Ser independiente se ha vuelto una hazaña

Es sumamente interesante -más viniendo de él- la clasificación que, en su reciente visita a Tucumán, el constitucionalista Daniel A. Sabsay ensayó sobre las provincias argentinas en función de la robustez de sus instituciones.
En un extremo, como una suerte de rara avis, colocó a Mendoza, y luego enumeró aquello que la convertía casi en un lunar sueco comparado con lo que sucede en el resto del país: alternancia en el poder, gobernadores que no cuentan con legislaturas adictas, intendentes que pertenecen a expresiones políticas diferentes de los primeros mandatarios y una Corte Suprema de Justicia respetada.
En el otro polo, el jurista ubicó a Santa Cruz, Formosa y San Luis como ejemplos de modelos feudales, caracterizados por la identificación del Estado con un único partido y, peor aún, con una familia o apellido, que se lo reparte según las disposiciones del Derecho Sucesorio. Lo característico de estos folclóricos reinos no previstos -ni permitidos- por la Constitución es la voraz concentración del poder. Estos engendros necesitan rebajar al Poder Judicial a mera dependencia cuasi-administrativa encargada de resolver, en el mejor de los casos, las cuestiones que se suscitan entre particulares, siempre que no haya influyentes intereses en juego.
Sabsay apuntó, cual patología, que en estos feudos las Cortes Supremas se transforman en elencos tan mutables como los de los ballets, con magistrados que van y vienen de la política -a la que, en definitiva, están sujetos- y en los que, por cierto, los que osan dar muestras de autonomía de criterio son arrasados. Además, los colegios de abogados son tolerados si se limitan a realizan actividades recreativas o inofensivas, porque de ellos se espera que sean meros clubes sociales o colegiales, como los de la secundaria. Pero si se alzan en defensa de la independencia judicial corren el riesgo de que se les quite el control de la matrícula profesional. Sabsay olvidó decir que también -como ocurrió en Tucumán- se puede intentar privarlos de su fuente de financiamiento.      

El PRI de José
Cuando a Sabsay se le preguntó dónde se ubicaba Tucumán teniendo esos dos esquemas institucionales como referencia, con benevolencia contestó que en una situación intermedia. Argumentó que la vocación por la hegemonía del gobernador, José Alperovich, era indudable, hasta el punto que comparó su construcción política nada menos que con la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano, de tristísimo recuerdo -e impresentable ejemplo por no seguir- en la historia contemporánea. Pero, al mismo tiempo, enumeró como síntomas de vitalidad republicana que algunos jueces se hayan atrevido a controlar los desbordes de la Convención Constituyente, controlada de forma aplastante por el oficialismo, que reformó la Constitución o, bien, que haya un Colegio de Abogados, que genera orgullo por su lucha independiente, según dijo.
Lo curioso es que lo que a Sabsay esperanza, a otros irrita. Paulatinamente, a causa de las inequívocas muestras que el alperovichismo ha dado de querer manipular el Consejo Asesor de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, los firmes límites marcados por algunos magistrados al poder político comienzan a ser interpretados de dos formas igualmente preocupantes.
Por una parte, aun quienes simpatizan de buena fe con esas decisiones suelen verlas como gestos heroicos, aislados, que desgastan y que pueden conllevar consecuencias nada gratas para esos jueces. Por su parte, a los que les molestan los controles descalifican esos pronunciamientos -sin ahorrar adjetivos ni tonos amedrentadores- por considerarlos política encubierta o extralimitación propia de magistrados que quieren sustituir la voluntad popular por la suya.
En uno y otro caso lo peligroso es que, en Tucumán, el miedo parece ser el denominador común de una concepción vasalla, según la cual el Poder Judicial debe acompañar agachado -cuando no justificar- las decisiones de los otros poderes, pese a que el mandato que ha recibido de la propia república -no de mayorías ocasionales- es el de controlarlos por ser el custodio último de la vigencia real -no meramente retórica- de la Constitución. Es un mal síntoma que la independencia se transforme en una hazaña, en vez de ser una garantía obvia sin la cual no se puede desempeñar tal función.
Asimismo, así como Sabsay no concibe un Poder Judicial sólido sin un Colegio de Abogados dispuesto a fortalecer la autonomía de aquel, del que es una suerte de auxiliar, en el Gobierno de Alperovich piensan todo lo contrario. Basta leer ciertos párrafos del escrito que presentó el fiscal de Estado, Pedro Giúdice, en representación de la Provincia, al contestar la demanda que han entablado los letrados con el fin de paralizar el llamado efectuado por Alperovich para que ese estamento elija a su representante en el Jurado de Enjuiciamiento. Con un lenguaje que atemoriza y que recuerda el tono marcial de los oscuros años 70 -lo que llama aún más la atención en un gobierno enrolado con el discurso kirchnerista a favor de la lucha por los derechos  humanos-, el funcionario reprochó al colegio profesional el "pretender alterar la división de poderes y subvertir las instituciones". Le imputó prácticamente la comisión del delito reprimido desde 1994 por el artículo 36 de la Constitución nacional. Si Sabsay se enterara, ¿no considerará necesario reformular sus tesis y colocar a Tucumán -lamentablemente- más cerca de las provincias-feudo que de la sueca Mendoza?