MADRID.- La Audiencia Nacional acusó al gobierno de Hugo Chávez de cooperar en una presunta alianza entre las FARC y ETA, que habrían trabajado juntos para intentar matar al presidente Alvaro Uribe y a su antecesor, Andrés Pastrana, entre otros altos cargos colombianos. Según el juez Eloy Velasco, obran diligencias que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre ambos grupos armados ilegales.
El magistrado apunta especialmente al etarra Arturo Cubillas Fontán, que ocupó varios cargos públicos desde la llegada de Chávez al poder. Este y cinco miembros de ETA, además de siete miembros de la guerrilla colombiana fueron procesados por intentar asesinar en España a Uribe, a Pastrana y otros altos funcionarios colombianos.
España pidió explicaciones al Gobierno de Venezuela, según manifestó ayer mismo el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Al mismo tiempo, la Cancillería venezolana rechazó por "inaceptable" la acusación, que calificó "de naturaleza y motivazión política" contra el Gobierno.
Velasco sostiene que Cubillas Fontán es desde 1999 el encargado de coordinar las relaciones entre la organización separatista vasca y las FARC. Su esposa es la directora general del gabinete de la Presidencia venezolana, Goizeber Odriozola Lataillade. El juez asegura también que militares venezolanos prestaron escolta a miembros de ETA que impartieron en suelo venezolano cursos sobre manejo de explosivos a las FARC en 2007. El auto de Velasco se conoció el mismo día en el que se supo que uno de los tres presuntos etarras detenidos el domingo en Francia, José Lorenzo Ayestaran Legorburu, es un veterano del grupo armado que estuvo refugiado en Venezuela. A este individuo de 52 años se le atribuye una decena de asesinatos cometidos en la década de 1980. Chávez estuvo incluso a punto de otorgarle la nacionalidad en 2006, algo que finalmente impidió el gobierno de Zapatero.
Nómina
Además de Cubillas Fontán, el juez Velasco procesó a los supuestos etarras José Ignacio Echarte Urbieta; Ignacio Domínguez Achalandabaso; José María Zaldua; José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. Los presuntos miembros de la FARC procesados son el "canciller" Rodrigo Granda; Emiro del Carmen Ropero; Remedios García; Luciano Martín; Omar Arturo Zabala, Víctor Ramón Vargas Salazar y Edgar Gustavo Navarro Morales.
Según el juez Velasco, Navarro Morales y Vargas Salazar viajaron a España en 2000 y pidieron ayuda a ETA para localizar a Pastrana en el país. Luego hicieron seguimientos a Uribe durante sus visitas a España. La conclusión fue: "no sería difícil atentar contra ellos siempre que se contase con la ayuda de ETA". Entre los objetivos figuraban también el vicepresidente Francisco Santos, la ex embajadora en Madrid Noemí Sanín y el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus. (DPA)
El magistrado apunta especialmente al etarra Arturo Cubillas Fontán, que ocupó varios cargos públicos desde la llegada de Chávez al poder. Este y cinco miembros de ETA, además de siete miembros de la guerrilla colombiana fueron procesados por intentar asesinar en España a Uribe, a Pastrana y otros altos funcionarios colombianos.
España pidió explicaciones al Gobierno de Venezuela, según manifestó ayer mismo el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Al mismo tiempo, la Cancillería venezolana rechazó por "inaceptable" la acusación, que calificó "de naturaleza y motivazión política" contra el Gobierno.
Velasco sostiene que Cubillas Fontán es desde 1999 el encargado de coordinar las relaciones entre la organización separatista vasca y las FARC. Su esposa es la directora general del gabinete de la Presidencia venezolana, Goizeber Odriozola Lataillade. El juez asegura también que militares venezolanos prestaron escolta a miembros de ETA que impartieron en suelo venezolano cursos sobre manejo de explosivos a las FARC en 2007. El auto de Velasco se conoció el mismo día en el que se supo que uno de los tres presuntos etarras detenidos el domingo en Francia, José Lorenzo Ayestaran Legorburu, es un veterano del grupo armado que estuvo refugiado en Venezuela. A este individuo de 52 años se le atribuye una decena de asesinatos cometidos en la década de 1980. Chávez estuvo incluso a punto de otorgarle la nacionalidad en 2006, algo que finalmente impidió el gobierno de Zapatero.
