A cinco años del caso de las 4x4, se secuestró otro auto del principal acusado
El vehículo, que había sido comprado de buena fue por un hombre, tenía los números identificarios truchados. Pedro Tomas y otras 20 personas esperan ser juzgadas por la causa que se inició en 2004, y en la que están imputados ex funcionarios judiciales. El procedimiento. Video
05 Septiembre 2009 Seguir en 
"Yo lo único que quiero es limpiar mi nombre". Estas fueron las palabras que le dijo Pedro Tomas a LA GACETA a fines de abril de este año, cuando se conoció que había sido sobreseído en un juicio oral federal. Pero su nombre sigue apareciendo en expedientes judiciales. El jueves, la Policía encontró un automóvil Fiat Duna, sobre el que pesaba un pedido de secuestro desde 2002, cuyo propietario, según la documentación, era el propio Tomas, uno de los 21 imputados por la Justicia en el marco de la investigación conocida como "el caso de las 4x4", que aún esperan ser enjuiciadas.
Personal de la sección Sustracción de Automotores, al mando de los comisarios Mario Barrera, Humberto Ruezgas, Raúl Ferreira y René Aguirre estaba haciendo recorridos de prevención cuando, en la esquina de avenida República del Líbano y Chile, descubrieron un vehículo que era conducido por un hombre, a quien le pidieron que se detuviera para verificar la documentación del rodado. El hombre (su identidad se reserva ya que no está involucrado en la causa) entregó todos los papeles y allí surgió que el vehículo estaba a nombre de Pedro José Tomas. Los policías entonces pidieron un informe a la oficina de verificación de dominio, que depende del Departamento Operaciones Policiales. Rápidamente surgió que el 2 de septiembre de 2002 la Policía Federal había emitido una orden de incautación del Fiat Duna rojo, patente CJD-225 por la causa Secuestro Prendario. Ante esto, los policías trasladaron el vehículo hasta la sede de la Dirección General de Investigaciones, en calle Junín al 800. Una vez allí comenzaron a trabajar los peritos de la Policía Científica. Según el informe oficial, los números de motor habían sido rebajados con una amoladora y que se les habían colocado otros posteriormente, para hacerlos coincidir con la tarjeta verde y con el título, que también serían apócrifos. También eran truchos los números de identificación del chasis. Cuando el hombre que conducía el vehículo declaró, dijo que había adquirido el vehículo de buena fe, y mostró documentación que avalaba su versión. Pero afirmó que él no se lo había comprado a Tomas sino a otro hombre, por lo que los investigadores suponen que el rodado pasó por varias manos antes de llegar a su actual propietario.
Los policías consultaron al fiscal Carlos Sale, que está de turno, quien ordenó que el vehículo permaneciera secuestrado y que se solicitaran todos los informes necesarios para certificar qué dependencia de la Policía Federal era la que había pedido la incautación del vehículo ya que, aparentemente, no era la delegación Tucumán de esa fuerza nacional.
En 2008, el juez Federal N 2 Mario Agustín Racedo concluyó la investigación del "caso 4x4". La causa había sido iniciada el 13 de junio de 2003 cuando personal de Gendarmería Nacional detuvo una camioneta Ford Ranger. Ese mismo día, en la sede del Escuadrón, se presentó un hombre con un certificado judicial de fecha 1 de octubre de 2002, expedido por la Fiscalía X, mediante el cual se lo autorizaba a circular con el rodado mencionado. Luego se supo que sobre esa camioneta pesaba un pedido de secuestro de un juzgado de Morón, provincia de Buenos Aires. No sólo la cédula había sido adulterada: al rodado le habían cambiado los números de motor y los de las chapas patentes.
Organización delictiva
El caso fue investigado primero por el ya depuesto juez federal Felipe Terán, y luego pasó a manos de Racedo. Según el expediente, este último, al requerir la elevación a juicio, consideró: "se pudo acreditar, prima facie, la existencia de una organización delictiva que se dedicaba en forma habitual al lavado de activos de origen delictivo, que consistía en incorporar al mercado y a su tráfico vehículos robados a los que se les daba una aparente licitud mediante el otorgamiento de documentación falsa". Esta maniobra, indica el juez en su resolución, se concretaba "ya sea mediante la falsificación de documentación perteneciente al Registro Nacional de Propiedad del Automotor, en muchos casos original, o, en algunos casos, también mediante el otorgamiento de certificados judiciales que se otorgaban en el marco de causas apócrifas o bien sin existencia de causa, que en casi todos los casos provenían de la Fiscalía de la IV Nominación, a cargo del ex fiscal Héctor Alfredo Abraham Musi". Este último fue destituido por la Legislatura tras un juicio político a raíz de la investigación de las 4x4. Racedo, en una resolución de 140 páginas, afirmó: "se ha podido establecer por semiplena prueba la autoría del hecho ilícito mencionado en la persona de Pedro Tomas, en su carácter de jefe u organizador".
Como aún no se concretó el juicio, todos los imputados están libres. Ahora Tomás deberá ir a declarar para explicar las irregularidades detectadas en el automóvil secuestrado el miércoles.
Personal de la sección Sustracción de Automotores, al mando de los comisarios Mario Barrera, Humberto Ruezgas, Raúl Ferreira y René Aguirre estaba haciendo recorridos de prevención cuando, en la esquina de avenida República del Líbano y Chile, descubrieron un vehículo que era conducido por un hombre, a quien le pidieron que se detuviera para verificar la documentación del rodado. El hombre (su identidad se reserva ya que no está involucrado en la causa) entregó todos los papeles y allí surgió que el vehículo estaba a nombre de Pedro José Tomas. Los policías entonces pidieron un informe a la oficina de verificación de dominio, que depende del Departamento Operaciones Policiales. Rápidamente surgió que el 2 de septiembre de 2002 la Policía Federal había emitido una orden de incautación del Fiat Duna rojo, patente CJD-225 por la causa Secuestro Prendario. Ante esto, los policías trasladaron el vehículo hasta la sede de la Dirección General de Investigaciones, en calle Junín al 800. Una vez allí comenzaron a trabajar los peritos de la Policía Científica. Según el informe oficial, los números de motor habían sido rebajados con una amoladora y que se les habían colocado otros posteriormente, para hacerlos coincidir con la tarjeta verde y con el título, que también serían apócrifos. También eran truchos los números de identificación del chasis. Cuando el hombre que conducía el vehículo declaró, dijo que había adquirido el vehículo de buena fe, y mostró documentación que avalaba su versión. Pero afirmó que él no se lo había comprado a Tomas sino a otro hombre, por lo que los investigadores suponen que el rodado pasó por varias manos antes de llegar a su actual propietario.
Los policías consultaron al fiscal Carlos Sale, que está de turno, quien ordenó que el vehículo permaneciera secuestrado y que se solicitaran todos los informes necesarios para certificar qué dependencia de la Policía Federal era la que había pedido la incautación del vehículo ya que, aparentemente, no era la delegación Tucumán de esa fuerza nacional.
En 2008, el juez Federal N 2 Mario Agustín Racedo concluyó la investigación del "caso 4x4". La causa había sido iniciada el 13 de junio de 2003 cuando personal de Gendarmería Nacional detuvo una camioneta Ford Ranger. Ese mismo día, en la sede del Escuadrón, se presentó un hombre con un certificado judicial de fecha 1 de octubre de 2002, expedido por la Fiscalía X, mediante el cual se lo autorizaba a circular con el rodado mencionado. Luego se supo que sobre esa camioneta pesaba un pedido de secuestro de un juzgado de Morón, provincia de Buenos Aires. No sólo la cédula había sido adulterada: al rodado le habían cambiado los números de motor y los de las chapas patentes.
Organización delictiva
El caso fue investigado primero por el ya depuesto juez federal Felipe Terán, y luego pasó a manos de Racedo. Según el expediente, este último, al requerir la elevación a juicio, consideró: "se pudo acreditar, prima facie, la existencia de una organización delictiva que se dedicaba en forma habitual al lavado de activos de origen delictivo, que consistía en incorporar al mercado y a su tráfico vehículos robados a los que se les daba una aparente licitud mediante el otorgamiento de documentación falsa". Esta maniobra, indica el juez en su resolución, se concretaba "ya sea mediante la falsificación de documentación perteneciente al Registro Nacional de Propiedad del Automotor, en muchos casos original, o, en algunos casos, también mediante el otorgamiento de certificados judiciales que se otorgaban en el marco de causas apócrifas o bien sin existencia de causa, que en casi todos los casos provenían de la Fiscalía de la IV Nominación, a cargo del ex fiscal Héctor Alfredo Abraham Musi". Este último fue destituido por la Legislatura tras un juicio político a raíz de la investigación de las 4x4. Racedo, en una resolución de 140 páginas, afirmó: "se ha podido establecer por semiplena prueba la autoría del hecho ilícito mencionado en la persona de Pedro Tomas, en su carácter de jefe u organizador".
Como aún no se concretó el juicio, todos los imputados están libres. Ahora Tomás deberá ir a declarar para explicar las irregularidades detectadas en el automóvil secuestrado el miércoles.







