La presión fiscal aplasta al campo

Una de los grandes problemas en el campo tucumano es la creciente presión impositiva, que limita la capacidad operativa de las empresas. Por estos días, los productores analizan con suma preocupación que el campo no consiguió ninguna modificación al impuesto a las Ganancias en lo que respecta al ajuste por inflación, pese a los reiterados reclamos del sector.
Tampoco hay respuestas a que, por lo menos, se permitiera ajustar los stocks iniciales con los finales al mismo valor, con lo cual se evitaría tener que pagar una ganancia ficticia. En los últimos días, las entidades representativas del campo reiteraron el planteo al Gobierno y solicitaron que se prorrogue la presentación de declaraciones juradas y pago de Ganancias hasta tanto se concrete una efectiva implementencia del ajuste. "Los índices de ajuste por inflación en el impuesto a las Ganancias es algo que nos distorsionó totalmente nuestra carga impositiva", reconoció a LA GACETA el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), José Manuel Paz.
El impuesto a los bienes personales también agobia a los ruralistas. Pese a la enorme devaluación, no se ha adecuado la base imponible de 102.300 pesos de este gravamen, lo cual también incide en los aportes del sector agropecuario y de la población en general.
Paz hizo notar que la aplicación de un IVA diferencial para el sector de granos también restó rentabilidad. El empresario agricultor y presidente de Cactu, Otto Gramajo, evidenció que casi no se cobra nada de este impuesto por la venta. "Antes, el IVA era del 21%, y nos hacían una retención del 9% en la venta. Luego el impuesto bajó al 10,5%, pero con la misma retención anterior", apuntó. El problema se origina en que los productores pagan sus insumos con un IVA del 21%, pero no pueden trasladar este gravamen cuando comercializan sus producciones. Es por eso que las entidades ruralistas pidieron que el IVA diferencial alcance por lo menos a los insumos del agro.
Pero hay más. Desde este mes rigen las modificaciones del IVA, a partir de lo cual las retenciones actuales pasan a ser del 5% con una devolución por parte de la AFIP, de cuatro de esos cinco puntos que se retienen a través de la Clave Bancaria Unica (CBU) donde está registrado el operador de granos. De esta manera, el productor se va a ver prácticamente obligado a registrar sus operaciones. Si hace esto, la DGI le devolverá esos cuatro puntos sobre los cinco mencionados, en un promedio de 75 días. Si no registra las operaciones y, en cambio, las informa -lo hacen las bolsas y los operadores directamente a la DGI sin costo para el productor- la devolución de ese saldo fiscal demoraría entre 135 y 140 días. Prácticamente, el doble de tiempo y con un costo financiero que se le agrega al sector agropecuario.
Otro aspecto que resta es la eliminación de los convenios de competitividad que ha reimplantado la ganancia mínima presunta a muchas economías regionales. Además, con las retenciones el tipo de cambio real para el sector disminuye significativamente y si a esto se le agrega el menor poder de compra o el aumento de los insumos.
En el campo tucumano también se quejan porque sigue vigente el impuesto al cheque, que afecta a la economía en general. "Este gravamen iba a ser algo puntual, pero el Gobierno nacional ya le está tomando el gusto a esta forma de recaudar y está quedando definitivo", opinó Paz.
Los gravámenes provinciales en Tucumán también representan un dolor de cabeza para los productores. El impuesto a los Ingresos Brutos, que el campo paga porque cayó la alícuota cero, ahora será percibido por la provincia a través del débito automático en cuentas corrientes, lo que derivará, con seguridad, en que los productores deban pagar dos veces el mismo tributo, con las consecuencias negativos que esto supone.


Una ayuda con la emergencia
UNA BUENA para los productores tucumanos es la decisión del Gobierno de la Provincia de implementar la emergencia o desastre agropecuario para las zonas que fueron afectadas por la sequía estival. "La emergencia agropecuaria es un respiro interesante para el productor en cuanto a los impuestos provinciales", señaló el titular de la SRT, José Manuel Paz. A través de este esquema, implementado a través de un decreto, los productores afectados accederán a determinados beneficios fiscales, como condonaciones y esperas en pagos de impuestos y obligaciones con la Caja Popular de Ahorro. "En realidad, la emergencia no representa un gran beneficio, porque se habla mucho de postergaciones, y se deja de pagar el impuesto inmobiliario de los lotes afectados, que no tiene demasiada incidencia", remarcó el presidente de Cactu, Otto Gramajo. Consideró que la disposición sirve especialmente para los productores chicos, y se lamentó que de oxígeno a los deudores con la Caja Popular. "En realidad, deben ser pocos los que le deben a la Caja. El problema son las deudas con otros bancos", apuntó.


La carga de los tributos provinciales
LA QUEJA generalizada de los agricultores de la provincia es que hasta el año pasado estaban exentos de pagar Ingresos Brutos, porque regía el régimen de alícuota cero, mientras que ahora deben hacer frente al tributo mes a mes. También a los productores tucumanos les preocupa la decisión de la Provincia de cobrar este impuesto a través del débito bancario en cuenta corriente. "Sobre eso queremos ver cómo se reglamenta. Entiendo que en estos días va a salir en el Boletín Oficial cómo es la reglamentación", sostuvo el presidente de la Rural. "Pretendemos que en Ingresos Brutos no nos cobren, entre las percepciones y retenciones, sumado ahora al débito bancario, más de lo que corresponde", apuntó Paz. Argumentó que los saldos que quedan a favor del productor son muy difíciles de recuperar. "Eso no sería problema en la medida que el conjunto de todas las retenciones que se hacen sobre Ingresos Brutos, por una vía o por otra, no supere lo que corresponde realmente pagar, de manera que el productor no quede con un saldo a favor que luego no recuperará", resaltó.