Por Redacción Política
13 Septiembre 2010
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Hablar de las relaciones del parentesco y la política es hablar de la historia política universal. Las relaciones de parentesco o el nombramiento de parientes en los gobiernos han sido cuestionados por diversos sistemas políticos y pre políticos desde la historia del papado a la actualidad.
En América Latina las relaciones de parentesco en la política están relacionadas con una concepción patrimonial del poder. La colonización misma se basó en la acción de particulares que usufructuaban el gobierno como un beneficio recibido a cambio de los esfuerzos invertidos en la conquista. De tal suerte, los particulares hacían uso de los cargos que no eran rentados. Lo que hoy entenderíamos como corrupción era entonces la forma natural en que el Estado retribuía a los particulares por sus acciones a favor de los objetivos de la corona.
Después de la independencia, esta concepción patrimonialista debió diluirse ya que la doctrina de soberanía popular y el sistema representativo debían fundar un gobierno en el que los individuos electos lo fueran por la voluntad popular. En Tucumán, en la primera mitad del siglo XIX los cargos políticos no eran deseables: los sueldos eran magros y los beneficios, pocos. El parentesco volvió a la política en los años en que se consolida el estado nacional a fines de XIX y las redes familiares son la trama en que se tejen, en buena medida, los vínculos entre las elites regionales.
El abuso del parentesco es igual al abuso de otras corporaciones: ubicar en un cargo clave a quien representa los intereses de mi grupo económico, por ejemplo, sería igualmente grave en el sentido de contradictorio con los principios republicanos. Un estudio clásico sobre la construcción del estado brasileño en el siglo XIX habla del minotauro imperial para ilustrar la mezcla de la tradición patrimonialista con la construcción de un estado burocrático en términos de Weber.
De algún modo el sistema representativo actual se ha convertido en una especie de Minotauro que reúne, por una parte, algunos de los rasgos de una república democrática: elecciones populares, división de poderes, responsabilidad de los funcionarios y publicidad de actos de gobierno. Y, por otra parte, prácticas que muestran el poder de las corporaciones en donde los intereses de grupo, familiares, económicos, religiosos y de partido se imponen, desdibujando al sujeto político individual y terminando por poner en jaque el bien común.
En América Latina las relaciones de parentesco en la política están relacionadas con una concepción patrimonial del poder. La colonización misma se basó en la acción de particulares que usufructuaban el gobierno como un beneficio recibido a cambio de los esfuerzos invertidos en la conquista. De tal suerte, los particulares hacían uso de los cargos que no eran rentados. Lo que hoy entenderíamos como corrupción era entonces la forma natural en que el Estado retribuía a los particulares por sus acciones a favor de los objetivos de la corona.
Después de la independencia, esta concepción patrimonialista debió diluirse ya que la doctrina de soberanía popular y el sistema representativo debían fundar un gobierno en el que los individuos electos lo fueran por la voluntad popular. En Tucumán, en la primera mitad del siglo XIX los cargos políticos no eran deseables: los sueldos eran magros y los beneficios, pocos. El parentesco volvió a la política en los años en que se consolida el estado nacional a fines de XIX y las redes familiares son la trama en que se tejen, en buena medida, los vínculos entre las elites regionales.
El abuso del parentesco es igual al abuso de otras corporaciones: ubicar en un cargo clave a quien representa los intereses de mi grupo económico, por ejemplo, sería igualmente grave en el sentido de contradictorio con los principios republicanos. Un estudio clásico sobre la construcción del estado brasileño en el siglo XIX habla del minotauro imperial para ilustrar la mezcla de la tradición patrimonialista con la construcción de un estado burocrático en términos de Weber.
De algún modo el sistema representativo actual se ha convertido en una especie de Minotauro que reúne, por una parte, algunos de los rasgos de una república democrática: elecciones populares, división de poderes, responsabilidad de los funcionarios y publicidad de actos de gobierno. Y, por otra parte, prácticas que muestran el poder de las corporaciones en donde los intereses de grupo, familiares, económicos, religiosos y de partido se imponen, desdibujando al sujeto político individual y terminando por poner en jaque el bien común.
En América Latina las relaciones de parentesco en la política están relacionadas con una concepción patrimonial del poder. La colonización misma se basó en la acción de particulares que usufructuaban el gobierno como un beneficio recibido a cambio de los esfuerzos invertidos en la conquista. De tal suerte, los particulares hacían uso de los cargos que no eran rentados. Lo que hoy entenderíamos como corrupción era entonces la forma natural en que el Estado retribuía a los particulares por sus acciones a favor de los objetivos de la corona.
Después de la independencia, esta concepción patrimonialista debió diluirse ya que la doctrina de soberanía popular y el sistema representativo debían fundar un gobierno en el que los individuos electos lo fueran por la voluntad popular. En Tucumán, en la primera mitad del siglo XIX los cargos políticos no eran deseables: los sueldos eran magros y los beneficios, pocos. El parentesco volvió a la política en los años en que se consolida el estado nacional a fines de XIX y las redes familiares son la trama en que se tejen, en buena medida, los vínculos entre las elites regionales.
El abuso del parentesco es igual al abuso de otras corporaciones: ubicar en un cargo clave a quien representa los intereses de mi grupo económico, por ejemplo, sería igualmente grave en el sentido de contradictorio con los principios republicanos. Un estudio clásico sobre la construcción del estado brasileño en el siglo XIX habla del minotauro imperial para ilustrar la mezcla de la tradición patrimonialista con la construcción de un estado burocrático en términos de Weber.
De algún modo el sistema representativo actual se ha convertido en una especie de Minotauro que reúne, por una parte, algunos de los rasgos de una república democrática: elecciones populares, división de poderes, responsabilidad de los funcionarios y publicidad de actos de gobierno. Y, por otra parte, prácticas que muestran el poder de las corporaciones en donde los intereses de grupo, familiares, económicos, religiosos y de partido se imponen, desdibujando al sujeto político individual y terminando por poner en jaque el bien común.
En América Latina las relaciones de parentesco en la política están relacionadas con una concepción patrimonial del poder. La colonización misma se basó en la acción de particulares que usufructuaban el gobierno como un beneficio recibido a cambio de los esfuerzos invertidos en la conquista. De tal suerte, los particulares hacían uso de los cargos que no eran rentados. Lo que hoy entenderíamos como corrupción era entonces la forma natural en que el Estado retribuía a los particulares por sus acciones a favor de los objetivos de la corona.
Después de la independencia, esta concepción patrimonialista debió diluirse ya que la doctrina de soberanía popular y el sistema representativo debían fundar un gobierno en el que los individuos electos lo fueran por la voluntad popular. En Tucumán, en la primera mitad del siglo XIX los cargos políticos no eran deseables: los sueldos eran magros y los beneficios, pocos. El parentesco volvió a la política en los años en que se consolida el estado nacional a fines de XIX y las redes familiares son la trama en que se tejen, en buena medida, los vínculos entre las
En América Latina las relaciones de parentesco en la política están relacionadas con una concepción patrimonial del poder. La colonización misma se basó en la acción de particulares que usufructuaban el gobierno como un beneficio recibido a cambio de los esfuerzos invertidos en la conquista. De tal suerte, los particulares hacían uso de los cargos que no eran rentados. Lo que hoy entenderíamos como corrupción era entonces la forma natural en que el Estado retribuía a los particulares por sus acciones a favor de los objetivos de la corona.
Después de la independencia, esta concepción patrimonialista debió diluirse ya que la doctrina de soberanía popular y el sistema representativo debían fundar un gobierno en el que los individuos electos lo fueran por la voluntad popular. En Tucumán, en la primera mitad del siglo XIX los cargos políticos no eran deseables: los sueldos eran magros y los beneficios, pocos. El parentesco volvió a la política en los años en que se consolida el estado nacional a fines de XIX y las redes familiares son la trama en que se tejen, en buena medida, los vínculos entre las elites regionales.
El abuso del parentesco es igual al abuso de otras corporaciones: ubicar en un cargo clave a quien representa los intereses de mi grupo económico, por ejemplo, sería igualmente grave en el sentido de contradictorio con los principios republicanos. Un estudio clásico sobre la construcción del estado brasileño en el siglo XIX habla del minotauro imperial para ilustrar la mezcla de la tradición patrimonialista con la construcción de un estado burocrático en términos de Weber.
De algún modo el sistema representativo actual se ha convertido en una especie de Minotauro que reúne, por una parte, algunos de los rasgos de una república democrática: elecciones populares, división de poderes, responsabilidad de los funcionarios y publicidad de actos de gobierno. Y, por otra parte, prácticas que muestran el poder de las corporaciones en donde los intereses de grupo, familiares, económicos, religiosos y de partido se imponen, desdibujando al sujeto político individual y terminando por poner en jaque el bien común.
En América Latina las relaciones de parentesco en la política están relacionadas con una concepción patrimonial del poder. La colonización misma se basó en la acción de particulares que usufructuaban el gobierno como un beneficio recibido a cambio de los esfuerzos invertidos en la conquista. De tal suerte, los particulares hacían uso de los cargos que no eran rentados. Lo que hoy entenderíamos como corrupción era entonces la forma natural en que el Estado retribuía a los particulares por sus acciones a favor de los objetivos de la corona.
Después de la independencia, esta concepción patrimonialista debió diluirse ya que la doctrina de soberanía popular y el sistema representativo debían fundar un gobierno en el que los individuos electos lo fueran por la voluntad popular. En Tucumán, en la primera mitad del siglo XIX los cargos políticos no eran deseables: los sueldos eran magros y los beneficios, pocos. El parentesco volvió a la política en los años en que se consolida el estado nacional a fines de XIX y las redes familiares son la trama en que se tejen, en buena medida, los vínculos entre las elites regionales.
El abuso del parentesco es igual al abuso de otras corporaciones: ubicar en un cargo clave a quien representa los intereses de mi grupo económico, por ejemplo, sería igualmente grave en el sentido de contradictorio con los principios republicanos. Un estudio clásico sobre la construcción del estado brasileño en el siglo XIX habla del minotauro imperial para ilustrar la mezcla de la tradición patrimonialista con la construcción de un estado burocrático en términos de Weber.
De algún modo el sistema representativo actual se ha convertido en una especie de Minotauro que reúne, por una parte, algunos de los rasgos de una república democrática: elecciones populares, división de poderes, responsabilidad de los funcionarios y publicidad de actos de gobierno. Y, por otra parte, prácticas que muestran el poder de las corporaciones en donde los intereses de grupo, familiares, económicos, religiosos y de partido se imponen, desdibujando al sujeto político individual y terminando por poner en jaque el bien común.
En América Latina las relaciones de parentesco en la política están relacionadas con una concepción patrimonial del poder. La colonización misma se basó en la acción de particulares que usufructuaban el gobierno como un beneficio recibido a cambio de los esfuerzos invertidos en la conquista. De tal suerte, los particulares hacían uso de los cargos que no eran rentados. Lo que hoy entenderíamos como corrupción era entonces la forma natural en que el Estado retribuía a los particulares por sus acciones a favor de los objetivos de la corona.
Después de la independencia, esta concepción patrimonialista debió diluirse ya que la doctrina de soberanía popular y el sistema representativo debían fundar un gobierno en el que los individuos electos lo fueran por la voluntad popular. En Tucumán, en la primera mitad del siglo XIX los cargos políticos no eran deseables: los sueldos eran magros y los beneficios, pocos. El parentesco volvió a la política en los años en que se consolida el estado nacional a fines de XIX y las redes familiares son la trama en que se tejen, en buena medida, los vínculos entre las elites regionales.
El abuso del parentesco es igual al abuso de otras corporaciones: ubicar en un cargo clave a quien representa los intereses de mi grupo económico, por ejemplo, sería igualmente grave en el sentido de contradictorio con los principios republicanos. Un estudio clásico sobre la construcción del estado brasileño en el siglo XIX habla del minotauro imperial para ilustrar la mezcla de la tradición patrimonialista con la construcción de un estado burocrático en términos de Weber.
De algún modo el sistema representativo actual se ha convertido en una especie de Minotauro que reúne, por una parte, algunos de los rasgos de una república democrática: elecciones populares, división de poderes, responsabilidad de los funcionarios y publicidad de actos de gobierno. Y, por otra parte, prácticas que muestran el poder de las corporaciones en donde los intereses de grupo, familiares, económicos, religiosos y de partido se imponen, desdibujando al sujeto político individual y terminando por poner en jaque el bien común.
En América Latina las relaciones de parentesco en la política están relacionadas con una concepción patrimonial del poder. La colonización misma se basó en la acción de particulares que usufructuaban el gobierno como un beneficio recibido a cambio de los esfuerzos invertidos en la conquista. De tal suerte, los particulares hacían uso de los cargos que no eran rentados. Lo que hoy entenderíamos como corrupción era entonces la forma natural en que el Estado retribuía a los particulares por sus acciones a favor de los objetivos de la corona.
Después de la independencia, esta concepción patrimonialista debió diluirse ya que la doctrina de soberanía popular y el sistema representativo debían fundar un gobierno en el que los individuos electos lo fueran por la voluntad popular. En Tucumán, en la primera mitad del siglo XIX los cargos políticos no eran deseables: los sueldos eran magros y los beneficios, pocos. El parentesco volvió a la política en los años en que se consolida el estado nacional a fines de XIX y las redes familiares son la trama en que se tejen, en buena medida, los vínculos entre las
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