicos, a envíos discrecionales de la Casa Rosada?) y, con ello, también el destino que debió asignársele. Y, al final, después de que se gastó esa plata, que no se sabe muy bien si era toda la que debía recibirse ni cuál era el objeto al que debía volcársela, tampoco se pudo determinar cuánto quedó. Según el Acuerdo 2009 del Tribunal de Cuentas, los saldos de las cuentas de las administración pública centralizada y descentralizada (o sea, del Estado todo) no reflejan razonablemente la ejecución presupuestaria, de acuerdo con las normas.
En este punto, la decisión alperovichista de negarle copias del presupuesto a los legisladores presenta un segundo rasgo que la hace única: eso que no quieren mostrar ni siquiera es verdad. El alperovichismo plantea que dispondrá para erogar de $ 1,1 millón por cada hora de 2011 sobre la base de pautas que son ciencia ficción. Pretende que el año que viene Rentas recaudará sólo $ 125 millones por mes, cuando hoy recauda casi $ 160 millones mensuales. Y todavía falta el revalúo inmobiliario. Pronostica que el PBI crecerá un 4%, cuando el kirchnerismo lo viene duplicando parejo. Y calcula que la inflación será del 8,9% anual, cuando el kirchnerismo la viene cuadruplicando parejo.
¿Por qué esta subestimación? Porque cuando llegue septiembre (como paso este año) se sorprenderán con la noticia de que los ingresos son muchos más que los pautados, porque la recaudación, la economía y la inflación son muy superiores a lo previsto. E incorporarán toda esa plata mediante una ampliación presupuestaria, sin afectación específica (pueden usarla para lo que sea) y como gastos corrientes (no deben dejar un activo como contraprestación). En cambio, si hubieran previsto eso en el Presupuesto, deberían haberle asignado un uso determinado.
Sin forma y sin fondo
La decisión de los que han privatizado la política de avanzar en la privatización de los fondos públicos (el Presupuesto ha sido privado de ser público) no sólo afecta la forma de Gobierno. Que el Ejecutivo ordene y que la Legislatura diga "amén", se sabe, no tiene nada de República. Pero la determinación del oficialismo también sacude la esencia, el fondo del sistema gubernamental: estremece a la democracia misma. Y por partida doble.
En primer lugar, que nadie pueda tener copia del detalle de las partidas de los ingresos y de los egresos aborta cualquier debate, y nada menos que sobre el uso de la plata de los tucumanos. Y esto embiste, incluso, contra las dos maneras encontradas en que puede entenderse la democracia: como gobierno del consenso, según Giovanni Sartori; o como gobierno del disenso, según Chantal Mouffe. Si el Estado rapta información tan pública como el Presupuesto, no hay consenso ni disenso posible. Y la democracia enmudece.
En segundo lugar, la medida oficialista no tiene la más mínima justificación. El argumento de que son muchas carillas para fotocopiar flota a media agua entre el absurdo y la tomada de pelo. Todo el proyecto tiene algo más de 300 páginas: redondeando en una resma de papel por legislador, el costo es de $ 25 per capita, o $ 1.225 por únic
Mucho de lo que se ha visto hasta aquí son acciones que han delineado el perfil de la gestión, pero que no por ello dejaban de ser copias de lo que ocurría en otras latitudes. Es decir, la Casa de Gobierno ha tenido conductas típicamente kirchneristas, como domesticar a intendentes y delegados comunales con el yugo de los recursos para pagar los salarios y hacer algunas obras, tal como la Casa Rosada ha hecho con la Provincia.
También aquí han tenido comportamientos menemistas, como los de concretar el sueño de la Corte propia: esta semana, el gobernador anunció a puertas cerradas que la jubilación del vocal Alberto José Brito podría concretarse antes de fin de año. Cuando la Anses conceda el beneficio previsional, la renuncia que el magistrado presentó en octubre se hará operativa. Y, entonces, José Alperovich podrá nombrar a un hombre de su "más absoluta confianza" en esa vacante, tal como se lo anunció el martes en su despacho (sin más datos y sin mencionar si el candidato era idóneo) al presidente del superior tribunal, Antonio Estofán, mientras le garantizaba que todos los gastos pautados por el Poder Judicial para 2011 estarán cubiertos.
Los hijos políticos del mirandismo, por cierto, también han apelado al reparto tan masivo como populista de planes sociales, y a la demagógica decisión de pagar dos sueldos y un medio aguinaldo juntos. Y no se privaron de los lujos del corporativismo: a la vez que condicionan la construcción del dique Potrero de las Tablas a la financiación externa ($ 155 millones), construyen con fondos propios un nuevo edificio para la Legislatura, a precio de hotel cinco estrellas el metro cuadrado, cuya inversión superará los $ 100 millones. Es curioso: en Santiago del Estero, el gobernador, Gerardo Zamora, con comportamientos cabalmente identificables con los parámetros anteriores, reveló que piensa ocupar $ 150 millones no para regalarle una flamante sede a su arrodillado parlamento sino para construir el segundo aeropuerto de su provincia: el de las Termas.
Justamente, es el manejo de los fondos públicos lo que da a la administración tucumana su más acabada identidad. En concreto, no hay nada más alperovichista que la decisión tomada este mes de no darle una copia del proyecto del Presupuesto 2011 ni a los legisladores del mismísimo oficialismo. A eso no se lo aprendieron al kirchnerismo, al menemismo, al populismo ni a la demagogia: a eso lo inventaron aquí.
La circularidad del vicio
La Ley de Presupuesto General de la Provincia es, sin lugar a dudas, la norma más importante que tratará la Legislatura durante este año. Por lo mismo, la decisión de secuestrar el proyecto es la medida más grave que adoptará durante 2010.
Privar a los legisladores del detalle del plan de recursos y de gastos del Gobierno para el año que viene es una medida que traiciona la historia y el presente del Poder Legislativo. El parlamentarismo nació para ponerle límites a los monarcas y una de las primeras formas de marcar esos topes fue, precisamente, establecer que su graciosa majestad no podía gastar como y cuanto se le diera la nobiliaria gana. El despotismo comenzó a deficitar cuando debió planificar el uso de los recursos del pueblo y someter ese programa a la consideración de los representantes de ese pueblo.
En cuanto a la actualidad, el alperovichismo ha estipulado para sus gastos de 2011 una cifra sin precedentes: $ 9.806 millones. Y resulta que el Gobierno que podrá gastar $ 26,9 millones por cada día del año que viene, cuando se celebran las elecciones generales de Tucumán y las presidenciales de la Nación, no quiere que nadie tenga una copia con las planillas que detallan cómo se usarán esos recursos.
Semejante decisión cierra un círculo vicioso perfecto, cuyo dibujo comenzaron a trazar los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas, que elaboraron el informe sobre la Cuenta de Inversión de 2009. Ese año, en que hubo elecciones de diputados y senadores nacionales, el Gobierno tucumano tampoco entregó copias del Presupuesto. Por ende, no se supo en qué planeaban gastar la plata de ese año. Después, cuando la Nación mandó los recursos, no pudo saberse si había remitido todo lo que debía remitir: el ente de contralor no cuenta con los elementos legales para dar una respuesta. Luego, respecto de los dineros que sí llegaron (aunque no se sepa si son todos los que debían llegar) se ignora qué eran exactamente: los fondos de jurisdicción federal no fueron expuestos de manera individual sino global. Por ende, se desconoce la naturaleza del recurso (si corresponde a leyes especiales, a programas específicos, a envíos discrecionales de la Casa Rosada?) y, con ello, también el destino que debió asignársele. Y, al final, después de que se gastó esa plata, que no se sabe muy bien si era toda la que debía recibirse ni cuál era el objeto al que debía volcársela, tampoco se pudo determinar cuánto quedó. Según el Acuerdo 2009 del Tribunal de Cuentas, los saldos de las cuentas de las administración pública centralizada y descentralizada (o sea, del Estado todo) no reflejan razonablemente la ejecución presupuestaria, de acuerdo con las normas.
En este punto, la decisión alperovichista de negarle copias del presupuesto a los legisladores presenta un segundo rasgo que la hace única: eso que no quieren mostrar ni siquiera es verdad. El alperovichismo plantea que dispondrá para erogar de $ 1,1 millón por cada hora de 2011 sobre la base de pautas que son ciencia ficción. Pretende que el año que viene Rentas recaudará sólo $ 125 millones por mes, cuando hoy recauda casi $ 160 millones mensuales. Y todavía falta el revalúo inmobiliario. Pronostica que el PBI crecerá un 4%, cuando el kirchnerismo lo viene duplicando parejo. Y calcula que la inflación será del 8,9% anual, cuando el kirchnerismo la viene cuadruplicando parejo.
¿Por qué esta subestimación? Porque cuando llegue septiembre (como paso este año) se sorprenderán con la noticia de que los ingresos son muchos más que los pautados, porque la recaudación, la economía y la inflación son muy superiores a lo previsto. E incorporarán toda esa plata mediante una ampliación presupuestaria, sin afectación específica (pueden usarla para lo que sea) y como gastos corrientes (no deben dejar un activo como contraprestación). En cambio, si hubieran previsto eso en el Presupuesto, deberían haberle asignado un uso determinado.
Sin forma y sin fondo
La decisión de los que han privatizado la política de avanzar en la privatización de los fondos públicos (el Presupuesto ha sido privado de ser público) no sólo afecta la forma de Gobierno. Que el Ejecutivo ordene y que la Legislatura diga "amén", se sabe, no tiene nada de República. Pero la determinación del oficialismo también sacude la esencia, el fondo del sistema gubernamental: estremece a la democracia misma. Y por partida doble.
En primer lugar, que nadie pueda tener copia del detalle de las partidas de los ingresos y de los egresos aborta cualquier debate, y nada menos que sobre el uso de la plata de los tucumanos. Y esto embiste, incluso, contra las dos maneras encontradas en que puede entenderse la democracia: como gobierno del consenso, según Giovanni Sartori; o como gobierno del disenso, según Chantal Mouffe. Si el Estado rapta información tan pública como el Presupuesto, no hay consenso ni disenso posible. Y la democracia enmudece.
En segundo lugar, la medida oficialista no tiene la más mínima justificación. El argumento de que son muchas carillas para fotocopiar flota a media agua entre el absurdo y la tomada de pelo. Todo el proyecto tiene algo más de 300 páginas: redondeando en una resma de papel por legislador, el costo es de $ 25 per capita, o $ 1.225 por únic
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