El hombre respiró profundamente y trató de digerir un problema de dos años que se solucionó en dos semanas. La carpa blanca de los médicos se levantó casi al filo de las 14 de ayer. "Se están yendo", dicen que dijo el ministro más desgastado del gabinete de José Alperovich. Pablo Yedlin heredó una cuestión que no supo encontrarle la vuelta. Sencillamente porque nunca estuvo al frente de una negociación salarial. Tampoco tuvo escoltas que le encontraran la vuelta a un conflicto que al Ejecutivo le costará $ 4 millones mensuales. Unos 15.000 profesionales y empleados del sector salud serán los beneficiados.
Tras el acuerdo, los gremios estatales plantearon un mismo trato. "Tengan en cuenta que el 70% de los contratados por esta gestión son profesionales y el 30% restante obreros de la construcción, en su mayoría", contestó uno de los funcionarios de diálogo asiduo con los sindicalistas. Así trató de responder las demandas de mayores aumentos. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, esgrime que la suba salarial ya fue otorgada. El otro ministro Jiménez, Jorge, el de Economía, está próximo a enviar a la Legislatura un pedido de ampliación de presupuesto, no inferior a los $ 500 millones. Gran parte de ese mayor ingreso compensará los reajustes salariales de una planilla salarial bruta (con aportes incluidos) que pronto rozará los $ 400 millones mensuales. Se analiza la posibilidad de que los salarios de la salud se liquiden como otros casos, a través de Economía, con el fin de llevar un mayor control sobre los items que se pagan. Quedan para el análisis las razones por las cuales se decidió avanzar con los sumarios y con el cese del médico Carim Asus, hechos que terminaron agregándole nafta al conflicto, al igual que los enfrentamientos con ATSA.
Los nervios abandonaron, por lo menos por unos instantes, a gran parte del elenco de funcionarios alperovichistas. La rebelión de las casacas blancas, como lo definió alguna vez el editor de Política, Alvaro Aurane, fue una de las batallas perdidas por la actual gestión. Alperovich la asume en silencio, pero en este ajedrez político no entregará a su alfil (Yedlin). Lo mismo sucederá con el caso "hoteles alojamiento". El gobernador no prescindirá de Pablo Clavarino, pero le hizo saber al director de Rentas que el procedimiento usado para fiscalizar los moteles no era el oportuno. Sólo le agregó un problema al coctel de conflictos oficiales con algunos sectores de la sociedad. El lunes, Clavarino recibió la llamada telefónica menos esperada y con el tono de voz no acostumbrado. Le dijeron que él no es Santiago Montoya, un ex recaudador mediático, pero le sugirieron que estudiara la manera de fiscalizar cómo facturan los moteles. Una treintena de albergues transitorios está en estudio, varios de los cuales -según la evaluación oficial- no justifican un ingreso tal que le permita -al menos- pagar los salarios a sus empleados. El problema de este fin de semana fue la metodología y no el objeto del control. "Los muebles no son como el Mercofrut, en el que podés instalar una combi con inspectores para controlar el ingreso y la salida de mercaderías", comparó un hombre que conoce de cuestiones impositivas. Una idea es subir el mínimo que se cobra por habitación de $ 100 hasta $ 500 por habitación, tomando en cuenta la categoría del local que presta el servicio.
Dos Pablo que pasaron momentos difíciles y un Juan cuyo destino político aparece con ciertos nubarrones. En la sede del Ejecutivo hay inquietud respecto de lo que pueda suceder con Juan Manzur, el ministro de Salud Pública de la Nación, ungido por el propio Alperovich como su compañero de fórmula para la batalla electoral de 2011. La fortuna declarada por el licenciado vicegobernador está en observación por parte de la Justicia y en el Estado -particularmente en la Contaduría General, allí donde van las declaraciones juradas de los funcionarios- están pendientes de la llegada de un oficio pidiendo copias respecto del patrimonio de Manzur. Claro que el alcance de esa preocupación no es general, porque hay opositores -incluso dentro del PE- que esperan el desenlace de la historia de uno de los ministros más acaudalados de la gestión de Cristina de Kirchner.
Los problemas descriptos han dejado tres moralejas a la gestión:
Las negociaciones de temas conflictivos no debe caer en manos inexpertas.
La necesidad de una arenga del gobernador para acomodar la tropa con vistas a las elecciones de 2011, debido a la resistencia que hay respecto de su compañero de fórmula.
Cumplir con lo firmado. Sucedió con el caso de los autoconvocados y también con el juicio que la Provincia perdió ante el Ciadi por la causa Aguas del Aconquija.
Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y hay otro dato que preocupa al Ejecutivo: la pérdida de entre cinco y siete bancas en la capital si la gestión se mantiene en permanente conflicto con algunos sectores de la sociedad. El tiempo evaluará el costo de los errores pasados.
Tras el acuerdo, los gremios estatales plantearon un mismo trato. "Tengan en cuenta que el 70% de los contratados por esta gestión son profesionales y el 30% restante obreros de la construcción, en su mayoría", contestó uno de los funcionarios de diálogo asiduo con los sindicalistas. Así trató de responder las demandas de mayores aumentos. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, esgrime que la suba salarial ya fue otorgada. El otro ministro Jiménez, Jorge, el de Economía, está próximo a enviar a la Legislatura un pedido de ampliación de presupuesto, no inferior a los $ 500 millones. Gran parte de ese mayor ingreso compensará los reajustes salariales de una planilla salarial bruta (con aportes incluidos) que pronto rozará los $ 400 millones mensuales. Se analiza la posibilidad de que los salarios de la salud se liquiden como otros casos, a través de Economía, con el fin de llevar un mayor control sobre los items que se pagan. Quedan para el análisis las razones por las cuales se decidió avanzar con los sumarios y con el cese del médico Carim Asus, hechos que terminaron agregándole nafta al conflicto, al igual que los enfrentamientos con ATSA.
Los nervios abandonaron, por lo menos por unos instantes, a gran parte del elenco de funcionarios alperovichistas. La rebelión de las casacas blancas, como lo definió alguna vez el editor de Política, Alvaro Aurane, fue una de las batallas perdidas por la actual gestión. Alperovich la asume en silencio, pero en este ajedrez político no entregará a su alfil (Yedlin). Lo mismo sucederá con el caso "hoteles alojamiento". El gobernador no prescindirá de Pablo Clavarino, pero le hizo saber al director de Rentas que el procedimiento usado para fiscalizar los moteles no era el oportuno. Sólo le agregó un problema al coctel de conflictos oficiales con algunos sectores de la sociedad. El lunes, Clavarino recibió la llamada telefónica menos esperada y con el tono de voz no acostumbrado. Le dijeron que él no es Santiago Montoya, un ex recaudador mediático, pero le sugirieron que estudiara la manera de fiscalizar cómo facturan los moteles. Una treintena de albergues transitorios está en estudio, varios de los cuales -según la evaluación oficial- no justifican un ingreso tal que le permita -al menos- pagar los salarios a sus empleados. El problema de este fin de semana fue la metodología y no el objeto del control. "Los muebles no son como el Mercofrut, en el que podés instalar una combi con inspectores para controlar el ingreso y la salida de mercaderías", comparó un hombre que conoce de cuestiones impositivas. Una idea es subir el mínimo que se cobra por habitación de $ 100 hasta $ 500 por habitación, tomando en cuenta la categoría del local que presta el servicio.
Dos Pablo que pasaron momentos difíciles y un Juan cuyo destino político aparece con ciertos nubarrones. En la sede del Ejecutivo hay inquietud respecto de lo que pueda suceder con Juan Manzur, el ministro de Salud Pública de la Nación, ungido por el propio Alperovich como su compañero de fórmula para la batalla electoral de 2011. La fortuna declarada por el licenciado vicegobernador está en observación por parte de la Justicia y en el Estado -particularmente en la Contaduría General, allí donde van las declaraciones juradas de los funcionarios- están pendientes de la llegada de un oficio pidiendo copias respecto del patrimonio de Manzur. Claro que el alcance de esa preocupación no es general, porque hay opositores -incluso dentro del PE- que esperan el desenlace de la historia de uno de los ministros más acaudalados de la gestión de Cristina de Kirchner.
Los problemas descriptos han dejado tres moralejas a la gestión:
Las negociaciones de temas conflictivos no debe caer en manos inexpertas.
La necesidad de una arenga del gobernador para acomodar la tropa con vistas a las elecciones de 2011, debido a la resistencia que hay respecto de su compañero de fórmula.
Cumplir con lo firmado. Sucedió con el caso de los autoconvocados y también con el juicio que la Provincia perdió ante el Ciadi por la causa Aguas del Aconquija.
Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y hay otro dato que preocupa al Ejecutivo: la pérdida de entre cinco y siete bancas en la capital si la gestión se mantiene en permanente conflicto con algunos sectores de la sociedad. El tiempo evaluará el costo de los errores pasados.
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