Afirman que la gente se resiste a pagar impuestos

"El problema más grave que presenta la Argentina actual es la ruptura del contrato social. La sociedad ha perdido la confianza en el Estado, condición esencial para la subsistencia de la Nación. Este hecho afecta de manera directa la cuestión impositiva". El concepto pertenece a Giselle Courtade de Benito, profesora adjunta de Teoría y Técnica Impositiva II, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT.
Señaló que en los países desarrollados, ordenados y con libertad económica, los impuestos son mayoritariamente aceptados por la comunidad como el precio que se debe pagar para financiar las erogaciones del gobierno encargado de cumplir la Constitución. Esos países estimulan el desarrollo de una conciencia contributiva a partir del diseño de sistemas impositivos justos, de leyes que castigan severamente la evasión y de una administración de justicia eficiente e independiente. No menos importante en este proceso es, al mismo tiempo, la percepción que tienen los individuos respecto de la efectividad del Estado en la promoción del bienestar público. Cuando el ciudadano percibe que la recaudación se administra razonablemente bien, está más dispuesto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

A la inversa
La experta sostiene que en este país las cosas suceden exactamente a la inversa. "Las menguadas cifras de la recaudación fiscal en todos los niveles jurisdiccionales son reveladoras no sólo de la gravísima recesión económica que nos afecta desde 1998 sino también de que el deber de contribuir ha pasado a un segundo plano en el orden de prioridades de la sociedad que se manifiesta en franca rebeldía", dijo. Esta conducta encuentra su razón de ser en algunas causas que atañen específicamente a la materia tributaria y otras que exceden ese ámbito.
Entre las primeras se inscriben la inestabilidad normativa; la alteración del orden jurídico con su consecuente secuela de inseguridad; la complejidad; las reiteradas moratorias que premian a los morosos con jugosos beneficios; la implementación de gravámenes distorsivos (ganancia mínima presunta y el impuesto a los movimientos bancarios son buenos ejemplos) y la creciente tendencia del Estado a utilizar la fiscalidad para inmiscuirse en las relaciones entre particulares.
"Un ejemplo es la utilización obligatoria de determinados medios de pago bajo pena de no poder computar deducciones o créditos fiscales con su última versión: el régimen de factura de crédito que entrará en vigencia el próximo 1 de mayo. Entre las segundas aparecen la generalizada sospecha sobre corrupción en el manejo de los fondos públicos, la falta de independencia del Poder Judicial y la percepción de que el Gobierno, sólo preocupado por la coyuntura del presente, desde hace tiempo ha dejado de cumplir su rol específico.
La especialista opina que existe una alternativa, y es el retorno al Estado de derecho para que de una vez por todas se imponga la razón de la ley. Señaló la conveniencia de promover una profunda reforma legal del sistema tributario. Deberá basarse en una agenda amplia que contemple el debate sobre el régimen de coparticipación de tributos nacionales, la promoción sectorial, los regímenes de competitividad, entre otras cuestiones no menos importantes. "Esta reforma debería contemplar los cuatro principios básicos formulados por Adam Smith: equidad, certeza, conveniencia y economía, priorizando el resguardo de las garantías constitucionales y asegurando la vigencia de un auténtico federalismo", concluyó Courtade de Benito.