Las falencias del sistema carcelario

Desde hace bastante tiempo, el sistema carcelario está en crisis, no sólo por el hacinamiento en el que generalmente viven los convictos, sino también por dudoso resultado de la reeducación que permita a los reos la reinserción social, una vez cumplida la condena. El consumo de droga en el penal de Villa Urquiza sigue sin ser investigado, según un juez, pese a que ya han transcurrido varios meses desde que sucedió el escándalo. Como se recordará, guardiacárceles encontraron, en noviembre, drogas en poder de uno de los reos que está a cargo de la sala VI. El magistrado -que presidía el tribunal en ese entonces- ordenó análisis de orina a los reclusos a su disposición. Hasta ahora, fueron examinados 24; más de la mitad había consumido cocaína o marihuana.
La semana pasada, disertó en nuestra ciudad el coordinador de la Unidad para la Investigación de los delitos contra la Integridad Sexual y fiscal general ante los Tribunales Orales Penales de la Capital Federal. Al referirse a las falencias del sistema carcelario, el magistrado aseveró que en la Argentina, la mayoría de los abusadores sexuales de niños y adolescentes sale de la cárcel, tras cumplir su condena, sin haber recibido un tratamiento psicológico que procure evitar que reincidan. El abogado señaló que la ley actual fija sanciones, pero no obliga a los encarcelados a realizar una terapia psicológica. "Este es uno de los grandes problemas que tenemos para evitar la reincidencia. Ningún abusador acepta que le hagan un tratamiento psicológico porque, de esa manera, estaría reconociendo, implícitamente, su responsabilidad y su condición de abusador".
El fiscal dijo que el índice de reincidencia de los abusadores en Capital Federal es muy bajo -no llega al 25%- pero son los casos que llevan a plantearse el posible fracaso del sistema. "Nos preguntamos cómo puede ser que mandemos preso a un sujeto por cinco o 10 años y que después salga y vuelva a hacer lo mismo. ¿De qué nos sirvió?", se preguntó, y manifestó que sería importante que el Estado contara con un equipo profesional capaz de evaluar si un sujeto está en condiciones de recuperar la libertad.
Esta observación pone en evidencia la ineficacia de un sistema en el que se invierte un presupuesto significativo. Se estima que el Servicio Penitenciario Federal gasta en todo concepto por cada preso alrededor de U$S 17.862 anuales, es decir unos $ 4.600 mensuales por convicto. De poco o nada sirve esa inversión que hace la sociedad, si al salir de la cárcel, el preso vuelve a reincidir en el delito. En otros países como el Uruguay, el actual presidente José Mujica -que estuvo en la cárcel durante 13 años- anunció un nuevo plan de construcción de viviendas, en el que los principales obreros serían los presos de las cárceles locales. "No quiero una sola carpintería en una sola cárcel, quiero que todos los presos hagan algo para solucionar el problema de la vivienda y, de yapa, el de hacinamiento... Es una manera de que los delincuentes encarcelados dejen de estar amontonados como piojos en costura", afirmó el flamante jefe de Estado.
La creciente ola de delincuencia y, por lo tanto, de inseguridad, los penales abarrotados y la ineficacia para cumplir con la misión de rehabilitar al presidiario, debería ser suficiente para impulsar un debate serio, en el que intervinieran los sectores de la justicia, la educación y la salud mental. De ese debate, debería surgir una política de Estado. Habría que seguir de cerca la experiencia uruguaya cuando se concrete. Si esta funciona, como aspira el mandatario uruguayo, el preso dejaría de ser un elemento pasivo para integrarse activamente a la sociedad durante el período que dura su condena. De ese modo, se estaría cumpliendo con el objetivo social.