20 Agosto 2010
La Legislatura aprobará hoy un paquete de $ 80 millones que serán desembolsados por el Gobierno en los municipios y en las comunas para la realización de un plan intensivo de obras públicas.
Durante la sesión, que comenzará a las 8, el oficialismo dará el visto bueno a dos decretos firmados por el gobernador, José Alperovich. El primero involucra un total de $ 60 millones para ser distribuidos en las 19 municipalidades. A la Capital le corresponderán $ 16,4 millones; mientras que al resto de los municipios, $ 43,6 millones.
El programa se financiará con recursos del Fondo Federal Solidario (se compone con un porcentaje de las retenciones a las exportaciones de soja) y, además, prevé que las obras y la adquisición de bienes puedan ser concretadas mediante adjudicaciones directas, sin pasar por el mecanismo de la licitación pública. El segundo decreto refiere a los $ 20 millones que se volcarán en las 93 comunas rurales. En este caso, el plan será financiado con el "fondo soja" y con recursos de la Dirección de Rentas, atento a que desde 2007 la Provincia cobra los tributos comunales.
El ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, puntualizó que los comisionados deberán demostrar la utilización de las partidas asignadas. "Debemos aplicarlos para el destino que se los envía y, fundamentalmente, rendir cuentas en tiempo y forma como lo prevé la reglamentación nacional y provincial", dijo. Jaldo aclaró que la distribución secundaria, por la cual se determinará cuánto dinero le corresponderá a cada comuna, se hará mediante el índice de coparticipación.
En tanto, los legisladores también debatirán en el recinto la prórroga hasta 2012 del cargo por obras de infraestructura que cobra la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) a las nuevas construcciones, y un proyecto para autorizar al Ejecutivo a pagar $ 574.000 en concepto de compensación a varias familias para poder liberar la traza de la ruta 327, en el tramo Arcadia-San Antonio. También se abordarán proyectos para la colegiación de arqueólogos y de traductores, la expropiación de inmuebles en Las Talitas, y la adhesión a la ley nacional de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Durante la sesión, que comenzará a las 8, el oficialismo dará el visto bueno a dos decretos firmados por el gobernador, José Alperovich. El primero involucra un total de $ 60 millones para ser distribuidos en las 19 municipalidades. A la Capital le corresponderán $ 16,4 millones; mientras que al resto de los municipios, $ 43,6 millones.
El programa se financiará con recursos del Fondo Federal Solidario (se compone con un porcentaje de las retenciones a las exportaciones de soja) y, además, prevé que las obras y la adquisición de bienes puedan ser concretadas mediante adjudicaciones directas, sin pasar por el mecanismo de la licitación pública. El segundo decreto refiere a los $ 20 millones que se volcarán en las 93 comunas rurales. En este caso, el plan será financiado con el "fondo soja" y con recursos de la Dirección de Rentas, atento a que desde 2007 la Provincia cobra los tributos comunales.
El ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, puntualizó que los comisionados deberán demostrar la utilización de las partidas asignadas. "Debemos aplicarlos para el destino que se los envía y, fundamentalmente, rendir cuentas en tiempo y forma como lo prevé la reglamentación nacional y provincial", dijo. Jaldo aclaró que la distribución secundaria, por la cual se determinará cuánto dinero le corresponderá a cada comuna, se hará mediante el índice de coparticipación.
En tanto, los legisladores también debatirán en el recinto la prórroga hasta 2012 del cargo por obras de infraestructura que cobra la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) a las nuevas construcciones, y un proyecto para autorizar al Ejecutivo a pagar $ 574.000 en concepto de compensación a varias familias para poder liberar la traza de la ruta 327, en el tramo Arcadia-San Antonio. También se abordarán proyectos para la colegiación de arqueólogos y de traductores, la expropiación de inmuebles en Las Talitas, y la adhesión a la ley nacional de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
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