09 Mayo 2009 Seguir en 
Son a menudo discriminados de diversas maneras por una comunidad, y una de las razones de que ello suceda se debe a que una buena parte de ellos no conoce a fondo sus derechos. La Organización de las Naciones Unidas señala que las personas con discapacidad a menudo son excluidas de las actividades principales de la sociedad. La discriminación toma diversas formas, desde la denegación de oportunidades ocupacionales a formas más sutiles, como la segregación y el aislamiento, mediante la imposición de barreras físicas y sociales. La sociedad también sufre, porque la pérdida del enorme potencial de las personas con discapacidad empobrece a la humanidad.
Según datos a nivel mundial, una de cada 10 personas tiene una deficiencia física, cognitiva o sensorial. Es decir que hay unos 600 millones de discapacitados en el mundo, de los cuales 400 millones habitan en los países en vías de desarrollo. En la Argentina, la mayoría de estas personas (1.779.709) no posee certificados de discapacidad. Hay 78.060 que no se sabe si lo tienen, mientras que sólo 318.354 cuentan con el documento.
De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Discapacidad, el 8% de la población argentina (más de 2 millones) está conformada por discapacitados. De este relevamiento se desprende que en Tucumán viven alrededor de 98.800 minusválidos. El estudio, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, reveló que, en total, son 395.000 los tucumanos afectados por la discapacidad si se tiene en cuenta el entorno familiar directo de la persona que padece el problema. Esta cifra representa el 30% de la población de la provincia. Del total de los discapacitados tucumanos, el 31% padece dificultades motrices. Aquellos con alteraciones visuales representan el 14,40%. El 12,10% tiene discapacidades auditivas. Los que sufren afecciones mentales son el 12,10%. Aquellos que tienen problemas con el habla sólo representan el 2,10%. En tanto, el 26,10% de los minusválidos sufren dos o más discapacidades.
Un coordinador de la Red Nacional de Investigadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y miembro de la fundación "Par" que vino invitado por la Universidad Nacional de Tucumán para presentar el libro "Los derechos de las personas con discapacidad", del que es uno de sus autores, sostuvo que existen leyes de protección a la discapacidad, pero falta que se conozcan y se creen las condiciones para su ejercicio. Señaló que los propios interesados no conocen sus derechos. Si contaran con una certificación extendida por una junta médica, podrían acceder al 100% de la atención médica, de los medicamentos, de la rehabilitación y de elementos como lentes, audífonos y prótesis. Apenas el 19% de las personas con discapacidad tiene este certificado.
En Tucumán, hay varias leyes aprobadas en relación con la discapacidad, pero que no están en vigencia porque carecen de reglamentación, tales como la que promueve la creación del Consejo para la Integración de Personas con Capacidades Especiales, cuya misión será velar por los derechos de los discapacitados, asesorar al Gobierno y proponer medidas para la elaboración de planes y programas de ayuda para el sector; la que crea el Consejo Provincial de Discapacidad; las que se refieren a la protección del paciente epiléptico, al transporte libre y gratuito y a la eliminación de las barreras arquitectónicas y de transporte.
De modo que los discapacitados se encuentran en una buena medida desprotegidos por el Estado provincial y por la sociedad.
Según datos a nivel mundial, una de cada 10 personas tiene una deficiencia física, cognitiva o sensorial. Es decir que hay unos 600 millones de discapacitados en el mundo, de los cuales 400 millones habitan en los países en vías de desarrollo. En la Argentina, la mayoría de estas personas (1.779.709) no posee certificados de discapacidad. Hay 78.060 que no se sabe si lo tienen, mientras que sólo 318.354 cuentan con el documento.
De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Discapacidad, el 8% de la población argentina (más de 2 millones) está conformada por discapacitados. De este relevamiento se desprende que en Tucumán viven alrededor de 98.800 minusválidos. El estudio, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, reveló que, en total, son 395.000 los tucumanos afectados por la discapacidad si se tiene en cuenta el entorno familiar directo de la persona que padece el problema. Esta cifra representa el 30% de la población de la provincia. Del total de los discapacitados tucumanos, el 31% padece dificultades motrices. Aquellos con alteraciones visuales representan el 14,40%. El 12,10% tiene discapacidades auditivas. Los que sufren afecciones mentales son el 12,10%. Aquellos que tienen problemas con el habla sólo representan el 2,10%. En tanto, el 26,10% de los minusválidos sufren dos o más discapacidades.
Un coordinador de la Red Nacional de Investigadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y miembro de la fundación "Par" que vino invitado por la Universidad Nacional de Tucumán para presentar el libro "Los derechos de las personas con discapacidad", del que es uno de sus autores, sostuvo que existen leyes de protección a la discapacidad, pero falta que se conozcan y se creen las condiciones para su ejercicio. Señaló que los propios interesados no conocen sus derechos. Si contaran con una certificación extendida por una junta médica, podrían acceder al 100% de la atención médica, de los medicamentos, de la rehabilitación y de elementos como lentes, audífonos y prótesis. Apenas el 19% de las personas con discapacidad tiene este certificado.
En Tucumán, hay varias leyes aprobadas en relación con la discapacidad, pero que no están en vigencia porque carecen de reglamentación, tales como la que promueve la creación del Consejo para la Integración de Personas con Capacidades Especiales, cuya misión será velar por los derechos de los discapacitados, asesorar al Gobierno y proponer medidas para la elaboración de planes y programas de ayuda para el sector; la que crea el Consejo Provincial de Discapacidad; las que se refieren a la protección del paciente epiléptico, al transporte libre y gratuito y a la eliminación de las barreras arquitectónicas y de transporte.
De modo que los discapacitados se encuentran en una buena medida desprotegidos por el Estado provincial y por la sociedad.







