Los terrenos baldíos constituyen tradicional y frecuente tema de nuestras notas de opinión y de las denuncias de lectores. Son espacios que generan una serie de situaciones negativas. Constituyen criaderos de alimañas de todo tipo; los usan los vecinos inescrupulosos para arrojar residuos; sirven como refugio a malvivientes y como trampolín de estos para atracar las casas linderas, y un largo etcétera. Es decir, conspiran contra la higiene, la seguridad y, obviamente, perjudican la estética razonable de la ciudad. Además, representan un gasto público cierto porque, convertidos como están en focos de riesgo sanitario, la Municipalidad se ve obligada a practicar allí periódicas tareas de limpieza.
Pero existe, paralelamente, otro problema. Como lo consigna una nota en nuestra edición de ayer, ocurre que en una apreciable cantidad de casos, los propietarios de los terrenos de referencia, además de despreocuparse por el estado de estos, no abonan los tributos correspondientes al tesoro comunal. Y tampoco las multas que se les van aplicando por su desidia.
Las cifras indican que no se trata de una cuestión menor. De acuerdo con las verificaciones oficiales, existen aproximadamente 1200 propiedades en estado de abandono, lo que incluye tanto las que no tienen edificación alguna, como las que cobijan casas cerradas y derruidas.
La intendencia municipal expresó que se está efectuando un relevamiento de las fincas en tales condiciones, para identificar a sus propietarios y precisar sus domicilios fiscales, a fin de enviar las correspondientes intimaciones, que son paso previo a la iniciación de juicios.
Es curioso que, de acuerdo con la información de la comuna, en muchos casos no se sabe quién es el propietario verdadero, pues su nombre es distinto del que figura en sus registros.
Esto va mostrando, de paso, el desorden que existe en la materia, y que alguna vez debiera ser corregido de raíz.
No puede aceptarse que la Municipalidad no conozca perfectamente la identidad de los dueños de inmuebles dentro de su ejido. Y debe apuntarse que inclusive el envío de citaciones se vuelve problemático, ya que -como lo hemos hecho notar, sin eco alguno, otras veces- sucede que en nuestra ciudad parece haber desaparecido la ancestral obligación de colocar una placa con el número respectivo al frente de cada inmueble. Ni qué decir que esto tiene nefasto reflejo, a la hora de entregar debidamente intimaciones o citaciones de cualquier índole.
Nos parece que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán debiera sancionar, a la mayor brevedad, un régimen mucho más expeditivo y enérgico que el que existe hasta la fecha, para manejarse positivamente en la temática de los terrenos abandonados por propietarios que no los limpian, ni pagan impuestos, ni multas.
Quienes así proceden deben ser responsabilizados con las correspondientes acciones judiciales, sin trepidar ante las consecuencias extremas que pudieran tener las mismas, como, por ejemplo, el remate del terreno en cuestión.
Uno de los principios que tiene que incorporarse a la mente del ciudadano es la conciencia fiscal. Si a cada rato el vecino reclama mejoras en los servicios municipales, debe contribuir a formar los recursos que costean tales servicios.
Quien tiene propiedades debe pagar los impuestos y las tasas que ha establecido la ley. Y si no lo hace, el poder público debe poner en marcha, sin titubeo alguno, los mecanismos necesarios para regularizar duramente una anomalía de esa índole.
