El Registro de Comercio, en manos del Ejecutivo

El traspaso del Registro Público de Comercio, de la órbita del Poder Judicial a jurisdicción del Ejecutivo, se topó con visiones opuestas durante el debate en el recinto.

Los dos opositores que hicieron uso de la palabra fueron contundentes en expresar su rechazo. Esteban Jerez (bloque Alberdi) y Federico Romano Norri (UCR) afirmaron que no hallaron argumentos sólidos para que el poder político se hiciera de la administración del organismo que rige la matrícula de los comerciantes e inscribe todos los documentos cuya publicidad es exigida por la ley mercantil, además de llevar un registro de los vaivenes de las sociedades que operan en la provincia.

Jerez, puntualmente, consideró que la actual instancia de doble control (entre Personas Jurídicas y la Justicia), es clave para evitar irregularidades. "Cuanto mayores sean los controles, mejor", dijo. Romano Norri, en tanto, afirmó que la medida afecta la seguridad jurídica y ahuyenta inversiones.

Los oficialistas, por su parte, reconocieron que el tiempo de estudio de la iniciativa fue insuficiente, pero se excusaron en la necesidad de concretar las adecuaciones normativas hasta el 30 de noviembre, último plazo para acceder a un programa de financiamiento nacional destinado a la informatización del Registro Público de Comercio. "El proyecto fue consensuado con la Corte Suprema", se atajó Sisto Terán. "No estamos despojando a la Justicia de nada", acotó Roque Alvarez.

Según el texto sancionado ayer, el Registro Público de Comercio funcionará en Personas Jurídicas, bajo la órbita de la Fiscalía de Estado. Una vez promulgada, sólo la vía recursiva en caso de afectación de los derechos subjetivos de las personas seguirá en manos de los jueces del fuero Civil y Comercial.