23 Julio 2009 Seguir en 
La historia de América Latina es una larga saga de guerras civiles, de desencuentros y de golpes de Estado cívico-militares. Países que estuvieron a merced de las necesidades los poderes políticos y económicos extranjeros, que siempre han tenido sus representantes o personeros internos en cada nación. Daba la impresión de que los golpes en nuestro continente estaban en extinción y que estas fórmulas autoritarias que condujeron, en general, a sus pueblos a mayor hambre, ignorancia y pobreza, comenzaron a ser reemplazadas por la democracia, el menos imperfecto de los sistemas de gobierno conocidos hasta ahora.
El golpe de Estado ocurrido en Honduras reavivó, de algún modo, los fantasmas de las dictaduras que soportaron varios países latinoamericanos en la década de 1970. El hecho provocó la condena internacional unánime.
El presidente constitucional Manuel Zelaya fue arrestado el 28 de junio pasado por el ejército que ejecutó una orden recibida por la Corte Suprema de Justicia que se oponía a la consulta popular que quería realizar el mandatario para modificar la Constitución y poder continuar en el poder. Los militares trasladaron por la fuerza a Costa Rica a Zelaya. El proyecto del primer magistrado está prohibido por la propia Carta Magna que prohíbe además la reforma de dicho artículo y ordena que quien proponga la reforma sea castigado.
Los legisladores designaron presidente interino al titular del Congreso, Roberto Micheletti. Las autoridades electorales del país dijeron que los comicios presidenciales del 29 de noviembre se realizarán como estaba programado antes del golpe. Pese a ello, la comunidad internacional considera a Zelaya el presidente legítimo.
El Congreso criticó a Zelaya por sus acciones desafiantes a las autoridades constituidas. En un informe detalló varias faltas, pero la que colmó el vaso de los legisladores fue su proyecto de reformar la Carta Magna para autorizar la reelección presidencial. Según los golpistas, se separó al jefe de Estado del gobierno por la desobediencia al sistema jurídico nacional y porque "estaba promoviendo una asamblea Nacional Constituyente para cambiar el orden y el mecanismo democrático".
La mayoría de los golpes de Estado en Latinoamérica contaron con el visto bueno de los Estados Unidos y de su CIA. En esta ocasión, para despejar dudas de que la historia no volvía a repetirse, Barack Obama, el actual presidente estadounidense, pidió "respeto a las normas democráticas", y la resolución de las disputas a través de un "diálogo libre de interferencia exterior". "Estoy profundamente consternado por informes que salen de Honduras sobre la detención y expulsión del presidente Zelaya. Pido a todos los actores políticos y sociales en Honduras que respeten las normas democráticas, el imperio de la ley y los fundamentos de la Carta Democrática Interamericano", dijo el mandatario.
Micheletti rechazó la propuesta del mediador, el presidente costarricense Oscar Arias, de restituir en el poder a Manuel Zelaya. El domingo pasado, el gobernante de facto recibió una reprimenda de la secretaria de Estado de EE.UU. por haber rehuido a la inciativa, mientras la Unión Europea le anunció que congelaba 65,5 millones de euros de ayuda presupuestaria al no haberse hallado aún una solución al derrocamiento de Zelaya.
Estas actitudes de intransigencia, de encierro en posiciones irreductibles, son el reflejo de la ausencia de diálogo que lleva a posiciones extremas, marcadas por la intolerancia y el autoritarismo, tanto en Zelaya por avanzar contra los principios constitucionales, como de los golpistas por no respetar su mandato. El avasallamiento se combate con educación, con cultura y con un ejercicio cívico constante en el que se privilegien la comunicación y el respeto mutuo por las ideas ajenas.
El golpe de Estado ocurrido en Honduras reavivó, de algún modo, los fantasmas de las dictaduras que soportaron varios países latinoamericanos en la década de 1970. El hecho provocó la condena internacional unánime.
El presidente constitucional Manuel Zelaya fue arrestado el 28 de junio pasado por el ejército que ejecutó una orden recibida por la Corte Suprema de Justicia que se oponía a la consulta popular que quería realizar el mandatario para modificar la Constitución y poder continuar en el poder. Los militares trasladaron por la fuerza a Costa Rica a Zelaya. El proyecto del primer magistrado está prohibido por la propia Carta Magna que prohíbe además la reforma de dicho artículo y ordena que quien proponga la reforma sea castigado.
Los legisladores designaron presidente interino al titular del Congreso, Roberto Micheletti. Las autoridades electorales del país dijeron que los comicios presidenciales del 29 de noviembre se realizarán como estaba programado antes del golpe. Pese a ello, la comunidad internacional considera a Zelaya el presidente legítimo.
El Congreso criticó a Zelaya por sus acciones desafiantes a las autoridades constituidas. En un informe detalló varias faltas, pero la que colmó el vaso de los legisladores fue su proyecto de reformar la Carta Magna para autorizar la reelección presidencial. Según los golpistas, se separó al jefe de Estado del gobierno por la desobediencia al sistema jurídico nacional y porque "estaba promoviendo una asamblea Nacional Constituyente para cambiar el orden y el mecanismo democrático".
La mayoría de los golpes de Estado en Latinoamérica contaron con el visto bueno de los Estados Unidos y de su CIA. En esta ocasión, para despejar dudas de que la historia no volvía a repetirse, Barack Obama, el actual presidente estadounidense, pidió "respeto a las normas democráticas", y la resolución de las disputas a través de un "diálogo libre de interferencia exterior". "Estoy profundamente consternado por informes que salen de Honduras sobre la detención y expulsión del presidente Zelaya. Pido a todos los actores políticos y sociales en Honduras que respeten las normas democráticas, el imperio de la ley y los fundamentos de la Carta Democrática Interamericano", dijo el mandatario.
Micheletti rechazó la propuesta del mediador, el presidente costarricense Oscar Arias, de restituir en el poder a Manuel Zelaya. El domingo pasado, el gobernante de facto recibió una reprimenda de la secretaria de Estado de EE.UU. por haber rehuido a la inciativa, mientras la Unión Europea le anunció que congelaba 65,5 millones de euros de ayuda presupuestaria al no haberse hallado aún una solución al derrocamiento de Zelaya.
Estas actitudes de intransigencia, de encierro en posiciones irreductibles, son el reflejo de la ausencia de diálogo que lleva a posiciones extremas, marcadas por la intolerancia y el autoritarismo, tanto en Zelaya por avanzar contra los principios constitucionales, como de los golpistas por no respetar su mandato. El avasallamiento se combate con educación, con cultura y con un ejercicio cívico constante en el que se privilegien la comunicación y el respeto mutuo por las ideas ajenas.







