Por morosos, la Cámara Electoral Nacional les afectó los aportes oficiales a 11 partidos

La situación de los partidos políticos tucumanos lejos está de normalizarse frente a la Cámara nacional Electoral. En rigor, al menos 11 agrupaciones permanecen en mora y, por ende, ya tienen afectados los aportes que el Estado nacional destina anualmente para su desenvolvimiento institucional.

El informe al que accedió LA GACETA, actualizado al 31 de julio, da cuenta de los tipos de penalidades (van desde multas pecuniarias hasta la pérdida total de los aportes oficiales) y de los motivos que derivaron en las sanciones.

Menos plata
Según consta en la resolución Nº 223 del Ministerio del Interior, a los partidos distritales de Tucumán (además de todos los cargos provinciales pueden proponer candidatos para senadores y diputados nacionales) les corresponderían unos $ 500.000 en concepto de Fondo Partidario Permanente.

De ese monto, unos $ 230.000 tienen como destinatario al Partido Justicialista, ya que en los comicios de 2009 obtuvo poco menos de 400.000 sufragios. Esta fuerza, incluso, no arrastra ninguna penalidad por haber incumplido la Ley Nº 26.215 (de financiamiento de los partidos). Como la Nación les aporta recursos para su desenvolvimiento institucional y para afrontar una campaña electoral, los responsables de las fuerzas políticas tienen la obligación de rendir cuenta del destino que dieron a los dineros públicos.

Distinta es la situación de Fuerza Republicana y del Partido Federal. Estos partidos, en lugar de recibir aportes de la Nación, deberán saldar una deuda con el Ministerio del Interior, ya que tienen afectados por completo los recursos anuales correspondientes a 2010.

El informe oficial consigna también que hay partidos con sanciones impuestas hace cinco años y que aún figuran como vigentes: por ejemplo, el Movimiento Libres del Sur y Acción por la República. Esto significa que no regularizaron la mora. Otras estructuras tienen más de un expediente iniciado en su contra y, por lo tanto, más de una sanción o multa en curso (cada trámite corre por separado). En esta situación aparecen Bandera Blanca y el Frente Grande.

Sancionada tras la crisis de diciembre de 2001, la Ley 25.600 (de Financiamiento de los partidos) fue impulsada en el afán de hacer más transparente la actividad política. No obstante, fue modificada dos años después por la Ley 26.215, que eliminó la prohibición de los partidos sancionados para presentar candidaturas.

En rigor, los castigos del Estado son sólo económicos. A partir del vencimiento de los plazos para la presentación de balances o rendiciones de cuentas, comienza a correr una multa del 0,2% del fondo partidario por cada día de demora en cumplimentar la presentación del ejercicio anual. En cada expediente, la Justicia Electoral intima a los partidos a regularizar la situación en un plazo máximo de 90 días (por ello, la multa máxima sería del 18%), bajo apercibimiento de declarar la suspensión cautelar de todos los aportes del Estado que pudiera percibir cada agrupación.