A 100 kilómetros de la capital de la provincia viven unas 25.000 personas que dieron un ejemplo de civismo que muchos miraron con atención. Cuando la situación delictiva se hizo insostenible decidieron hacerse respetar como ciudadanos y, sin necesidad de actos de violencia, les torcieron el brazo a las autoridades. Los dueños de la seguridad son ellos, y así lo demostraron.
Hace más de 10 años en el barrio Obispo Piedrabuena, cerca del parque 9 de Julio, se puso en marcha una un plan de seguridad impulsado por los vecinos. Las razones que obligaron a los habitantes de la zona son las mismas que hoy desvelan a los tucumanos: los constantes asaltos. Por eso ellos decidieron ponerse al frente de la lucha contra el delito. Pidieron una reunión con los entonces jefes de Policía y funcionarios gubernamentales del área y demarcaron lo que sería su propio programa, no ya el del Estado, sino lo que ellos querían basándose en sus propias necesidades. La experiencia, aunque acotada, sigue hoy y ese barrio, enclavado en la conflictiva Villa 9 de Julio, puede exhibir la ya no tan común imagen de vecinos tomando mate en la calle mientras sus hijos juegan en la calle.
En Alberdi se vieron forzados a salir a la calle. Más de 200 personas dijeron basta: en dos semanas se habían repetido atracos violentos contra comercios y particulares, perpetrados aparentemente por un mismo grupo de personas. Ya no se trataba de asaltos en horas de la madrugada, amparados en la oscuridad de la noche. Los hombres atacaban al mediodía, o a la siesta, a la vista de todos. "Parecía zona liberada", graficó Héctor Gallo, una de las víctimas. Se pararon frente a la comisaría y comenzaron su cruzada. Fue cuestión de horas: se cambió al jefe de la dependencia y se la dotó de más personal, se suspendieron las vacaciones de los agentes, se prohibieron los servicios adicionales, se implementó la Patrulla Motorizada y se establecieron guardias diarias tanto de Infantería como de la Brigada Sur. El jefe interino de la Regional Sur, el comisario mayor Carlos Carabajal, el jefe de zona, Ramón Quinteros, el secretario de Seguridad Ciudadana de la provincia, Eduardo Di Lella y el intendente Luis Campos debieron dar explicaciones y prometer que todo cambiaría. Tras esto, se firmó una tregua. Desde el viernes no hubo más asaltos en Alberdi. Los vecinos prometieron que ante el primer ataque volverían las protestas. La situación preocupó a los funcionarios: ¿qué pasaría si este tipo de manifestaciones y reclamos se repitieran en el resto de la provincia, incluidas las 14 seccionales de la capital? ¿Se les podría dar el mismo tipo de solución a todos? Suena imposible.
Las excusas
Ante esta situación, llegaron por lo bajo algunos descargos de policías que no quieren asomar la cabeza por miedo a que se la corten. Aseguran que son los peores pagos del país (un oficial ayudante que trabaja 24 horas y descansa 48 gana unos $2.800, pero en esos dos días de descanso se hacen servicios adicionales, que se pagan entre $11 y $13 la hora), aunque en realidad están casi en el mismo sueldo que un médico o un maestro en Tucumán. También advierten que les entregan vales de $ 15 de combustible para patrullar las 14 horas del día, lo que es cierto. Algunos dicen que les dan armas obsoletas (con recordar el caso de la policía que tuvo que enfrentar a trompadas a un violador cuando su pistola se trabó basta), aunque hace un año se compraron 300 pistolas. También afirman que los servicios adicionales son el premio para algunos, y que deben entregar una parte de lo que cobran a su jefe, algo muy difícil de probar y nunca denunciado.
Lo sucedido en el barrio El Mirador el domingo a la noche no tiene explicación. Un hombre, a las 22.15, llegó a su casa y advirtió que se la habían desvalijado. Llamó a la Policía y un agente en moto arribó dos horas después y lo único que les dijo es que no tocaran nada hasta que llegaron los peritos. A las 8.15 fue a la comisaría de Cebil Redondo y no le quisieron tomar la denuncia. Recién a las 12 de ayer, 14 horas después de que se descubrió el hecho, fueron hasta su domicilio para conocer lo que había sucedido. Lo mismo sucedió en la madrugada del sábado, en La Rinconada, aunque el ataque fue mucho más grave ya que los miembros de la familia fueron tomados como rehenes y golpeados por los delincuentes. Para este tipo de hechos, las excusas no sirven. Falta de móviles, falta de combustible, falta de personal, líneas de teléfono ocupadas... La respuesta debería ser inmediata.
Por eso toma relevancia lo sucedido en Alberdi. Los vecinos quieren sentirse cuidados, protegidos y, más allá de que la seguridad empieza por cada casa, es el Estado el que debe velar para que ello suceda. La queja, la denuncia, la manifestación pública se hace cada vez más necesaria a los ojos del pueblo. Nadie quiere que lo olviden. Lo sabe Claudio Roselló, que ayer se paró otra vez frente a Tribunales para que todo el mundo sepa que uno de los hombres que mató a su esposa Silvia durante un asalto sigue prófugo. Lo sabe todavía Alberto Lebbos, cuando faltan pocos días para que se cumplan cuatro años del asesinato de su hija y no obtiene las respuestas que busca. De a poco lo empiezan a entender todos los tucumanos, que exigen que sus voces sean escuchadas. ¿Lo sabrán ya los funcionarios?
Hace más de 10 años en el barrio Obispo Piedrabuena, cerca del parque 9 de Julio, se puso en marcha una un plan de seguridad impulsado por los vecinos. Las razones que obligaron a los habitantes de la zona son las mismas que hoy desvelan a los tucumanos: los constantes asaltos. Por eso ellos decidieron ponerse al frente de la lucha contra el delito. Pidieron una reunión con los entonces jefes de Policía y funcionarios gubernamentales del área y demarcaron lo que sería su propio programa, no ya el del Estado, sino lo que ellos querían basándose en sus propias necesidades. La experiencia, aunque acotada, sigue hoy y ese barrio, enclavado en la conflictiva Villa 9 de Julio, puede exhibir la ya no tan común imagen de vecinos tomando mate en la calle mientras sus hijos juegan en la calle.
En Alberdi se vieron forzados a salir a la calle. Más de 200 personas dijeron basta: en dos semanas se habían repetido atracos violentos contra comercios y particulares, perpetrados aparentemente por un mismo grupo de personas. Ya no se trataba de asaltos en horas de la madrugada, amparados en la oscuridad de la noche. Los hombres atacaban al mediodía, o a la siesta, a la vista de todos. "Parecía zona liberada", graficó Héctor Gallo, una de las víctimas. Se pararon frente a la comisaría y comenzaron su cruzada. Fue cuestión de horas: se cambió al jefe de la dependencia y se la dotó de más personal, se suspendieron las vacaciones de los agentes, se prohibieron los servicios adicionales, se implementó la Patrulla Motorizada y se establecieron guardias diarias tanto de Infantería como de la Brigada Sur. El jefe interino de la Regional Sur, el comisario mayor Carlos Carabajal, el jefe de zona, Ramón Quinteros, el secretario de Seguridad Ciudadana de la provincia, Eduardo Di Lella y el intendente Luis Campos debieron dar explicaciones y prometer que todo cambiaría. Tras esto, se firmó una tregua. Desde el viernes no hubo más asaltos en Alberdi. Los vecinos prometieron que ante el primer ataque volverían las protestas. La situación preocupó a los funcionarios: ¿qué pasaría si este tipo de manifestaciones y reclamos se repitieran en el resto de la provincia, incluidas las 14 seccionales de la capital? ¿Se les podría dar el mismo tipo de solución a todos? Suena imposible.
Las excusas
Ante esta situación, llegaron por lo bajo algunos descargos de policías que no quieren asomar la cabeza por miedo a que se la corten. Aseguran que son los peores pagos del país (un oficial ayudante que trabaja 24 horas y descansa 48 gana unos $2.800, pero en esos dos días de descanso se hacen servicios adicionales, que se pagan entre $11 y $13 la hora), aunque en realidad están casi en el mismo sueldo que un médico o un maestro en Tucumán. También advierten que les entregan vales de $ 15 de combustible para patrullar las 14 horas del día, lo que es cierto. Algunos dicen que les dan armas obsoletas (con recordar el caso de la policía que tuvo que enfrentar a trompadas a un violador cuando su pistola se trabó basta), aunque hace un año se compraron 300 pistolas. También afirman que los servicios adicionales son el premio para algunos, y que deben entregar una parte de lo que cobran a su jefe, algo muy difícil de probar y nunca denunciado.
Lo sucedido en el barrio El Mirador el domingo a la noche no tiene explicación. Un hombre, a las 22.15, llegó a su casa y advirtió que se la habían desvalijado. Llamó a la Policía y un agente en moto arribó dos horas después y lo único que les dijo es que no tocaran nada hasta que llegaron los peritos. A las 8.15 fue a la comisaría de Cebil Redondo y no le quisieron tomar la denuncia. Recién a las 12 de ayer, 14 horas después de que se descubrió el hecho, fueron hasta su domicilio para conocer lo que había sucedido. Lo mismo sucedió en la madrugada del sábado, en La Rinconada, aunque el ataque fue mucho más grave ya que los miembros de la familia fueron tomados como rehenes y golpeados por los delincuentes. Para este tipo de hechos, las excusas no sirven. Falta de móviles, falta de combustible, falta de personal, líneas de teléfono ocupadas... La respuesta debería ser inmediata.
Por eso toma relevancia lo sucedido en Alberdi. Los vecinos quieren sentirse cuidados, protegidos y, más allá de que la seguridad empieza por cada casa, es el Estado el que debe velar para que ello suceda. La queja, la denuncia, la manifestación pública se hace cada vez más necesaria a los ojos del pueblo. Nadie quiere que lo olviden. Lo sabe Claudio Roselló, que ayer se paró otra vez frente a Tribunales para que todo el mundo sepa que uno de los hombres que mató a su esposa Silvia durante un asalto sigue prófugo. Lo sabe todavía Alberto Lebbos, cuando faltan pocos días para que se cumplan cuatro años del asesinato de su hija y no obtiene las respuestas que busca. De a poco lo empiezan a entender todos los tucumanos, que exigen que sus voces sean escuchadas. ¿Lo sabrán ya los funcionarios?
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