

Se suele decir que en toda sociedad, los niños, los adolescentes y los ancianos son las franjas más débiles. Con mucha frecuencia se habla de que es necesario distribuir la riqueza en forma igualitaria y que casi tres cuartas partes del mundo viven por debajo de la línea de la pobreza. Nuestro país cuenta con varias herramientas para combatir esta desigualdad. Por ejemplo, la declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Argentina a través de la ley Nº 23.849 en 1990 y adquirió rango constitucional en 1994, a partir de la reforma de la Carta Magna. En 2005, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes Nº 26.061 y en 2006 la Ley Nacional de Educación Nº 26.206.
En nuestra edición dominical, dedicamos un amplio espacio a la consideración de este asunto. Difundimos datos del informe "Barómetro de la deuda social de la infancia", elaborado por la Universidad Católica Argentina y la Fundación Arcor. Durante 2007, se llevó a cabo una investigación que abordó tres dimensiones básicas de derechos de la niñez y la adolescencia: condiciones materiales de vida, procesos de crianza y socialización y proceso de formación (escolarización) en tres ciclos vitales: la primera infancia (0 a 5 años), la edad escolar (6 a 12 años) y la adolescencia (13 a 17 años). El trabajo abarcó 2.500 hogares en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta, Resistencia, Paraná, Bahía Blanca y Neuquén. El módulo de infancia fue realizado entrevistando al adulto que fuera padre, madre o tutor de un menor de 18 años.
El estudio señala que el 61 % de los niños y de los adolescentes de la Argentina viven en hogares vulnerables, tanto en lo económico como en lo social y educativo. El 53 % reside en una vivienda con al menos un problema de habitabilidad. El nivel de escolaridad es alto (97,5% en jardín de infantes, y 99,6% en la primaria) en las ciudades, pero los chicos del 10 % de los hogares más pobres tienen siete veces más posibilidades de abandonar o atrasarse en la escuela que sus pares del 10 % de los hogares más ricos. La desigualdad crece abismalmente en el secundario: un adolescente de EGB 3 del 10 % de los hogares más pobres tiene nueve veces más chances de abandonar o retrasarse en sus estudios que uno del 10 % de los hogares más pudientes. La brecha trepa 25 veces más en el nivel Polimodal.
En el rubro alimentación, el 9 % de la infancia urbana ha experimentado episodios de hambre. Cuatro de cada 10 niños y adolescentes no comen bien. Otro de los indicadores que mostró la investigación es que en 2007 casi la mitad de los niños y de los adolescentes relevados pertenecía a hogares sin cobertura médica. El derecho a una vivienda y a un medio ambiente adecuado se vio vulnerado en el 53 % de los niños y de los adolescentes urbanos.
El informe concluye que en la Argentina las condiciones sociales y materiales de la mayor parte de la niñez y de la adolescencia son deficitarias en términos de acceso a las condiciones de subsistencia, habitabilidad, atención de la salud, calidad educativa e inclusión social.
Pese a los avances que se han hecho en el país y en Tucumán en esta materia, aún se está muy lejos de revertir la desigualdad social. Parece un contrasentido que en tiempos de superávit fiscal se sigan aplicando políticas asistencialistas que son sólo parches y que no atacan el problema de fondo. Si los padres están desocupados o subocupados y, a la vez, son semianalfabetos, difícilmente logren vivir y criar a sus hijos en un marco de dignidad. Tampoco se podrá revertir el flagelo de la delincuencia juvenil, una consecuencia de la inequidad social y educativa.







