El PEN invertirá $ 400 millones en seguridad

Buenos Aires.- El Gobierno nacional anunció ayer un nuevo plan de seguridad que sumará a unos 6.800 efectivos a las calles, 4.000 de ellos policías y militares en situación de retiro, para reforzar la lucha contra la inseguridad en las provincias de Buenos Aires, especialmente el conurbano, y en Mendoza.
El anuncio estuvo a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, en medio de las fuertes protestas ciudadanas para que las autoridades mejoren el servicio de seguridad que, además, será uno de los principales temas de la naciente campaña electoral.
En este contexto, el ministro pidió que no se politice la lucha contra la inseguridad, ante la mirada de los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Mendoza, Celso Jaque, en cuyos distritos comenzará a aplicarse el plan.
La incorporación de los policías y militares retirados fue la sorpresa del anuncio oficial, pero se aclaró que esos agentes no deberán tener causas por “gatillo fácil" ni por violación a los derechos humanos. La Presidenta argumentó que la presencia de estos efectivos permitirá la afectación inmediata al plan, "porque es gente preparada y formada para este tipo de actividades y para el uso de armamento".
Según se anunció, además de los 4.000 efectivos retirados, serán destinados al plan unos 1.500 gendarmes y 1.287 policías bonaerenses recién egresados de la academia de instrucción.
El plan se focalizará en su primera etapa en los tres cordones del Gran Buenos Aires -corazón del castigado conurbano-, las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca y el Gran Mendoza, en la provincia cuyana.

Con certificado
El jefe de Gabinete, Sergio Massa, precisó que los miembros retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad deberán presentar certificación de no tener antecedentes penales.
El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, anticipó que la Provincia optará por sumar a retirados de la Policía.
La Presidenta, tras enfatizar que "es necesario sostener un modelo económico que dé trabajo", sostuvo que “está comprobado que la brecha social, es decir la extrema riqueza conviviendo con la extrema pobreza, acrecienta el nivel de delincuencia".
Y llamó la atención sobre "niveles de resentimiento por el deseo de tener lo que tienen los otros", a partir de lo que muestran los medios de comunicación sobre el consumo de gente con mayor poder adquisitivo. "Esto no es para exculpar a nadie o para tratar de esquivar el bulto de la responsabilidad -añadió-, es simplemente entender la complejidad del problema, lo que es hoy la trama de la inseguridad, no solamente en un país como el nuestro sino fundamentalmente en el mundo". Cristina Kirchner volvió a cuestionar la forma en que se difunden los hechos de inseguridad en los medios de comunicación, coincidiendo con la ministra de la Corte Carmen Argibay, al sostener que si todo el día se difunde o se repite algún "robo o toma de rehenes" parece que fueran 350 los hechos. Al respecto, indicó que "está comprobado científicamente que si se repite 35 veces durante el día una violación, u otro hecho delictivo por televisión, vos tenés la sensación cuando salís de tu casa de que te van a violar". Aseguró que lo importante es informar y no atemorizar, lo cual no significa minimizar ni relativizar, sino darle el nivel de seriedad y responsabilidad al informar pero no atemorizar. La jefa de Estado pidió "no crear sensaciones", sino "buscar soluciones" a los problemas sobre la inseguridad. Evaluó que se producen "niveles de resentimiento y de deseo de tener lo que tiene el otro a cualquier costo". Remarcó que el combate del delito en el mundo "no es sólo un tema de las fuerzas de seguridad" y destacó la creación de estas redes barriales para que los vecinos colaboren con el alerta de delitos.

Más prevención
Massa, por su parte, sostuvo que el objetivo del plan es aumentar la presión en materia de prevención para que la gente sienta que vive más tranquila, porque, remarcó, "la gente quiere ver a la Policía en la calle". No obstante, Massa hizo un llamado de atención al Poder Judicial al sostener que "también hay que aumentar la capacidad de condena de las justicias provinciales". Dijo que "si después los jueces liberan a cualquiera, el plan no genera resultados".
El denominado "Programa de apoyo a las provincias para reforzar la seguridad ciudadana" demandará un total de $ 400 millones en esta primera etapa que incluye Buenos Aires y Mendoza. Ese dinero surgió de la reasignación de recursos del Presupuesto Nacional y abarca el costo de un año de los sueldos de los nuevos agentes y de los recursos tecnológicos que se incorporarán.

Críticas opositoras
Diversas voces de la oposición salieron a cuestionar el plan. El diputado nacional Francisco de Narváez, uno de los líderes del peronismo disidente, ironizó: "lo único positivo es que después de seis años de gobierno el kirchnerismo descubrió hoy que hay inseguridad".
La Coalición Cívica denunció que el plan no plantea "programas de contención social para adolescentes" o jóvenes que no trabajan ni estudian. Desde el Partido Socialista, el diputado nacional Roy Cortina sostuvo que "parece que Cristina hubiera empezado a gobernar ayer. Si realmente quisieran combatir la inseguridad deberían abordarla integralmente, a través de medidas demoradas y necesarias como la reestructuración de las fuerzas de seguridad, el desarrollo y la publicidad de estadísticas criminales y la implementación de políticas de prevención y reinserción social", entre otras. El diputado del Partido Solidaridad e Igualdad, Carlos Raimundi, también candidato en estas elecciones, advirtió que "las medidas vinculadas a la actividad policial deben complementarse con una gran agilización de la Justicia". (NA-DyN-Telam)