Mientras Ema Hortencia Gómez y Darío Alejandro Pérez cuentan las horas que les faltan para recuperar la libertad, ayer se supo que el fiscal de Cámara Edmundo Botto será el encargado de sostener la acusación contra ellos en el juicio que se realizará aparentemente el próximo año, para tratar de dilucidar quién mató al juez de Menores Héctor Agustín Aráoz.
Los defensores Mario Mirra y Gustavo Morales presentaron un pedido de cese de prisión apenas se sorteó la causa, que recayó en los integrantes de la sala I de la Cámara Penal, Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry y Julio Espíndola Aráoz. Los letrados advirtieron que sus clientes llevaban casi cuatro años detenidos bajo el régimen de prisión preventiva sin haber sido juzgados, una situación casi sin precedentes en el país. Ante esto, los jueces corrieron vista al fiscal de Cámara Manuel López Rougés para que opinara. Pero este último se excusó de entender en la causa aduciendo que había sido amigo de la víctima y, además, que él ya había intervenido en el expediente al resolver un planteo concretado por una de las partes hace más de dos años. Ante esto, se designó al fiscal de Cámara Edmundo Botto para que opine sobre el pedido de cese de prisión, y además para que sea él quien sostenga la acusación contra los imputados durante la audiencia oral. Los ex policías Gómez y Pérez están imputados como autores materiales del crimen (homicidio agravado), en tanto que otros tres integrantes de la fuerza, el comisario Rodolfo Domínguez y los oficiales Andrés Faversani y Raúl Albornoz, están acusados de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los tiempos procesales
Si bien la opinión de Botto no es vinculante, trascendió que los jueces accederían al pedido de los abogados, atendiendo el tiempo que ambos imputados llevan en la cárcel. El fiscal podría dar su dictamen la próxima semana (se estima que entre el martes y el jueves) y luego los camaristas pasarían a analizar el planteo.
Aráoz fue asesinado el 24 de noviembre de 2004 en su casa de Yerba Buena. Recibió nueve disparos de un arma calibre 9 mm (una pericia determinó que pertenecía al policía Pérez) que le provocaron un shock hipovolémico.
El fiscal Guillermo Herrera, que instruyó el caso, consideró que Aráoz fue víctima de un drama pasional (Gómez era su pareja), pero la familia del juez afirma que se trató de un ataque planificado por una mafia policial. Sostienen que Aráoz estaba investigando a una banda de policías que utilizaba a menores para perpetrar delitos, y que por eso lo asesinaron.
Gómez está alojada en la cárcel de mujeres, en Banda del Río Salí, y Pérez se encuentra detenido en el penal de Villa Urquiza. La mujer fue arrestada el mismo día en que mataron al juez (fue ella quien encontró el cuerpo), en tanto que al oficial lo aprehendieron cuatro días después. Tanto el juez de Instrucción, como los miembros de la Cámara de Apelaciones e incluso los integrantes de la Corte Suprema de Justicia habían denegado los pedidos de libertad que se concretaron a lo largo de este tiempo.
