Elevan a juicio la causa contra Kaleñuk, ex jefe de Gendarmería, por 1.723 bultos desaparecidos

El ex jefe del destacamento "Tucumán" de Gendarmería Nacional, comandante principal (r) Juan Alberto Kaleñuk y otras seis personas quedaron a un paso de tener que sentarse en el banquillo de los acusados. El miércoles, Mario Agustín Racedo, a cargo del Juzgado Federal N0 2, dispuso la elevación a juicio oral de una causa en contra de aquellos. Les imputa la supuesta comisión de los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales. Los abogados de los imputados recurrirán la sentencia ante la Cámara Federal de Apelaciones.
La causa se inició el 2 de noviembre de 1999, cuando se presentó en la sede de Gendarmería Nacional Aníbal Valdiviezo, quien denunció el extravío de una encomienda que había sido enviada desde Tartagal y que había sido retenida durante un control por los gendarmes el 27 de agosto de ese año, en el destacamento fronterizo Molle Yaco. A partir de una investigación interna se descubrió que el paquete había sido secuestrado efectivamente durante ese control y entregado en Gendarmería, pero no figuraba en ningún libro de registro que hubiera ingresado en la sede de la fuerza.

Informe oficial
Según la resolución del juez Racedo, unos días después, al hacerse cargo como jefe del Destacamento, el comandante principal Juan Pedro Rubio remitió al Juzgado Federal N0 1 las conclusiones del informe en el cual se indicaba que se habían encontrado discordancias entre las cifras existentes en cuanto a mercadería secuestrada, y además se habían hallado encomiendas retenidas, de las cuales no existía ninguna documentación. Ese mismo informe advirtió que estas irregularidades "evidenciarían graves falencias en el ejercicio de la acción de comando por parte de Kaleñuk y de quien era el segundo jefe del Destacamento "Tucumán", comandante Edgardo Franco".
De la investigación que realizó el fiscal federal N0 1, Emilio Ferrer, se desprende que gran parte de la mercadería que se había perdido estaba en poder de Miguel Angel Martínez, un suboficial de Gendarmería Nacional, quien tenía un socio identificado como Carlos Moya. Mediante allanamientos se secuestró mecadería y además documentación que, según Ferrer, probaba que Moya tenía vinculación con Kaleñuk, con Franco y con el alférez Julio Zavaleta, quien era el jefe del depósito de Gendarmería. En el informe de Rubio se detallaba que durante todo 1998 y hasta setiembre de 1999 habían desaparecido 1.723 bultos de Gendarmería Nacional. También se recibió el testimonio de otro hombre, Valentín Flores, quien aseguró que en tres oportunidades él había comprado mercadería en el galpón de Gendarmería. Flores aseguró además que eran muchas las personas que hacían lo mismo que él, y que luego la vendían en distintos mercados de pulgas.
Cuando prestó declaración indagatoria, Kaleñuk responsabilizó a sus subalternos Franco y Zavaleta. Franco, a su vez dijo que los responsables eran Zavaleta y Kaleñuk, y finalmente Zavaleta afirmó que él sólo cumplía órdenes de los otros dos. El alférez indicó que Kaleñuk le había ordenado que no llevara inventarios de lo que se secuestraba y que además tanto Kaleñuk como Franco "retiraban gran cantidad de encomiendas del depósito".
En su declaración, Kaleñuk, actual asesor del gobernador José Alperovich, negó todos los cargos en su contra, y por medio de su abogado Fernando Poviña solicitó primero la nulidad de todo lo actuado, luego la prescripción de la causa, y finalmente la del requerimiento de elevación a juicio, concretado por Ferrer el 17 de agosto del año pasado.
Actualmente la causa tiene 15 cuerpos, en total unas 3.000 fojas.
Así como el abogado Poviña aseguró que la prueba colectada era insuficiente, Racedo consideró que existen elementos como para considerar a Kaleñuk presunto autor penalmente responsable de los delitos que se le imputan y por eso no hizo lugar al sobreseimiento solicitado por el defensor. Además de Kaleñuk, Racedo decidió enviar a juicio oral a Franco, a Zavaleta, a Moya, a Flores, a Hilario César Firpo Banegas y a Miguel Angel López (estos dos últimos también gendarmes). En la misma resolución, mientras tanto, sobreseyó a María del Carmen Gómez, a Norma Caram, a Gedalio Orellana y a Walter Rubén Flores Huaranca.