El mantenimiento de los edificios públicos

En nuestra edición de ayer, informamos acerca del deplorable suceso ocurrido en las dependencias de la Universidad Nacional de Tucumán. La lluvia se filtró por los techos del Rectorado e inundó la oficina de la Dirección de Títulos. El resultado fue que se empaparon casi medio millar de expedientes, formularios de diplomas y computadoras. Una ilustrativa fotografía mostraba a las empleadas utilizando la plancha para secar los delicados papeles que se dañaron. No es el único caso, ocurrido en las semanas recientes, de daños generados por las tormentas en locales del Estado. Cabe recordar lo que sucedió en dependencias del PAMI,  del área de oncología del Hospital de Niños y del Registro Civil, cuyos techos cedieron ante los empujes del agua.

Tales acontecimientos no pueden menos que suscitar una serie de reflexiones, no por obvias menos necesarias de ser consignadas para su inmediata corrección. Un problema común, en prácticamente todas las dependencias oficiales, es que en las mismas no se realiza periódicamente una tarea de mantenimiento. Pareciera que a nadie se le ocurre que el estado de un edificio debe ser verificado con cierta frecuencia, para detectar las fallas que pudieran existir y poderlas consecuentemente solucionar.

Entre nosotros, es muy raro que tal fiscalización ocurra. Pasan los años y nadie parece advertir que las construcciones sufren deterioros que, si no son advertidos y atendidos, pueden tener en algún momento consecuencias graves y costosas. Un ejemplo mayúsculo lo constituyen tradicionalmente los establecimientos escolares. Es verdad que estos últimos años se ha avanzado en ese tema; pero también lo es que las deficiencias aún se mantienen en una apreciable proporción. Están derivadas del ningún trabajo de mantenimiento, como si se considerase que basta con ejecutar una obra para que la misma sirva sin reparación alguna por tiempo indeterminado.

Para nadie es un secreto, yendo a los casos actuales, que el verano de Tucumán se caracteriza por tormentas de gran intensidad, que ponen a prueba la solidez de la cubierta de los edificios. Parecería elemental, entonces, que antes de la temporada de lluvias, en todas las reparticiones se procediera a una revisión detenida de los techos, para localizar tempranamente los riesgos que pudieran presentar, y abocarse a solucionarlos de manera diligente.

Se supone que los organismos estatales cuentan con personal para realizar tales verificaciones, y que rigen normas que disponen su periódica realización. Si así no ocurre, debiera implementarse un sistema capaz de advertir con antelación las fallas que han de ser atendidas. En gran número de las empresas privadas, ese tipo de contralor es cosa común. Así lo revela el hecho de que raramente se producen siniestros de esta naturaleza, que son tan frecuentes, en cambio, en las dependencias estatales. Existe, a mayor abundamiento, un argumento económico y de costos. Los arreglos posteriores a un derrumbe de techos o al ingreso libre de agua en un ámbito, resultan mucho más caros que una reparación efectuada a tiempo.

A todo esto deben agregarse todavía los inconvenientes de diverso tipo que, tras los percances, impactan desfavorablemente en el público. No debe olvidarse que, como se trata de organismos del Estado, el trámite para ejecutar las reparaciones no suele ser nada sencillo, dados los recaudos burocráticos que resulta obligado cumplimentar para el correspondiente gasto. Esto obliga, al público, a someterse a traslados y los consiguientes apiñamientos para ser debidamente atendido en otro ámbito, hasta que la solución finalmente se concrete. Urge crear, en la conciencia de los funcionarios responsables, la necesidad de prever los daños que siempre derivan de las lluvias estivales.