La inimputabilidad de chicos delincuentes

La propuesta de bajar la inimputabilidad de los menores en el Código Penal, impulsada por el gobernador de Buenos Aires, como un modo de frenar la delincuencia juvenil ha reavivado un debate que viene produciéndose desde hace unos años en nuestra sociedad porque el problema sigue sin resolverse y la inseguridad se profundiza. El proyecto prevé detenciones en institutos especiales para chicos, de entre 14 y 18 años, que cometan crímenes violentos.
En noviembre pasado, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertó en nuestra ciudad y fue distinguida por la Universidad Nacional de Tucumán, dijo que cualquier medida que restringiera derechos tiene que conducir a un objetivo legítimo. "Yo me pregunto, cuál es el objetivo de disminuir la edad de criminalidad? La seguridad ciudadana. Entonces, ¿es conducente para la seguridad ciudadana reducir la edad de imputabilidad de los niños? A lo mejor la respuesta es no. Y si no es conducente, entonces tampoco es justificable. Hay que tener lugares en donde los niños puedan ser educados; si están delinquiendo hay que sacarlos de la sociedad pero para ser educados, no para llevarlos a la cárcel. Bajar la edad de imputabilidad no me parece una solución", afirmó. Luego, se refirió al artículo 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que exige al Estado brindar las medidas de protección especial que la familia o la sociedad no le prestaron al niño. "Si se mira al derecho desde ese ángulo, quizás habría que pensar si bajar la imputabilidad constituiría una medida de protección especial para los niños. El Estado que tiene que hacer algo para no tener a sus niños delinquiendo en la calle. Esa es su tarea", aseveró.
A fines de octubre, siete adolescentes se fugaron del Instituto Roca, aprovechando un descuido de los encargados de custodiarlos; dos de ellos estaban allí detenidos por homicidio. El director del establecimiento dijo que pese a las medidas de seguridad no se podía garantizar que los menores no se escaparan. Indicó que la prevención es permanente, sin embargo, asegurar que no se escaparán es imposible. Curiosamente, agregó que no entendía por qué se habían evadido los menores y que estaba esperando que regresaran para poder charlar con ellos. "No tenían motivos para irse. Acá están bien. Fue cosa de chicos, como se dice", acotó. Dos semanas antes del episodio se había informado que el número de chicos internos en el Instituto Roca había descendido a 40. En un intento de avanzar lentamente en la desinstitucionalización de los menores, la Justicia estableció que otros 100 pasaran a estar a cargo de su familia.
Por otro lado, el presidente de la Corte de Justicia de la Nación dijo que el problema de la inseguridad es ante todo una cuestión de políticas sociales y alertó sobre la marginación y la exclusión de grandes masas, sobre todo de menores. Al respecto sostuvo que para solucionar eso se necesita la presencia del Estado.
En el marco de esta controversia sobre la inimputabilidad de los menores, poco se habla de la responsabilidad de los padres. ¿Qué se hará con ellos? Si los progenitores son analfabetos, desocupados, viven en la marginalidad y no tienen autoridad, cómo podrán contener y reorientar a sus vástagos. A menudo se ha ha dicho -incluso desde el Gobierno provincial- que es necesario diseñar una política de Estado que involucre a los tres Poderes y a las instituciones civiles. Si este problema social no se encara desde una perspectiva interdisciplinaria, difícilmente se podrá revertir esta realidad.