Un concursante pide la intervención de dos universidades

En los dos primeros concursos públicos que tramita el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), dos de los 14 postulantes que han formulado impugnaciones hasta solicitaron que previamente sean producidas algunas pruebas.

En su presentación, el juez en lo Civil y Comercial Común de la II Nominación de la capital, Carlos Arraya, que compite por uno de los cuatro cargos vacantes en la cámara del mismo fuero, pidió dos cosas. En primer lugar, requirió al CAM que designe consultores técnicos para que emitan "una opinión fundada y jurídica" sobre las cuestiones que él ha planteado.

El artículo 43 del Reglamento Interno del CAM prevé la posibilidad de que este, si lo "considerara conveniente", convoque a "consultores técnicos de reconocidos antecedentes en la materia (del concurso) para que emitan opinión", o para que lo asesoren al cuerpo o a los consejeros que así lo requirieran.

La disposición establece tal posibilidad como una atribución propia del CAM. La novedad radica en que es un postulante el que demanda la intervención de los consultores.

En segundo lugar, Arraya ofreció como prueba "el dictamen de un ente académico de reconocida autoridad en el campo de las ciencias jurídicas, como ser las facultades de Derecho de las universidades nacional de Buenos Aires (UBA) o de Córdoba". El magistrado pretende que a dicha comisión se le solicita opinión sobre tres cuestiones, dos de ellas vinculadas jurídicamente con los dos casos que les plantearon durante la prueba escrita para que redactaran sentencias.

Asimismo, Arraya quiere que la comisión convocada responda "si el temario propuesto en el concurso responde a las exigencias del Reglamento del CAM en punto a su extensión y a la posibilidad de que sea resuelto razonablemente en el lapso de seis horas".

Arraya, que no suma el puntaje mínimo exigido (60 puntos) para pasar a la etapa de la entrevista final ante el CAM, es uno de los ocho concursantes que afirma que, al haber sido formulado en 19 páginas, el caso Nº 2 del temario (propuesto por el jurado Daniel Moeremans) excedió las 10 páginas que permite el Reglamento del CAM.

Documentación
Carlos Antoni Piossek, que ha impugnado la valoración de sus antecedentes efectuada por el CAM, solicitó a este que concrete pedidos de informe a seis instituciones u órganos estatales; entre otros, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, y los ministerios de Economía de la Nación, de Gobierno de Salta y del Interior de Tucumán. El objetivo es que estos se expidan sobre determinados datos profesionales o académicos vinculados con el aspirante.

Hoy, a as 10, en reunión de trabajo interno, el CAM comenzará a tratar las impugnaciones.