23 Febrero 2010 Seguir en 
Hay una situación que se produce indefectiblemente, todos los años, a esta altura. De parte del Gobierno de la Provincia, se formula un anuncio sobre la fecha oficial en que habrán de dar comienzo las clases. Simultáneamente, de parte de los gremios docentes, esa fecha se relativiza: el comienzo ocurrirá siempre y cuando en ese momento sean satisfechas, por el Gobierno, sus requerimientos de mejora salarial. Como se sabe, demandan el blanqueo de las sumas en negro o una nueva cifra en el básico.
Esto no es de hoy, sino que constituye un entredicho casi habitual. Muy pocos años ha dejado de suscitarse. Así lo registra la memoria pública y sin duda se lo puede comprobar con precisión recorriendo las colecciones de nuestro diario.
Obviamente, no se trata aquí de denostar las legítimas aspiraciones de quienes enseñan, dirigidas a obtener la retribución que entienden justa para la sacrificada tarea que desarrollan. Nadie podría discutir tampoco que, en la época en que vivimos, con la presencia cierta de la inflación, el siempre delicado tema salarial se vuelve aún más preocupante para todo el que trabaja en relación de dependencia. Y, por fin, tampoco sería posible desconocer la trascendencia que reviste la misión del maestro. Los padres le confían una parte sustancial de la educación de sus hijos, y por esa misma razón debe reconocerse su trabajo con haberes de monto razonable.
Aún teniendo en cuenta tales obvias consideraciones, tampoco es posible desconocer las aristas inquietantes que la realidad presente tiene. Por un lado están los docentes, esgrimiendo sus comprensibles reivindicaciones. Pero por el otro están los alumnos, que tienen innegable derecho a recibir educación, y sus progenitores, sometidos a la incertidumbre sobre el momento en que esa educación empezará a brindarse efectivamente.
Es decir, no puede dejarse de tener en cuenta que el problemático inicio del período lectivo tiene carácter de perturbación mayúscula en la vida toda de la sociedad. Afecta cuantiosos valores relacionados con la comunidad cuya enumeración sería ocioso intentar. No parece admisible que, como decimos arriba, prácticamente todos los años algo de tanta incidencia como la actividad escolar se vea sometido a un proceso de incógnitas.
Creemos necesario que se dote a estas cuestiones de un norte, de una dirección, de aquí en adelante. La reclamación salarial de los docentes debió haber sido estudiada, debatida y resuelta durante los meses del receso. Su existencia no era para nada desconocida y, sin embargo, se ha llegado a que cuando la fecha de inicio está encima, la cuestión empieza a preocupar al Estado.
Es de esperar que la bruma existente en torno al comienzo de las clases se disipe en forma inmediata. Por cierto que, como están planteadas las cosas, será necesario un esfuerzo de ambas partes, a través de las respectivas concesiones que son de rigor en la solución de toda controversia.
De parte del Estado, la consideración de que la urgencia de asegurar la instrucción pública constituye unas auténtica prioridad, y que ella justifica todos los sacrificios presupuestarios que demande. Y de parte de los maestros, consecuentemente, una actitud lo suficientemente realista y flexible, a fin de una exitosa culminación de las tratativas.
No es el maestro un empleado común. Conviene recordar palabras de Juan B. Terán. Decía que "todo lo que toca el espíritu cobra un aspecto de cosa sagrada. No se es maestro, como se tiene una profesión cualquiera. Da estado, sella la vida, la impregna para siempre: se muere maestro". Y por eso, serlo "no requiere las condiciones brillantes de la inteligencia, sino las condiciones escondidas de la virtud, la tolerancia, la paciencia, del amor esperanzado, la fe en la posibilidad infinita de descubrir tesoros en el alma del niño".
Esto no es de hoy, sino que constituye un entredicho casi habitual. Muy pocos años ha dejado de suscitarse. Así lo registra la memoria pública y sin duda se lo puede comprobar con precisión recorriendo las colecciones de nuestro diario.
Obviamente, no se trata aquí de denostar las legítimas aspiraciones de quienes enseñan, dirigidas a obtener la retribución que entienden justa para la sacrificada tarea que desarrollan. Nadie podría discutir tampoco que, en la época en que vivimos, con la presencia cierta de la inflación, el siempre delicado tema salarial se vuelve aún más preocupante para todo el que trabaja en relación de dependencia. Y, por fin, tampoco sería posible desconocer la trascendencia que reviste la misión del maestro. Los padres le confían una parte sustancial de la educación de sus hijos, y por esa misma razón debe reconocerse su trabajo con haberes de monto razonable.
Aún teniendo en cuenta tales obvias consideraciones, tampoco es posible desconocer las aristas inquietantes que la realidad presente tiene. Por un lado están los docentes, esgrimiendo sus comprensibles reivindicaciones. Pero por el otro están los alumnos, que tienen innegable derecho a recibir educación, y sus progenitores, sometidos a la incertidumbre sobre el momento en que esa educación empezará a brindarse efectivamente.
Es decir, no puede dejarse de tener en cuenta que el problemático inicio del período lectivo tiene carácter de perturbación mayúscula en la vida toda de la sociedad. Afecta cuantiosos valores relacionados con la comunidad cuya enumeración sería ocioso intentar. No parece admisible que, como decimos arriba, prácticamente todos los años algo de tanta incidencia como la actividad escolar se vea sometido a un proceso de incógnitas.
Creemos necesario que se dote a estas cuestiones de un norte, de una dirección, de aquí en adelante. La reclamación salarial de los docentes debió haber sido estudiada, debatida y resuelta durante los meses del receso. Su existencia no era para nada desconocida y, sin embargo, se ha llegado a que cuando la fecha de inicio está encima, la cuestión empieza a preocupar al Estado.
Es de esperar que la bruma existente en torno al comienzo de las clases se disipe en forma inmediata. Por cierto que, como están planteadas las cosas, será necesario un esfuerzo de ambas partes, a través de las respectivas concesiones que son de rigor en la solución de toda controversia.
De parte del Estado, la consideración de que la urgencia de asegurar la instrucción pública constituye unas auténtica prioridad, y que ella justifica todos los sacrificios presupuestarios que demande. Y de parte de los maestros, consecuentemente, una actitud lo suficientemente realista y flexible, a fin de una exitosa culminación de las tratativas.
No es el maestro un empleado común. Conviene recordar palabras de Juan B. Terán. Decía que "todo lo que toca el espíritu cobra un aspecto de cosa sagrada. No se es maestro, como se tiene una profesión cualquiera. Da estado, sella la vida, la impregna para siempre: se muere maestro". Y por eso, serlo "no requiere las condiciones brillantes de la inteligencia, sino las condiciones escondidas de la virtud, la tolerancia, la paciencia, del amor esperanzado, la fe en la posibilidad infinita de descubrir tesoros en el alma del niño".







