El desprecio a las instituciones y al régimen republicano se evidenció, una vez más, por la jefa del Ejecutivo federal. Impuso primero -autocráticamente- por medio de un improcedente DNU la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, esperando para ello que el Congreso finalizara su período de sesiones ordinarias. Quiso apoderarse de más de U$S 6.500 millones de reservas del Banco Central, evitando el análisis y discusión de esta medida trascendente por parte del Parlamento, en un tema que -constitucionalmente- es de exclusiva incumbencia legislativa.
El Central -conforme su carta orgánica- es una entidad autárquica del Estado nacional. En la formulación y en la ejecución de la política monetaria y fiscal no está sujeta a órdenes, indicaciones o instrucciones del Ejecutivo nacional.
Esta medida inconsulta alimenta constantemente un clima de inestabilidad, de desconfianza, de inseguridad jurídica y de imprevisibilidad que impacta en el clima de negocios e inversiones del país. Se agrega a la disolución de las AFJP, a la intervención del Indec y a la regulación inconstitucional de los DNU que permite su vigencia desde su emisión y aunque luego una de las Cámaras del Congreso lo rechace. Los últimos DNU que emitió la Presidenta son nulos de nulidad absoluta. El Poder Judicial operó como límite a esta autocracia intolerante que funciona permanentemente con actos destituyentes del ordenamiento constitucional, nulificando los improcedentes DNU sobre esta materia.
