Exactamente, ¿cuánto deben ganar los políticos?

La decisión adoptada por el gobernador, José Alperovich, de incrementar las dietas de los integrantes de los cuerpos legisferantes (Concejos Deliberantes y Legislatura) reinstaló preguntas siempre inquietantes: ¿cuánto debe ganar un político en el ejercicio de su cargo? ¿Cuál es la remuneración que corresponde atento a la responsabilidad que conlleva la función que desempeña? Las respuestas son múltiples y nunca uniformes.

El sueldo de quienes ocupan cargos en el Estado (en cualquiera de sus tres poderes) está atravesado por el silencio. Es difícil conocer con precisión a cuánto asciende el haber mensual sea la Presidenta de la Nación (ver "Posiciones a favor...") o un secretario municipal, ya que las referencias que se conocen se limitan a los ingresos nominales formales. Sin embargo, siempre hay sospechas, y hasta denuncias, de que existen aportes "extra". Por ello, los pedidos de información al respecto apuntan a obtener datos del total de ingresos.

Lo resuelto por Alperovich consiste en equiparar el aumento para el legislador y el edil con el del empleado público.

Antes de lograr el aumento, varios ediles del interior habían pedido un ajuste en sus dietas. Ocurre que de los 166, hay 90 que pertenecen a municipios que firmaron el Pacto Social con la Casa de Gobierno y sus ingresos mensuales tienen un tope de $ 2.500. De allí que toma modificación salarial debe ser autorizada por el gobernador.

En los hechos, el debate sobre los sueldos en la función pública está virtualmente cerrado ante la fuerte negativa de la sociedad. Para el caso, la nota con el anuncio de Alperovich recibió, hasta el cierre de esta edición, más de 150 comentarios en LA GACETA.com: la mayoría se oponen a la medida. Por eso, los propios dirigentes optan por el silencio. Sin embargo, esta discusión es central para desarrollar una burocracia estatal eficiente, con los más preparados ocupando los cargos, lo que, según expertos, implica remuneraciones atractivas. (ver los puntos de vista de esta página).

Cinco variantes en debate

En el debate confrontan diferentes posturas. Una es netamente economicista: un funcionario (en cualquier esfera) debería poder ganar tanto como pueda pagarle el Estado sin que el erario se resienta, a partir de una escala descendente de cargos. El eje está puesto en que las cuentas cierren, no en las funciones que se atiendan.

Otra visión, de criterio opuesto, está ubicada sobre la necesidad del político (y de su familia) de subsistir dignamente, sin depender de otros ingresos. Durante los 90, Domingo Felipe Cavallo fue un egregio defensor de este paradigma, cuando aseveró que él, como ministro de Economía, no podía subsistir con "sólo" 10.000 pesos (o dólares, en esa época) por mes. En esta punta se ubican quienes alegan que un bajo sueldo abre las puertas para hechos de corrupción en el Estado, que podrían evitarse con ingresos en niveles similares a los que percibiría un gerente en cualquier empresa privada. En esta interpretación incide el peso del mercado laboral local, que carece de una homogeneización salarial que permita precisar una cifra. La crítica en contra de esta postura es que la manera de evitar un delito (como lo sería un acto de corrupción) no puede consistir en premiar al delincuente para que no lo cometa.

Otro modo de encarar una respuesta se vincula con el criterio de Gestión Para Resultados, propuesta sobre la que giró un reciente seminario realizado en Tucumán. Sin embargo, este eje se enlaza con la idea de sueldo por productividad, que fue rechazado por todos los sectores gremiales.

Una cuarta alternativa es el "enganche". En los 80, las remuneraciones de los cargos en los poderes provinciales estaban relacionados entre sí y también respecto de la Nación. Es decir, el sueldo del gobernador representaba un tope para la administración pública y, a su vez, equivalía al porcentaje del haber de un miembro de la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo, la intervención federal de 1990 "desenganchó" los salarios públicos de la Provincia. Hoy, solamente existe un "enganche" tácito dentro de cada poder (el sueldo de los ministros equivale a un porcentaje del salario del gobernador, y el de los salarios representa una parte menor que la de los ministros).

Finalmente, durante la crisis de 2001 y de 2002, cuando cundía el "que se vayan todos", surgieron posturas que reclamaban austeridad para el "costo de la política". A la par de los reclamaron que los cargos legislativos (nacionales, provinciales y municipales) en adelante fueran "ad honorem", algunos partidos de izquierda propusieron en sus plataformas electorales que la remuneración de los representantes populares se ajustara al costo de la canasta básica familiar.

Sea el sistema que sea, lo importante es abrir el debate a la sociedad, ya que alcanza a todos.