La fragmentación del parque Guillermina

En una democracia, los ciudadanos, así como sus representantes en el Gobierno, deben ser respetuosos de la Constitución -tanto nacional como provincial- y de las instituciones por las cuales se rigen. Se suele decir que el buen ejemplo debe venir de arriba, del mismo modo que un padre debe guiar a sus hijos. Para que ellos suceda sus palabras deben verse reflejadas en sus acciones. La coherencia es la que redunda en la correcta educación. Días pasados, señalábamos la constante injerencia del Ejecutivo sobre los otros poderes, así como el avasallamiento a los municipios, en la controversia suscitada en Tafí del Valle por la construcción de un hotel, cuya obra se encuentra en infracción a las normas vigentes desde su inicio. En la oportunidad, el gobernador dijo haberle ordenado al intendente que solucionara el asunto de tal modo que los trabajos prosiguieran.

Pocos días después de que se hiciese público esta controversia, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán trató sorpresivamente y en sesión extraordinaria la donación en comodato a la Provincia de un predio perteneciente al municipio para la erección de un hogar de ancianos. El terreno forma parte del parque Guillermina, paseo público que fue declarado bien del patrimonio provincial en virtud de la ley 7.535 y, en consecuencia, no está sujeto a cesión. El predio se ubica entre La Madrid, pasaje Boulogne Sur Mer, Rojas Paz y a 125 m de Adolfo de la Vega al 500.

Como se recordará esas tierras pertenecieron, desde 1920, al industrial y filántropo Alfredo Guzmán, quien construyó allí una casa para descansar los fines de semana junto a su mujer, Guillermina Leston. En 1970, la Municipalidad adquirió el predio mediante expropiación y el Estado habilitó el paseo en diciembre de ese año. Los funcionarios sostuvieron en ese entonces que era una medida necesaria debido a que San Miguel de Tucumán se había urbanizado de manera desprolija y no disponía de terrenos para espacios verdes. Durante el Proceso, Antonio Bussi, gobernador militar, cambió el nombre del lugar y lo llamó Parque Batalla de Tucumán. Sin embargo, la mayoría de los tucumanos se refirieron siempre al paseo por su nombre original. A mediados de los años 90, afortunadamente se le restituyó su nombre original.

En la siesta soporífera del martes pasado y en el marco de un recinto casi vacío, los ediles oficialistas aprobaron el pedido que el Gobierno había formulado a través de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en violación de la ley 7535. La solicitud debió haber sido considerada por la Comisión Provincial del Patrimonio de Bienes Culturales que integran representantes del Gobierno, de la UNT, la Unsta y la UTN.

Estos defendieron el proyecto con el argumento de que la cesión en comodato no enajenaba el terreno, que podía volver a manos del municipio si no se cumplía con el destino fijado por ordenanza. El titular del Concejo admitió que el terreno forma parte del parque, pero afirmó que no era necesaria la opinión de la Comisión de Patrimonio Cultural porque se afectará "una porción muy pequeña del parque, y con un fin noble". "El Gobierno nacional va a mandar $ 30 millones para construir el centro para ancianos y tenemos que cumplir con todos los requisitos", dijo el presidente del Concejo,

Lo curioso es que el primer requisito, la consulta a la Comisión de Patrimonio, no se efectuó. Por el contrario, se aprobó de apuro un proyecto sin que haya sido debatido lo suficiente en las comisiones. ¿Por que no respetar todas las instancias de la normativa vigente? Si quienes elaboran las leyes no las respetan, cuál es el ejemplo que brindan estos representantes a la ciudadanía. En las naciones desarrolladas se hacen leyes para cumplirlas. Al parecer, estamos aún muy lejos de ellas.