Ni los abogados conocen bien la ley del consumidor

Los consumidores tucumanos que quieran accionar contra empresas cuya casa matriz esté en Buenos Aires ahora pueden hacerlo en los Tribunales de Tucumán. Antes lo impedía un artículo de la ley que ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
"A pesar de que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor está vigente desde hace casi diez años, el Estado no se preocupa por difundirla, no hay una aplicación efectiva de la norma ni un control eficaz, y tampoco los consumidores saben defender sus derechos", según advirtió el especialista Carlos Ghersi, quien es catedrático de la UBA y participa en un congreso sobre el tema, que comenzó ayer en la Facultad de Derecho. Reveló que incluso hay abogados que no conocen la Ley de Defensa del Consumidor.
Tampoco se hacen campañas de concientización. "Al Estado no le interesa difundir los derechos de la gente. Esa actitud supuestamente neoliberal implica un perjuicio para los derechos de los consumidores", señaló.

Organismos de aplicación
Los organismos de aplicación de la ley no tienen autonomía respecto del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, es difícil que puedan funcionar bien -según opinó Ghersi-. En los países desarrollados estos organismos son independientes; tienen presupuesto propio y, por lo tanto, una actuación más importante. Por ejemplo, actúan en la revisión de los contratos de ahorro previo y detección de cláusulas abusivas.
Otra diferencia con Estados Unidos es que allá hay "acciones de clase". Es decir que si una persona gana un juicio por una cláusula abusiva, esa cláusula pierde vigencia para todos los demás contratantes. En la Argentina cada persona tiene que hacer su propio juicio.
"A pesar de que la ley establece el deber de información de la empresa sobre cómo se conforman los precios (qué partes corresponden a costos, a impuestos y a ganancia), como no hay un control, las empresas ponen un precio final y no se sabe si hay una exagerada tasa de ganancia o un abultamiento de los costos", dijo Ghersi.
El especialista advirtió que en los precios de los servicios domiciliarios (luz, gas, teléfonos) están calculados costos por inversiones que en realidad no se producen. "Dentro de diez años nos vamos a encontrar con que estos servicios van a estar absolutamente descapitalizados, sin inversión, y probablemente en ese momento se los devuelva al Estado en esas condiciones", pronosticó el catedrático.