El embargo en las cuentas públicas es como un fantasma que aparece cada tanto y que pone los pelos de punta a la gestión. Se asoma en tiempos de bonanza, cuando hay liquidez, pero que, por obra y gracia de una ley de inembargabilidad el erario no sufre una sangría fiscal ante los reclamos judiciales. Hay demandas que ya han cumplido décadas y cuyos actores aún no pueden recibir un peso. Naturalmente que esas obligaciones se acrecientan por efecto del pago de honorarios.
En el Ministerio de Economía de la Nación se sorprenden, cada tanto, cuando observan la evolución de la cantidad de juicios iniciados contra el Estado provincial en los últimos años. Y hay técnicos del Palacio de Hacienda que se animan a decir que Tucumán es líder en esta materia, no por los montos reclamados, sino por la cantidad de planteos que se van acumulando año tras año. La Justicia se maneja como corresponde; a veces la presión de la gente es mucha y el Gobierno no puede responder a todas las situaciones con la celeridad en el pago reclamado, pero todo está en el marco del respeto al derecho", supo decir, hace poco más de un mes, el fiscal de Estado, Pedro Giudice. Con ese argumento desechó la posibilidad de que se haya formado una industria del juicio contra el Estado provincial.
A la hora de elaborar los análisis de la deuda pública, el Ministerio de Economía de Tucumán sólo toma en cuenta el endeudamiento consolidados, esos $ 4.433 millones (según los últimos cálculos) que se pagarán hasta no menos de 2030, de acuerdo con la bendita refinanciación que lanzó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Lo que queda debajo de la alfombra son los juicios en curso que, de acuerdo con la evaluación oficial, importan unos $ 200 millones anuales al erario. Y hay temor que, hasta junio, se cierre el paraguas jurídico protector y el Estado deba pagar, centavo por centavo y actualizado, la deuda que acumuló durante tantos años. Para eso está en proceso de elaboración un inventario de demandas, con el fin de establecer cuán profundo es el agujero fiscal.
En el año del Desendeudamiento Provincial, la gestión del gobernador José Alperovich está liquidando los últimos bonos de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep), en su segunda edición y dolarizada. No hay dos sin tres. Dentro de un mes pondrá en circulación la tercera serie, también nominada en dólares, y por un total de U$S 100 millones. Esa emisión se amortizará hasta diciembre de 2020. Más deuda en un período de desendeudamiento. Desde ayer, esa nueva emisión está vigente. El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto 1.329, firmado por el gobernador, mediante el cual se faculta al Ejecutivo a avanzar con la emisión del Consadep III.
Aguinaldo y algo más
Los viajes a Buenos Aires son más seguidos que en otros tiempos. El Gobierno nacional convoca; Tucumán acude. No hay otro camino que recorrer que aquellos 1.400 kilómetros que unen esta ciudad con la Casa Rosada o el edificio ubicado al frente, el que comanda Amado Boudou. La necesidad de dinero es la guía de las provincias más endeudadas.
Según el último ranking, el distrito gobernador por Alperovich se encuentra en el cuarto escalón. Buenos Aires es líder absoluto, con una deuda acumulada a junio de 2009 (el último informe publicado) de $ 44.900 millones. Le siguen Córdoba ($ 8.730 millones); Chaco ($ 4.870 millones) y Tucumán, con $ 4.407 millones a esa fecha. Tres de cada cuatro pesos que se debe tienen al mismo acreedor: el Gobierno nacional.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, camina por los pasillos del edificio donde está la oficina de Boudou. Busca la cuota no acordada del tácito Plan de Asistencia Financiera para cumplir con los compromisos de este mes. Son $ 50 millones que precisa el Ejecutivo para abonarle a los acreedores. El viaje también se aprovecha para establecer cómo viene el flujo de fondos, con el fin de afrontar el pago del medio aguinaldo a los 88.000 empleados públicos. Y, también para junio, tratar de cerrar la colocación de los Consadep III en el mercado bursátil.
Tucumán no está sola. Otros distritos tienen el mismo derrotero. Algunos con mayores urgencias fiscales que otros. Pero con el problema de fondo aún no resuelto: el famoso Programa de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas sigue sin ser instrumentado. Sin eso, los gobernadores están condenados a seguir pidiendo plata prestada en la Casa Rosada. Más dependencia financiera, y también política.
La mesa está servida. La Nación le dará, a cuenta, el dinero que precisa Alperovich para cubrir los vencimientos de la deuda. Ya autorizó la emisión de los nuevos títulos dolarizados y tal vez sea posible que, antes del 9 de julio, se avale un anticipo financiero para cubrir gastos corrientes (el medio aguinaldo, en la jerga común). La tranquilidad fiscal presente está asegurada; el futuro asume otra hipoteca.
En el Ministerio de Economía de la Nación se sorprenden, cada tanto, cuando observan la evolución de la cantidad de juicios iniciados contra el Estado provincial en los últimos años. Y hay técnicos del Palacio de Hacienda que se animan a decir que Tucumán es líder en esta materia, no por los montos reclamados, sino por la cantidad de planteos que se van acumulando año tras año. La Justicia se maneja como corresponde; a veces la presión de la gente es mucha y el Gobierno no puede responder a todas las situaciones con la celeridad en el pago reclamado, pero todo está en el marco del respeto al derecho", supo decir, hace poco más de un mes, el fiscal de Estado, Pedro Giudice. Con ese argumento desechó la posibilidad de que se haya formado una industria del juicio contra el Estado provincial.
A la hora de elaborar los análisis de la deuda pública, el Ministerio de Economía de Tucumán sólo toma en cuenta el endeudamiento consolidados, esos $ 4.433 millones (según los últimos cálculos) que se pagarán hasta no menos de 2030, de acuerdo con la bendita refinanciación que lanzó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Lo que queda debajo de la alfombra son los juicios en curso que, de acuerdo con la evaluación oficial, importan unos $ 200 millones anuales al erario. Y hay temor que, hasta junio, se cierre el paraguas jurídico protector y el Estado deba pagar, centavo por centavo y actualizado, la deuda que acumuló durante tantos años. Para eso está en proceso de elaboración un inventario de demandas, con el fin de establecer cuán profundo es el agujero fiscal.
En el año del Desendeudamiento Provincial, la gestión del gobernador José Alperovich está liquidando los últimos bonos de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep), en su segunda edición y dolarizada. No hay dos sin tres. Dentro de un mes pondrá en circulación la tercera serie, también nominada en dólares, y por un total de U$S 100 millones. Esa emisión se amortizará hasta diciembre de 2020. Más deuda en un período de desendeudamiento. Desde ayer, esa nueva emisión está vigente. El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto 1.329, firmado por el gobernador, mediante el cual se faculta al Ejecutivo a avanzar con la emisión del Consadep III.
Aguinaldo y algo más
Los viajes a Buenos Aires son más seguidos que en otros tiempos. El Gobierno nacional convoca; Tucumán acude. No hay otro camino que recorrer que aquellos 1.400 kilómetros que unen esta ciudad con la Casa Rosada o el edificio ubicado al frente, el que comanda Amado Boudou. La necesidad de dinero es la guía de las provincias más endeudadas.
Según el último ranking, el distrito gobernador por Alperovich se encuentra en el cuarto escalón. Buenos Aires es líder absoluto, con una deuda acumulada a junio de 2009 (el último informe publicado) de $ 44.900 millones. Le siguen Córdoba ($ 8.730 millones); Chaco ($ 4.870 millones) y Tucumán, con $ 4.407 millones a esa fecha. Tres de cada cuatro pesos que se debe tienen al mismo acreedor: el Gobierno nacional.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, camina por los pasillos del edificio donde está la oficina de Boudou. Busca la cuota no acordada del tácito Plan de Asistencia Financiera para cumplir con los compromisos de este mes. Son $ 50 millones que precisa el Ejecutivo para abonarle a los acreedores. El viaje también se aprovecha para establecer cómo viene el flujo de fondos, con el fin de afrontar el pago del medio aguinaldo a los 88.000 empleados públicos. Y, también para junio, tratar de cerrar la colocación de los Consadep III en el mercado bursátil.
Tucumán no está sola. Otros distritos tienen el mismo derrotero. Algunos con mayores urgencias fiscales que otros. Pero con el problema de fondo aún no resuelto: el famoso Programa de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas sigue sin ser instrumentado. Sin eso, los gobernadores están condenados a seguir pidiendo plata prestada en la Casa Rosada. Más dependencia financiera, y también política.
La mesa está servida. La Nación le dará, a cuenta, el dinero que precisa Alperovich para cubrir los vencimientos de la deuda. Ya autorizó la emisión de los nuevos títulos dolarizados y tal vez sea posible que, antes del 9 de julio, se avale un anticipo financiero para cubrir gastos corrientes (el medio aguinaldo, en la jerga común). La tranquilidad fiscal presente está asegurada; el futuro asume otra hipoteca.
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