Supervisión del Estado en los colegios privados

En estos días, la opinión pública ha quedado ingratamente sorprendida por la situación planteada en el Colegio Herman Hollerith. Como se sabe, ese establecimiento céntrico -que llegó en un momento dado a adquirir prestigio por lo avanzado de su enseñanza- de pronto ha cerrado sus puertas. Esto dejó sin asiento a todos sus alumnos y sin trabajo a unos 50 docentes, situación doblemente grave por el hecho de ocurrir a pocos días del inicio del período lectivo.

Según lo manifestaron los docentes, el cierre es la culminación de los problemas económicos que venían aquejando a ese centro educativo, donde a primera vista se percibe un cuadro difícil de explicar. Afirman que, a pesar de que el Colegio recibía del Gobierno Provincial una subvención del 70 por ciento en el secundario y de otro 70 por ciento en el terciario, desde cinco o seis meses atrás no se les pagaban sus sueldos. Y desde mucho tiempo atrás, tampoco se hacían los aportes de la obra social ni los previsionales, lo que dejaba a los profesores sin cobertura en ambos casos.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), frente a la situación, se preguntó cómo es posible que las autoridades educativas provinciales dejaran pasar la apuntada irregularidad respecto del destino del subsidio. Esto si se piensa que existen legalmente plazos -de 10 a 15 días- para que los colegios devuelvan las planillas con los sueldos abonados, dado que, si no lo hacen, el Estado suspende los aportes. Sucede que, al parecer las planillas se presentaron, pero con firmas que estarían adulteradas.

Más allá de las actuaciones en sede judicial, y de las seguridades que el Ejecutivo ha dado a los alumnos de que rendirán sus exámenes y obtendrán asiento en otros colegios, nos parece que el caso requiere un comentario más general. En Tucumán existen alrededor de 300 colegios de los distintos niveles, que representan alrededor de un 25 por ciento del sistema educativo. Un organismo del Ministerio de Educación de la Provincia, que es la Dirección de Enseñanza Privada, tiene supervisión sobre estos establecimientos, lo que conlleva, teóricamente, periódicas auditorías tanto pedagógicas como contables.

La entidad gremial afirma que, desde hace varios años, ha venido solicitando sin éxito a los sucesivos ministros que se dote a la referida Dirección de un servicio contable y jurídico propio. Esto permitiría realizar tales auditorías con la frecuencia, regularidad y efectividad que corresponden, superando las demoras burocráticas. Si esos recaudos se cumplieran debidamente, de acuerdo con el decreto regulador 2191, no serían posibles casos como el que ahora debe deplorarse del colegio Hollerith. Porque el Estado estaría informado de la solvencia económica del establecimiento, así como de la administración del subsidio que aporta y del desenvolvimiento pedagógico, y podría tomar a tiempo las medidas correctivas adecuadas.

Parece ocioso advertir que la instalación y el funcionamiento cotidiano de un colegio constituyen algo muy distinto a la marcha de un negocio cualquiera, dada la delicada índole de los intereses que allí están en juego. Existen una serie de condiciones cuya observancia es fundamental, y el poder público tiene el deber de verificarlas constantemente. Para que no ocurra que, de pronto, alumnos, docentes y padres se encuentren con situaciones como la descripta.

En ese sentido, el caso Hollerith debe servir de advertencia para que no vuelva a repetirse. De más está decir que la cuestión ha de ser investigada a fondo. Es preciso esclarecer en detalle cómo ocurrieron las cosas: el destino del subsidio, las firmas de las planillas, las causas por las cuales el poder público no intervino a tiempo y también fijar las responsabilidades involucradas en el trámite de este curioso y perjudicial acontecimiento.