21 Noviembre 2008
VIOLENCIA. La Unasur informó que la matanza fue provocada por paramilitares y sicarios. REUTERS
LA PAZ, Bolivia/BUENOS AIRES.- Funcionarios del Gobierno de la provincia boliviana de Pando fueron hallados "judicialmente responsables" por la masacre de campesinos que ocurrió el 11 de setiembre pasado, informó la comisión investigadora de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
El informe será presentado el 25 de noviembre a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien encargó el estudio en su carácter de titular pro témpore de la entidad. La investigación establece "hechos, responsables y recomendaciones", según lo que adelantó el coordinador del cuerpo, Rodolfo Mattarollo, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina.
El comisionado ratificó que la muerte de los 20 campesinos y la desaparición de, al menos, otros 70 se trató de una "masacre" y señaló la que la comisión pudo identificar a algunas autoridades de Pando que intervinieron en el hecho.
En cuanto a las recomendaciones que propone del informe, Mattarollo explicó que se refieren, principalmente, a la lucha contra la impunidad. "Pese a la difícil situación que se vive en Bolivia, son aplicables en la medida que exista voluntad para reformar el sistema judicial, que tiene enormes debilidades", argumentó.
Violencia política
Los hechos ocurrieron en las afueras del departamento de Porvenir, cuando indígenas que se manifestaban en defensa del presidente Evo Morales fueron emboscados y asesinados a sangre fría por paramilitares y sicarios, al parecer, organizados por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, actualmente detenido en La Paz.
El trabajo de la Unasur indicó que, sólo en esa localidad, hubo 15 muertos. Otra cifra similar se registró en pueblos vecinos y estiman que, al menos, otros 70 habitantes están aún desaparecidos y que sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes o al lecho del río Tahuamanu.
El prefecto de Pando está imputado por la Justicia boliviana de los delitos de asesinato, terrorismo y asociación delictuosa. La Fiscalía General abrió un proceso por genocidio en su condición de "masacre sangrienta" que involucra a Fernández y al ex alcalde Miguel Becerra, entre otros.
Días después del enfrentamiento, Bachelet convocó a una cumbre extraordinaria de la Unasur, que designó, por pedido de Morales, a una comisión investigadora integrada por funcionarios y peritos de la Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Venezuela. (Télam)
El informe será presentado el 25 de noviembre a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien encargó el estudio en su carácter de titular pro témpore de la entidad. La investigación establece "hechos, responsables y recomendaciones", según lo que adelantó el coordinador del cuerpo, Rodolfo Mattarollo, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina.
El comisionado ratificó que la muerte de los 20 campesinos y la desaparición de, al menos, otros 70 se trató de una "masacre" y señaló la que la comisión pudo identificar a algunas autoridades de Pando que intervinieron en el hecho.
En cuanto a las recomendaciones que propone del informe, Mattarollo explicó que se refieren, principalmente, a la lucha contra la impunidad. "Pese a la difícil situación que se vive en Bolivia, son aplicables en la medida que exista voluntad para reformar el sistema judicial, que tiene enormes debilidades", argumentó.
Violencia política
Los hechos ocurrieron en las afueras del departamento de Porvenir, cuando indígenas que se manifestaban en defensa del presidente Evo Morales fueron emboscados y asesinados a sangre fría por paramilitares y sicarios, al parecer, organizados por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, actualmente detenido en La Paz.
El trabajo de la Unasur indicó que, sólo en esa localidad, hubo 15 muertos. Otra cifra similar se registró en pueblos vecinos y estiman que, al menos, otros 70 habitantes están aún desaparecidos y que sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes o al lecho del río Tahuamanu.
El prefecto de Pando está imputado por la Justicia boliviana de los delitos de asesinato, terrorismo y asociación delictuosa. La Fiscalía General abrió un proceso por genocidio en su condición de "masacre sangrienta" que involucra a Fernández y al ex alcalde Miguel Becerra, entre otros.
Días después del enfrentamiento, Bachelet convocó a una cumbre extraordinaria de la Unasur, que designó, por pedido de Morales, a una comisión investigadora integrada por funcionarios y peritos de la Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Venezuela. (Télam)
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