27 Septiembre 2010 Seguir en 
Primero fue la Justicia Federal. Luego el Ejecutivo, a través de la propia Jefatura de Policía. Ahora, es el turno de la Justicia provincial. Según trascendió, esta semana serían citados a la sede penal de Tribunales varios agentes que trabajaron en la comisaría de El Manantial. Los investigadores de ese fuero están analizando si se cometieron delitos tales como incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, cohecho y defraudación a la administración pública. Sucede que varios feriantes protestaron porque los policías les cobran una "colaboración" cada domingo para darles seguridad, lo que sería otra de las presuntas irregularidades que se cometieron allí.
El escándalo estalló el 11 de septiembre, luego de que el juez federal Mario Racedo ordenó un allanamiento en la comisaría. A sus manos había llegado un video en el que se observaba a Cristian Achén, un preso procesado por presunta venta de drogas, intercambiando algo con un adolescente en la vereda de la dependencia. Gendarmería no secuestró nada, pero la causa sigue su curso y el fiscal federal Emilio Ferrer ya pidió cuatro detenciones.
Tras el operativo, El gobernador, José Alperovich, se reunió con el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera y con el subjefe de Policía, Nicolás Barrera (el jefe, Hugo Sánchez, estaba de viaje por razones personales) y les pidió explicaciones. Lo que más le llamó la atención al gobernador fue la foto de los hermanos Cristian y Fernando Achén arriba de una moto de la Policía, a metros del calabozo. Por eso, ordenó que se hicieran todos los trámites administrativos necesarios y se le diera intervención a la Justicia. Personal del Departamento de Inteligencia Criminal, a cargo del comisario general Fernando Maruf, envió copias de las actuaciones al fuero local y federal.
En el marco de este caso, ya fueron removidos de su cargo (pasados a retiro, enviados a otros destacamentos o puestos en disponibilidad) 23 policías, entre ellos, cuatro comisarios y dos subcomisarios.
El escándalo estalló el 11 de septiembre, luego de que el juez federal Mario Racedo ordenó un allanamiento en la comisaría. A sus manos había llegado un video en el que se observaba a Cristian Achén, un preso procesado por presunta venta de drogas, intercambiando algo con un adolescente en la vereda de la dependencia. Gendarmería no secuestró nada, pero la causa sigue su curso y el fiscal federal Emilio Ferrer ya pidió cuatro detenciones.
Tras el operativo, El gobernador, José Alperovich, se reunió con el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera y con el subjefe de Policía, Nicolás Barrera (el jefe, Hugo Sánchez, estaba de viaje por razones personales) y les pidió explicaciones. Lo que más le llamó la atención al gobernador fue la foto de los hermanos Cristian y Fernando Achén arriba de una moto de la Policía, a metros del calabozo. Por eso, ordenó que se hicieran todos los trámites administrativos necesarios y se le diera intervención a la Justicia. Personal del Departamento de Inteligencia Criminal, a cargo del comisario general Fernando Maruf, envió copias de las actuaciones al fuero local y federal.
En el marco de este caso, ya fueron removidos de su cargo (pasados a retiro, enviados a otros destacamentos o puestos en disponibilidad) 23 policías, entre ellos, cuatro comisarios y dos subcomisarios.
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