Piden más control estatal de la resistencia sísmica en Tucumán

"Los sismos se ensañan con la precariedad", recuerda el ingeniero Fernando Insaurralde, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El funcionario se sirve de la cita del geólogo Alfredo Tineo para señalar cuáles son las construcciones más expuestas a los movimientos telúricos. Pero las autoridades del Colegio de Ingenieros Civiles advierten que la precariedad comienza, justamente, en el control municipal del cumplimiento de la norma de edificación sismorresistente en las obras privadas. Esteban Ruiz Chanta, secretario de la institución, afirma: "el Estado deja toda la responsabilidad en manos de los profesionales".

Las pautas obligatorias en la materia están vigentes desde la década de 1970. La Provincia renovó la adhesión al reglamento del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres-Cirsoc 103) mediante la Ley 7.869, de 2007. Por imperio del artículo 5 de ese instrumento, los municipios y la Secretaría de Obras Públicas -en el territorio de las comunas- tienen autoridad para aplicar el reglamento y ejercer el poder de policía.

El texto del Inpres-Cirsoc especifica las características que deben reunir las obras civiles para resistir un sismo en función de una zonificación del riesgo. El más bajo (0) está en Buenos Aires, y el más alto (4), en San Juan y Mendoza. Tucumán queda comprendida en una zona de probabilidad sísmica moderada (2). "Las exigencias de sismorresistencia no son iguales en la Ciudad de Buenos Aires que en Cuyo, pero el Estado tiene siempre la obligación de controlar", arguye Ricardo Ferullo, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles.

Los cálculos referidos a la sismorresistencia están incluidos en el plano de estructura. La Municipalidad de la capital exige este documento (entre otros requisitos) para autorizar la construcción. Pero, de acuerdo con los representantes de los ingenieros, la revisión de la previsión antisísmica es meramente formal. Agregan que hasta hace algunos años la Dirección de Catastro se limitaba a estampar el sello "visado sin estudio".

"Nosotros delegamos el cumplimiento de la normativa antisísmica en el profesional que calcula la estructura. La Municipalidad no verifica las operaciones porque ese trabajo excede nuestra capacidad técnica: tendríamos que armar un equipo con especialistas", admite Insaurralde. Las autoridades del Colegio de Ingenieros Civiles dicen que los municipios del interior siguen el procedimiento de San Miguel de Tucumán, cuyo territorio concentra casi todos los edificios en altura de la provincia.

"La profundidad del control depende de la voluntad política", según el ingeniero Enrique Galíndez, director del Instituto de Estructuras de la Universidad Nacional de Tucumán y asesor del proyecto que precedió a la Ley 7.869. Enuncia: "nadie puede aprobar algo que no ha estudiado".

La ingeniería antisísmica adapta el edificio al movimiento del suelo. "Se encarece la construcción en la medida en que requiere más hormigón o más hierro. Nunca he visto a nadie que especule con esta medida de seguridad, pero puede pasar", apostilla Juan Ramazzotti, presidente del Colegio de Arquitectos de Tucumán. "La situación es grave porque, además, la Municipalidad no controla ni registra al constructor de la obra privada", reprocha Ruiz Chanta. El Colegio de Ingenieros Civiles presentó un proyecto de ordenanza para crear el registro de constructores en julio de 2008, pero el Municipio aún no ha dado una respuesta.

Los ingenieros temen que no sólo las viviendas precarias del cinturón marginal colapsen con un eventual terremoto. Postulan: "si los edificios resisten, será porque todos los técnicos son idóneos y probos. En el caso contrario, habrá muchos responsables y será difícil identificar a los constructores". Insaurralde, que insinúa que el control de la sismorresistencia quizá no sea el más adecuado, expresa que la seguridad depende de los ciudadanos. Y agrega: "es verdad que la honestidad intelectual a veces deja mucho que desear".