02 Mayo 2010
La discusión pública acerca del costo de la política y de la administración, áreas dentro de las cuales el salario de los funcionarios suele ser un punto polémico, puede derivar en dos clases de conversaciones.
En la primera, frecuentemente la discusión deriva en el debate escandalizado sobre el monto pagado. Ni siquiera importa mucho el monto en sí. Una ola de indignación, en general antipolítica, irrita a los interlocutores, para los cuales casi cualquier cifra es elevada para una función (política o administrativa) que aparece devaluada ante los ojos del público. En estos casos, ya sea que digamos que un legislador gana $ 3.000, 5.000 o 15.000, la falta de aprecio (merecida o no) por el funcionariado deriva en que el monto siempre parezca alto.
Pero es posible tener una conversación distinta. El valor del salario del funcionario debería discutirse en un contexto menos cortoplacista y menos "indignado". Por una parte, es relevante tener en cuenta las variables relacionadas con los recursos humanos: los montos que son necesarios pagar para reclutar funcionarios técnicamente aptos, para evitar selecciones clasistas y para generar el necesario compromiso con la función. Por la otra, es relevante tener en cuenta las variables político-institucionales. Entre estas, es fundamental que se garantice que, independientemente del monto que se fije como remuneración, ya se trate de funcionarios políticos electivos o designados, o funcionarios técnicos de la administración, existan mecanismos de rendición de cuentas, de control y de disciplina que garanticen el cumplimiento de las funciones para las cuales se les paga.
Es decir que, si bien una discusión sobre los montos pagados puede ser relevante, para que se eviten prejuicios "antipolíticos" y susceptibilidades fáciles, los mecanismos citados deben preservar la función y garantizar a la ciudadanía la integridad ética y técnica de la función pública. Si esto es así, entonces la discusión sobre los salarios habrá cambiado el eje, y será posible desarrollarla fuera de las restricciones conceptuales que usualmente la aquejan.
En la primera, frecuentemente la discusión deriva en el debate escandalizado sobre el monto pagado. Ni siquiera importa mucho el monto en sí. Una ola de indignación, en general antipolítica, irrita a los interlocutores, para los cuales casi cualquier cifra es elevada para una función (política o administrativa) que aparece devaluada ante los ojos del público. En estos casos, ya sea que digamos que un legislador gana $ 3.000, 5.000 o 15.000, la falta de aprecio (merecida o no) por el funcionariado deriva en que el monto siempre parezca alto.
Pero es posible tener una conversación distinta. El valor del salario del funcionario debería discutirse en un contexto menos cortoplacista y menos "indignado". Por una parte, es relevante tener en cuenta las variables relacionadas con los recursos humanos: los montos que son necesarios pagar para reclutar funcionarios técnicamente aptos, para evitar selecciones clasistas y para generar el necesario compromiso con la función. Por la otra, es relevante tener en cuenta las variables político-institucionales. Entre estas, es fundamental que se garantice que, independientemente del monto que se fije como remuneración, ya se trate de funcionarios políticos electivos o designados, o funcionarios técnicos de la administración, existan mecanismos de rendición de cuentas, de control y de disciplina que garanticen el cumplimiento de las funciones para las cuales se les paga.
Es decir que, si bien una discusión sobre los montos pagados puede ser relevante, para que se eviten prejuicios "antipolíticos" y susceptibilidades fáciles, los mecanismos citados deben preservar la función y garantizar a la ciudadanía la integridad ética y técnica de la función pública. Si esto es así, entonces la discusión sobre los salarios habrá cambiado el eje, y será posible desarrollarla fuera de las restricciones conceptuales que usualmente la aquejan.
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