Enero sigue poniendo en evidencia las miserias y frustraciones de un país institucionalmente raquítico. Los mecanismos previstos para resguardo de derechos y garantías, al parecer, son concebidos por el oficialismo como una formalidad sin sentido, cuando no como un fastidio.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo ha vuelto a poner de manifiesto -una vez más- a propósito del escándalo suscitado en el Banco Central (BCRA) con Martín Redrado. La jefa de Estado ahora pide al Congreso un "trámite breve y rápido" para poder rellenar -más que cumplir convencidamente- con ciertas formas legales lo que ya ha dispuesto de antemano: la destitución de Redrado al frente del BCRA. Quien efectúa esta exhortación es, curiosamente, la mandataria que, en un primer momento, salteó al propio Congreso al haber decidido la remoción de Redrado mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), sin haber requerido el dictamen obligatorio, aunque no vinculante, de una comisión bicameral especial, como manda la Ley 24.144, que estatuye la Carta Orgánica del BCRA.
El requerimiento de la Presidenta es toda una metáfora de lo que el oficialismo entiende por la trama institucional: algo que, si se puede, hay que evitar, pero si no queda otro remedio que cumplir -seguramente debido a "las presiones de una conspiración mediático-opositora-judicial", como suele quejarse la jefa de Estado- hay que afrontarlo de modo breve y rápido. Y, por sobre todo, con disgusto. Tres hechos confirman esta tesitura.
Sí, pero no...
En primer lugar, el artículo 4 del decreto Nº 18/2010, que relevó a Redrado, sólo prevé la intervención del Congreso en los términos de la Ley 26.122, la norma que establece el régimen legal aplicable a los DNU para su posterior ratificación legislativa. Esto implica que jamás se tuvo en consideración la necesidad de solicitar el aconsejamiento de la comisión bicameral, como ordena la Carta Orgánica del BCRA; dictamen que, además, fue relativizado en todo momento por su carácter no vinculante.
Por eso, en la sentencia que pronunciaron el viernes, Clara María do Pico y Marta Herrera, vocales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, debieron recordar con firmeza que, "si bien es cierto que el mentado consejo no resulta vinculante, ello no significa que no sea necesario ni jurídicamente relevante y, prima facie, el accionante (por Redrado) tendría derecho a pretender el cumplimiento de la ley que reglamenta la forma en que puede ser removido".
En segundo lugar, finalmente ayer comenzó a sesionar la comisión bicameral, pero curiosamente sólo la integran, además del vicepresidente, Julio Cobos, tres diputados, pero no los tres senadores que también prevé el artículo 9 de la Carta Orgánica del BCRA. Esto quiere decir que se está dejando de lado nada menos que al Senado, órgano que representa los intereses de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, precisamente, presta acuerdo para la designación del presidente del BCRA (durante seis años). Esto, justamente porque, a partir de la reforma constitucional de 1994, el Congreso goza de la atribución de establecer y reglamentar "un banco federal" (antes de 1994 sólo se hablaba de un banco nacional, sin referencias al componente "federal"), con facultad para emitir moneda (artículo 75, inciso 6).
Una tercera muestra elocuente del estado de cosas son las palabras -sin desperdicios- del presidente del bloque oficialista del Senado, Miguel Angel Picchetto. Como si se tratara de un institucionalista español de fines del siglo XIX, instó con seriedad: "los integrantes de la comisión (bicameral) deben estar por encima de las posiciones políticas para priorizar la responsabilidad institucional y, de este modo, hacer un aporte a la estabilidad de una institución clave del país, como lo es el Banco Central". Curiosamente, él fue uno de los legisladores que el lunes desfiló por la Casa Rosada para trabajar, junto con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, en el proyecto de dictamen que el oficialismo, por medio del diputado Gustavo Marconato, defenderá ante la comisión que se expedirá sobre la remoción de Redrado; es decir, en el seno del Poder Ejecutivo se cuecen los argumentos que serán impulsados para que, a su vez, el Congreso aconseje al propio Ejecutivo sobre lo que este ya ha decidido. Aunque parezca una broma, esta confusión -más que división- de poderes impera con absoluta normalidad.
Nada sorprende
Otra manifestación de este precario sentido por la institucionalidad -por momentos indolente- que reina en el país es que algunas de las cooperativas de trabajo conformadas para participar del programa "Argentina trabaja", financiado por el Estado nacional, llevan denominaciones ("Trabajando con José" o "Las mujeres con Betty") que abiertamente expresan, cual si se tratara de sublemas alperovichistas, su identificación política con el oficialismo provincial. Eso sin contar que un par de ellas registraron como domicilio la sede de una municipalidad (la de Banda del Río Salí).
El verano continúa poniendo al sol los circuitos de un plan pergeñado al más ortodoxo calor del asistencialismo -por más que este calificativo sulfure a los oficialistas que se jactan de la supuesta nueva cultura en marcha-, en el que conviven funcionarios escondidos detrás de las sombras; dinero (en abundancia) del Estado, y punteros políticos sumamente adiestrados para convertir en rehén a gente con demasiadas carencias para poner resistencia a semejante trama. Es el pobre espectáculo de la miseria subyugando a la propia miseria.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo ha vuelto a poner de manifiesto -una vez más- a propósito del escándalo suscitado en el Banco Central (BCRA) con Martín Redrado. La jefa de Estado ahora pide al Congreso un "trámite breve y rápido" para poder rellenar -más que cumplir convencidamente- con ciertas formas legales lo que ya ha dispuesto de antemano: la destitución de Redrado al frente del BCRA. Quien efectúa esta exhortación es, curiosamente, la mandataria que, en un primer momento, salteó al propio Congreso al haber decidido la remoción de Redrado mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), sin haber requerido el dictamen obligatorio, aunque no vinculante, de una comisión bicameral especial, como manda la Ley 24.144, que estatuye la Carta Orgánica del BCRA.
El requerimiento de la Presidenta es toda una metáfora de lo que el oficialismo entiende por la trama institucional: algo que, si se puede, hay que evitar, pero si no queda otro remedio que cumplir -seguramente debido a "las presiones de una conspiración mediático-opositora-judicial", como suele quejarse la jefa de Estado- hay que afrontarlo de modo breve y rápido. Y, por sobre todo, con disgusto. Tres hechos confirman esta tesitura.
Sí, pero no...
En primer lugar, el artículo 4 del decreto Nº 18/2010, que relevó a Redrado, sólo prevé la intervención del Congreso en los términos de la Ley 26.122, la norma que establece el régimen legal aplicable a los DNU para su posterior ratificación legislativa. Esto implica que jamás se tuvo en consideración la necesidad de solicitar el aconsejamiento de la comisión bicameral, como ordena la Carta Orgánica del BCRA; dictamen que, además, fue relativizado en todo momento por su carácter no vinculante.
Por eso, en la sentencia que pronunciaron el viernes, Clara María do Pico y Marta Herrera, vocales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, debieron recordar con firmeza que, "si bien es cierto que el mentado consejo no resulta vinculante, ello no significa que no sea necesario ni jurídicamente relevante y, prima facie, el accionante (por Redrado) tendría derecho a pretender el cumplimiento de la ley que reglamenta la forma en que puede ser removido".
En segundo lugar, finalmente ayer comenzó a sesionar la comisión bicameral, pero curiosamente sólo la integran, además del vicepresidente, Julio Cobos, tres diputados, pero no los tres senadores que también prevé el artículo 9 de la Carta Orgánica del BCRA. Esto quiere decir que se está dejando de lado nada menos que al Senado, órgano que representa los intereses de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, precisamente, presta acuerdo para la designación del presidente del BCRA (durante seis años). Esto, justamente porque, a partir de la reforma constitucional de 1994, el Congreso goza de la atribución de establecer y reglamentar "un banco federal" (antes de 1994 sólo se hablaba de un banco nacional, sin referencias al componente "federal"), con facultad para emitir moneda (artículo 75, inciso 6).
Una tercera muestra elocuente del estado de cosas son las palabras -sin desperdicios- del presidente del bloque oficialista del Senado, Miguel Angel Picchetto. Como si se tratara de un institucionalista español de fines del siglo XIX, instó con seriedad: "los integrantes de la comisión (bicameral) deben estar por encima de las posiciones políticas para priorizar la responsabilidad institucional y, de este modo, hacer un aporte a la estabilidad de una institución clave del país, como lo es el Banco Central". Curiosamente, él fue uno de los legisladores que el lunes desfiló por la Casa Rosada para trabajar, junto con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, en el proyecto de dictamen que el oficialismo, por medio del diputado Gustavo Marconato, defenderá ante la comisión que se expedirá sobre la remoción de Redrado; es decir, en el seno del Poder Ejecutivo se cuecen los argumentos que serán impulsados para que, a su vez, el Congreso aconseje al propio Ejecutivo sobre lo que este ya ha decidido. Aunque parezca una broma, esta confusión -más que división- de poderes impera con absoluta normalidad.
Nada sorprende
Otra manifestación de este precario sentido por la institucionalidad -por momentos indolente- que reina en el país es que algunas de las cooperativas de trabajo conformadas para participar del programa "Argentina trabaja", financiado por el Estado nacional, llevan denominaciones ("Trabajando con José" o "Las mujeres con Betty") que abiertamente expresan, cual si se tratara de sublemas alperovichistas, su identificación política con el oficialismo provincial. Eso sin contar que un par de ellas registraron como domicilio la sede de una municipalidad (la de Banda del Río Salí).
El verano continúa poniendo al sol los circuitos de un plan pergeñado al más ortodoxo calor del asistencialismo -por más que este calificativo sulfure a los oficialistas que se jactan de la supuesta nueva cultura en marcha-, en el que conviven funcionarios escondidos detrás de las sombras; dinero (en abundancia) del Estado, y punteros políticos sumamente adiestrados para convertir en rehén a gente con demasiadas carencias para poner resistencia a semejante trama. Es el pobre espectáculo de la miseria subyugando a la propia miseria.
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