La falta de diálogo fluido entre los vecinos y la Policía; el incremento de la intervención de menores en hechos delictivos y la cantidad de actos ilegales como el arrebato que se perpetran en la provincia son los principales problemas que encarará el Gobierno en materia de seguridad el próximo año. Esos fueron los tópicos que se plantearon durante una reunión ministerial que se concretó este fin de semana en Tafí del Valle.
El cónclave (que se realiza todos los años con todas los sectores de Gobierno) fue encabezado por el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, y participaron los principales referentes de cada una de las áreas que conforman la dependencia.
"Estamos seguros de que la comunicación con el ciudadano es fundamental, pero nosotros estamos en déficit; por eso estamos trabajando y capacitando al personal. No es una tarea fácil, ya que hay que cambiar una mentalidad histórica, que imponía distancia entre los agentes y los vecinos", explicó el ministro en diálogo con LA GACETA. El trabajo se basa en dos áreas importantes: la Patrulla Urbana y la escuela de Policía. "En el primero de los casos, porque es la dependencia que más contacto tiene con los vecinos, y en el segundo, porque los oficiales deben salir ya con la preparación a la que hacemos referencia. Para nosotros es central que la gente confíe en la institución", agregó López Herrera.
Idiosincrasia
"No es fácil. Además, no se puede hablar con todos los vecinos de la misma manera. Hay que aprender la idiosincrasia de cada zona. Acá no se trata de bajar programas de internet e intentar aplicarlos. Eso se hizo en una época y fue un fracaso rotundo", recordó el ministro. "La idea primaria es capacitar a los capacitadores. Se está trabajando con especialistas. Esos capacitadores luego serán distribuidos en distintas áreas para que enseñen lo aprendido", agregó.
Durante el encuentro se puso además de manifiesto la necesidad de añadir estrategias al combate contra los arrebatadores, el delito que más se perpetra en la provincia. "Nosotros hemos logrado bajar bastante el número de este tipo de ataques, pero eso no quiere decir que estemos bien. Las denuncias diarias nos dan la pauta de que tenemos que trabajar mucho más", aseveró el jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, y afirmó que se necesita el acompañamiento de la Justicia. "Las estadísticas demuestran que, a pesar de que se los detiene, los arrebatadores muchas veces recuperan la libertad. Sin embargo, a partir de la reforma del Código Procesal Penal los fiscales están en condiciones de pedir prisión preventiva, y los jueces, de ordenarla", dijo el funcionario. "Igualmente, es un tema que nos preocupa mucho. Sabemos que estos ataques causan terror y pueden dejar serias secuelas. Por eso pretendemos erradicarlos y hacer que disminuyan al máximo posible", advirtió.
En cuanto a los menores, los funcionarios coincidieron en que, mientas no cambie la ley en cuanto a la edad de imputabilidad, será poco lo que podrán hacer. "Nosotros tenemos que trabajar con el Código Penal. Si detenemos un menor, lo ponemos a disposición de la Justicia. Son los jueces los que deciden qué hacer con el menor. Muchísimas veces vuelven a sus casa y roban otra vez. Pero nosotros no podemos dejar de combatir el delito, y debemos detenerlos de nuevo. Así lo dice la ley", finalizó Sánchez.
