13 Abril 2003 Seguir en 
Se acercan las elecciones y la pregunta excluyente es cómo resolverá los problemas el próximo gobierno. El tiempo de las postergaciones se agota y debería venir el tiempo de las soluciones. La fecha electoral llega con la sensación de que lo peor se ha superado. En efecto, observando la evolución de algunas variables como la cotización del dólar, la tasa de inflación, la recaudación tributaria, el volumen de depósitos bancarios y el mismo nivel de actividad económica, podría concluirse que la economía empezó un proceso de recuperación y los pronósticos anuncian un crecimiento del PBI del 3%, 4%.
A esa sensación se agrega que, faltando muy pocos días para las elecciones no hay indicadores que reflejen mayor riesgo. La explicación es que desde la óptica de los mercados ya no queda mucho de negativo por hacer.
A esta percepción se suma el excesivo ajuste al que fue sometida la economía después de la devaluación, que se traduce en caída de las importaciones, por la fuerte contracción de la economía, lo que determinó un abultado superávit de la balanza comercial, caída del salario real en moneda doméstica, tasa de desempleo muy alta, y profundización de la distribución regresiva del ingreso.
Estos factores restan espacio a posibles sobresaltos que las expectativas de recambio de gobierno podrían ocasionar, sobre todo en el aspecto financiero.
Lo cierto es que se detuvo la caída libre, y la economía se recupera, pero no quiere decir crecimiento, porque los problemas más acuciantes no se han resuelto, y por lo tanto el desafío será definir cómo y sobre qué bases se reconstruye la economía y el tramado institucional en un complicado contexto externo. Por eso, si bien es difícil prever escenarios sobre la evolución de la economía durante la próxima gestión, sí puede anticiparse que las soluciones "por partes" no tendrán resultado, porque se necesita y se exige desde el sector privado una política integral y consistente capaz de generar credibilidad. La lupa estará focalizada en aspectos que son prioritarios y que deberían tener de entrada un adecuado tratamiento, entre ellos están: una política fiscal pro-crecimiento.
Se sigue esperando transparencia y eficiencia en el gasto público, hay que disminuir la presión fiscal, sobre todo a las actividades productivas, porque no se puede continuar sofocando al aparato productivo por ineficiencias del Estado. Si no se revierte esta situación será muy difícil que baje el desempleo.
Es fundamental, además, establecer un nuevo régimen de coparticipación tributaria y definir mecanismos que hagan que el gasto crezca menos proporcionalmente que los ingresos fiscales, y crear un fondo para evitar fuertes desequilibrios. Está comprobado que las adversidades que ocasiona una crisis resultan atenuados si se cuenta con una estructura tributaria sin impuestos distorsivos que afectan la producción.
Política cambiaria y monetaria: es probable que al menos durante los primeros meses, la nueva gestión adopte un esquema cambiario similar al vigente. Esto es, un régimen de flotación intervenida con un valor del tipo de cambio que oscilará por debajo de $3.
De esta forma, con tipo de cambio flotante, como no hay ajuste automático entre oferta y demanda de dinero, el Banco Central se verá obligado a flexibilizar las metas de expansión monetaria pautadas con el FMI, puesto que, como quedó demostrado con la reciente liberación de depósitos reprogramados, se verifica una demanda excedente de pesos.
Nuevo acuerdo con el FMI: se cree muy probable una negociación más rápida que la última, todo dependerá de las medidas que se quieran adoptar. Las dudas están centradas en si será un acuerdo de corto o largo alcance y esto estaría en función de cómo se avance con la reestructuración de la deuda. Rediseño del sistema financiero: en este capítulo hay mucho por hacer y resolver.
A esa sensación se agrega que, faltando muy pocos días para las elecciones no hay indicadores que reflejen mayor riesgo. La explicación es que desde la óptica de los mercados ya no queda mucho de negativo por hacer.
A esta percepción se suma el excesivo ajuste al que fue sometida la economía después de la devaluación, que se traduce en caída de las importaciones, por la fuerte contracción de la economía, lo que determinó un abultado superávit de la balanza comercial, caída del salario real en moneda doméstica, tasa de desempleo muy alta, y profundización de la distribución regresiva del ingreso.
Estos factores restan espacio a posibles sobresaltos que las expectativas de recambio de gobierno podrían ocasionar, sobre todo en el aspecto financiero.
Lo cierto es que se detuvo la caída libre, y la economía se recupera, pero no quiere decir crecimiento, porque los problemas más acuciantes no se han resuelto, y por lo tanto el desafío será definir cómo y sobre qué bases se reconstruye la economía y el tramado institucional en un complicado contexto externo. Por eso, si bien es difícil prever escenarios sobre la evolución de la economía durante la próxima gestión, sí puede anticiparse que las soluciones "por partes" no tendrán resultado, porque se necesita y se exige desde el sector privado una política integral y consistente capaz de generar credibilidad. La lupa estará focalizada en aspectos que son prioritarios y que deberían tener de entrada un adecuado tratamiento, entre ellos están: una política fiscal pro-crecimiento.
Se sigue esperando transparencia y eficiencia en el gasto público, hay que disminuir la presión fiscal, sobre todo a las actividades productivas, porque no se puede continuar sofocando al aparato productivo por ineficiencias del Estado. Si no se revierte esta situación será muy difícil que baje el desempleo.
Es fundamental, además, establecer un nuevo régimen de coparticipación tributaria y definir mecanismos que hagan que el gasto crezca menos proporcionalmente que los ingresos fiscales, y crear un fondo para evitar fuertes desequilibrios. Está comprobado que las adversidades que ocasiona una crisis resultan atenuados si se cuenta con una estructura tributaria sin impuestos distorsivos que afectan la producción.
Política cambiaria y monetaria: es probable que al menos durante los primeros meses, la nueva gestión adopte un esquema cambiario similar al vigente. Esto es, un régimen de flotación intervenida con un valor del tipo de cambio que oscilará por debajo de $3.
De esta forma, con tipo de cambio flotante, como no hay ajuste automático entre oferta y demanda de dinero, el Banco Central se verá obligado a flexibilizar las metas de expansión monetaria pautadas con el FMI, puesto que, como quedó demostrado con la reciente liberación de depósitos reprogramados, se verifica una demanda excedente de pesos.
Nuevo acuerdo con el FMI: se cree muy probable una negociación más rápida que la última, todo dependerá de las medidas que se quieran adoptar. Las dudas están centradas en si será un acuerdo de corto o largo alcance y esto estaría en función de cómo se avance con la reestructuración de la deuda. Rediseño del sistema financiero: en este capítulo hay mucho por hacer y resolver.







