Repartiendo culpas

Policías y funcionarios de la Justicia se pelean entre sí cuando se producen tragedias o hechos violentos. Los problemas de fondo se mantienen o se agravan. Por Roberto Delgado -Prosecretario de Redacción.

26 Mayo 2009

Hace mucho tiempo que el debate entre mano dura y garantismo se ha salido de su eje en Tucumán y en el país. La sociedad se ha vuelto más violenta y la inseguridad encabeza la lista de preocupaciones de la gente. Y cada vez que ocurren circunstancias de extrema violencia o que hacen revivir situaciones que disparan el miedo colectivo, vuelve la misma discusión, en un nuevo giro de la rueda.
La semana que pasó tuvo tres episodios de fuerte impacto. Primero fue el incidente en que fue recapturado el prófugo Rodolfo Martín, condenado por violación en un caso que en su momento causó fuerte conmoción. El hombre, considerado un psicópata, había encontrado tanto los resquicios legales para salir con permiso de la cárcel como las lagunas en el sistema de control: los psicólogos no advirtieron problemas en su conducta. Esta falencia pericial, muy común en casos de violadores y otros delincuentes que, encerrados, suelen mostrar muy buena conducta, quedó expuesta por el hecho de que hay un profesional para examinar el comportamiento de 210 reos. El incidente de Martín, acusado de meterse en el auto de dos mujeres con un  cuchillo, desató las furias ciudadanas contra las fallas del sistema penal.
El segundo hecho fue el dramático ataque al policía Walter Brandán en "La Bombilla". Algo inexplicable. Un chico de 17 años lo baleó en el cuello y lo dejó en coma. "Creo que estos chicos peligrosos no pueden salir", sentenció el gobernador José Alperovich, en una crítica a la Justicia, ya que la Policía había dado a conocer que el agresor había sido detenido, acusado de robo, y liberado por orden judicial, un día antes del ataque. En medio de la indignación que generó esta circunstancia, los jueces dieron a entender que los polícías habían armado una causa para detener al muchacho, ya que habían consignado que fue aprehendido por romper la luneta de un auto.
Luego fue la tragedia del barrio Piedrabuena. Un chico baleado en medio de un tiroteo entre policías y delincuentes. Los vecinos reclamaron que los agresores son conocidos causantes de disturbios en la zona, que -llamativo detalle- es considerada relativamente segura, por la cooperación entre la gente que vive en el vecindario y la comisaría. "Esto es tierra de nadie", describió un vecino, con lapidaria certeza. Ningún policía abrió la boca para explicar lo sucedido, ante la magnitud de la tragedia.

De eso no se habla
Pero detrás del impacto que generan estos hechos violentos, quedan preguntas subyacentes. ¿Qué pasa con el servicio de seguridad en el barrio Piedrabuena? ¿De qué sirve que los vecinos denuncien a la gente considerada peligrosa? Por otra parte, ¿Por qué falla el control judicial en casos como el de Martín? ¿Es responsabilidad de la Justicia o del Poder Ejecutivo poner peritos suficientes para que eviten que los presos peligrosos generen más daño? De lo que no cabe duda es que no puede ser que haya un perito para analizar la conducta de 200 presos (en Concepción) o tres, para examinar a 1.000 (en Villa Urquiza). Así, es seguro que pasarán por alto cosas.
Otras preguntas: ¿no se pudo prever la conducta del chico del barrio "La Bombilla"? ¿Acaso se sigue pensando que la única solución es detenerlos por cualquier motivo y renegar porque la Justicia los libera? Apelando a sofismas de este estilo, hace tres años el gobernador dijo que si se detenía durante cinco años a los 400 delincuentes identificados de Tucumán, se iba a avanzar en el problema de la inseguridad. Pidió que se modificara el Código Procesal Penal para detener in fraganti a los delincuentes. El Código fue modificado. No se ve en qué cambiaron las cosas, ni hay elementos que hagan pensar que Tucumán es más seguro que hace tres años.
Tampoco está claro la salida esté en el remanido debate de que la Policía los detiene y la Justicia los libera. Porque parece que los policías tienen que aprender a hacer detenciones de acuerdo a la ley y que los jueces tienen  que aprender a no escudarse en la burocracia para que no se fuguen presos que deberían estar bajo control. De otro modo, el juego macabro de la culpa del otro sigue sin parar, y las cosas no sólo no cambian, sino que se agravan.

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