En mayo había asegurado que su trabajo era impecable

23 Octubre 2009
CONCEPCION.- El juicio político que decidió pedir la Corte Suprema de Justicia de la provincia contra la fiscala Eva Frías de Ruiz, tiene como principal detonante la denuncia que formuló en su contra el agricultor de Alberdi, Dante Cebe.
A principios del año pasado, el hombre fue víctima en su propia casa de un violento asalto del que participaron por lo menos cuatro delincuentes armados. Luego de que lo golpearan a él y a su esposa, los ladrones se alzaron con cerca de $100.000, ropas y joyas.
La Policía, luego de una intensa investigación, logró aprehender a  Luis Soria, Pedro Soria, Edmundo Quinteros, Jorge Cuenca y Sandra Rivero, según el informe oficial. Elementos secuestrados, como una campera de la esposa de Cebe y otros objetos, incriminaban directamente a los hombres como autores del atraco. Sin embargo, al poco tiempo quedaron en libertad. Cebe se indignó ya que ni siquiera lo habían citado a reconocer a los aprehendidos ni a los elementos secuestrados. Enfurecido recurrió al Ministerio Fiscal para denunciar a la fiscala de haber incurrido en serias irregularidades en el trámite de la causa.  Por esta razón el caso pasó a manos del fiscal Edgardo Sánchez, quien de inmediato pidió que los hombres liberados sean recapturados. Después requirió la prisión preventiva de todos. Al mismo tiempo se dispuso la intervención de la fiscalía a cargo de Frías de Ruiz y la iniciación de un sumario.
En mayo la fiscala respondió ante la Corte los cargos formulados en su contra. Lo hizo a través de una presentación de 200 fojas. "Todas las causas que entraron en mi fiscalía fueron tramitadas en forma impecable y ajustada a los Códigos Procesal, Penal y Constitucional", dijo entonces en declaraciones a LA GACETA. "Espero que sea la Corte la que resuelva la cuestión del sumario. Así puede suceder que se archiven las actuaciones o que se me aplique alguna sanción. Pero no aparece la destitución, porque a través de sumario no se puede destituir, sino sólo a través de juicio político y cuando se tiene pruebas valederas", apuntó. La tormenta de cuestionamientos que envolvía a la Fiscalía III se tornó más insostenible al producirse en esa dependencia  la sustracción de $9.700. El hecho quedó esclarecido al confesar ser autora del hecho una empleada. (C)

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