Comenzó el trámite para insistir en la ley azucarera

El Congreso de la Nación tratará la insistencia de la Ley 25.715 de protección de la actividad azucarera, que vetó este mes el presidente Eduardo Duhalde.
Los senadores nacionales Pablo Walter (Tucumán) y Ricardo Gómez Diez (Salta) presentaron un proyecto de resolución para insistir en la sanción originaria del Congreso del artículo 4º de la norma, vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 42/2003.
El proyecto de resolución, según explicó Walter, es un paso necesario para iniciar el trámite formal de la insistencia.
Para que el Senado apruebe este pedido de insistencia es necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del cuerpo (48 senadores). Luego, la insistencia deberá ser sancionada por Diputados para que la ley quede firme, sin que el Poder Ejecutivo tenga posibilidades de vetarla nuevamente.
"La idea es que en la primera sesión del Senado se apruebe la insistencia, para que en forma inmediata pase a la Cámara de Diputados", dijo Walter a LA GACETA. El parlamentario dejó en claro que la aprobación de la insistencia será más sencilla en Senadores que en Diputados. "En la Cámara Alta el peso de las provincias azucareras en relación a la cantidad de miembros del cuerpo es mayor que en Diputados", recalcó.

Argumentos
En los fundamentos del proyecto presentado por Walter y Gómez Diez se hace una reseña sobre los orígenes del plan Proalcohol en Brasil y su incidencia directa en la actividad azucarera de ese país. Se deja en claro que la producción de caña de azúcar tiene una enorme significación para las provincias del NOA, y que la actividad es la que más mano de obra toma en la región, con la ocupación directa de 40.000 personas e indirecta de unas 150.000.
Señala que "la salida exportadora no es una opción atractiva para la industria" y hace hincapié en que el azucarero "no es uno de los sectores agrícolas que recogió los beneficios de la devaluación del peso".
Remarca que el azúcar no tiene subsidios oficiales. A través del decreto 797/92 se estableció un derecho adicional para las importaciones de azúcar. Posteriormente, mediante decreto 2.275/94 se fijó el arancel intra y extrazona en un 20%, que modificó el sistema del decreto 797. "El arancel se aplica sobre un precio promedio de cuatro años", dice el proyecto.
Los autores de la propuesta sostienen que la utilidad de establecer la vigencia de los aranceles en una ley -en este caso, la 25.715- implica que, cuando el acuerdo regional sea logrado, el Poder Ejecutivo tendrá un alto y adecuado nivel de consenso en todas las partes interesadas. "A pesar de ello, el Poder Ejecutivo -por medio del decreto 42/2003- observó en su totalidad la ley sancionada por el Congreso, bajo el fundamento de ser inoportuna, porque los diferentes socios comerciales continúan efectuando negociaciones al respecto", añaden. Walter y Gómez Diez subrayan que, por el contrario, el proyecto resulta oportuno precisamente porque esas negociaciones se están llevando a cabo y de ellas podrían resultar afectados los productores, los trabajadores y las provincias azucareras.